Plan Cóndor judicial: magistrados que reemplazan los baúles de los Falcon

Plan Cóndor judicial: magistrados que reemplazan los baúles de los Falcon
7 julio, 2017 por Redacción La tinta

Se expande por el Mercosur una nueva táctica para apoyar el avance del totalitarismo corporativo: impedir por vías judiciales que los líderes populares se puedan presentar a una contienda electoral.

Por Eugenio Raúl Zaffaroni para Página/12

Sin los “Falcon” ni las sirenas, sin zonas “liberadas” y sin secuestros, se extiende por el Cono Sur una “operación Cóndor” judicial. Una prisión política como la de Milagro Sala y sus compañeros, más bien parece anacrónica, fuera de época y, justamente por eso, es un escándalo y una vergüenza internacional para todos los argentinos, porque compromete la imagen misma de nuestra Nación.

En lugar de esas medidas obsoletas –por propias de etapas anteriores del colonialismo–, se expande ahora por el Mercosur una nueva táctica en la consabida estrategia de neutralizar a quien pueda ofrecer alguna seria resistencia electoral al avance del totalitarismo corporativo que sufren nuestros países, lo que, al mismo tiempo, es funcional para el desprestigio de la política, objetivo no menor para que su lugar sea ocupado por los “chiefs executives officers” de las transnacionales.


Se trata de eliminar de toda contienda electoral y por vías judiciales a cualquier líder o dirigente popular capaz de ganar una elección a los candidatos de las corporaciones o a otros vendepatrias parecidos, empeñados en endeudarnos con singular y nunca antes vista celeridad.


Para eso bastan algunos jueces obedientes, cuyas motivaciones saben manipular los servicios de inteligencia y los gerentes y agentes de las corporaciones, en especial mediáticas, y que pueden ser miedo, servilismo, prebendas, promesas o esperanzas de ascensos cupulares, comodidad, aspiración política o simple afán de estrellato.

Son conocidos los casos de Cristina, con una alucinante imputación de “traición a la Patria”, que pasa por alto la letra clara y expresa de nuestra definición constitucional; por una operación a término que acabó beneficiando a los amigos del oficialismo y perjudicó al Banco Central por imprudencia del actual ejecutivo (en el mejor de los casos); o por un imaginario sobreprecio en el alquiler de un hotel.

No menos absurdo es el caso de Lula, interrogado por un departamento de reducidas dimensiones en un balneario de menor prestigio, que nunca estuvo a su nombre ni visitó, pero que responde al impulso del monopolio mediático más fuerte de Sudamérica, creador de una estrella judicial favorita.

Menos conocido es cómo está operando este “Plan Cóndor” judicial en el caso de Fernando Lugo, el ex-presidente del Paraguay. La justicia electoral de Paraguay ha decidido que cualquier fuerza política que propugne la elección de Fernando Lugo como candidato a presidente incurre en “propaganda maliciosa”, con la extraña particularidad de que aún Lugo no presentó su candidatura.

Es decir, que no se ha impugnado su candidatura, porque no la ha presentado, pero por las dudas, se condena a todo el que pretenda que llegue a ser candidato. Para eso, la justicia electoral se atribuyó indebidamente la competencia para interpretar la Constitución, lo que, por cierto, hizo de una manera muy singular: el art. 229 de la Constitución paraguaya dice que el presidente no podrá ser reelecto en ningún caso.

La lectura racional de esa disposición permite entender que se refiere al presidente en ejercicio, pero la curiosa interpretación de la justicia electoral paraguaya es que quien fue una vez presidente no podrá serlo nunca más en su vida. En otras palabras: Lugo es, para la justicia de su país, un incapaz a perpetuidad.

Pero de los despropósitos de este nuevo “Plan Cóndor” no se salva nadie, ni José (Pepe) Mujica, que vive en una chacra y nadie le pudo encontrar un peso, ni siquiera bien habido. El personaje preocupa al nuevo totalitarismo de los “executives”, debido a su popularidad nacional e internacional, sin que las reiteradas manifestaciones del “Pepe” en el sentido de que no quiere volver a la presidencia consigan calmarlos.

La cuestión empezó con la publicación de tres panfletos llamados “libros”, de esos que escriben “periodistas” y que al poco tiempo se venden por peso en las librerías de viejo, que vinculan a Mujica con asaltos cometidos por ex-tupas en los años noventa, que fueron por cierto aprehendidos y condenados en su momento. A los “libros” de los periodistas se sumaron las declaraciones de un ex-policía, jefe del equivalente a nuestra sección “robos y hurtos” en tiempos de la dictadura, cuyo segundo fue condenado, precisamente, por torturas a tupas.

Este fue el material con el que la minoría opositora pretendió crear una comisión investigadora en el Senado, desbaratada por el discurso del propio Mujica, que ni sus enemigos se animaron a responder. Pero con esos mismos elementos se insta a una fiscal para que reabra las causas cerradas hace décadas.

Está demás decir que al nuevo totalitarismo corporativo transnacional y a sus aliados locales les importa muy poco el daño que este “Plan Cóndor” pueda hacer a la democracia, sino que, por el contrario, es eso lo que buscan, o sea, el desprestigio de la política.

Pero al mismo tiempo están provocando un desprestigio más profundo aún respecto de la justicia. No sólo nadie tomará en serio en el futuro las decisiones de jueces que se prestan a reemplazar funcionalmente a los baúles de los “Falcon”, sino que corre el riesgo de extender la duda respecto de la totalidad de los jueces.

Será difícil convencer a nuestros Pueblos de que aún hay jueces en nuestros países. Y más aún: si los jueces deben “decir el derecho”, la desconfianza corre el riesgo de extenderse al derecho mismo, a la propia institucionalidad.

Los genocidas de los “Falcon” del viejo “Cóndor” diezmaron a una generación de sus futuros dirigentes más inquietos ante la injusticia social, pero este nuevo “Cóndor” intenta destruir la confianza no sólo en la política, sino en las instituciones básicas de nuestras repúblicas y en el derecho mismo.

Debemos tener extremo cuidado con esto, porque cuando se desprecia el derecho no queda otro camino que el de la violencia. Por suerte, nuestros Pueblos son intuitivos y pacíficos, aunque conscientemente no crean mucho en el derecho –porque sus promesas fueron casi siempre estafatorias–, saben que el camino de la violencia es una trampa y que, al final, los muertos son siempre los que están de su lado. Nuestra principal tarea debe ser la de reforzar esta convicción.

* Por Eugenio Raúl Zaffaroni, profesor emérito de la UBA, para Página/12.

Palabras claves: justicia, Raúl Zaffaroni

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