El cuidado de las que nos cuidan
El miércoles 12 de julio las trabajadoras del Polo Integral de la Mujer de Córdoba, hicieron público un comunicado denunciando las pésimas condiciones laborales que sufren en sus áreas de trabajo, declarándose en estado de asamblea permanente. El detonante de la medida fue una situación de riesgo padecida por una de ellas, en el ejercicio de su tarea. En la tarde de ayer se realizó una asamblea abierta donde invitaron a colegas que sufren las mismas problemáticas, para generar estrategias comunes.
Cuando el 3 de junio pasado, en la tercera marcha de Ni Una Menos, se gritaba la consigna: “El Estado es responsable”, se dejaba en claro que las cifras de femicidios, que crecen cada año, no son casos aislados sino una consecuencia del sistema patriarcal y de una sociedad profundamente machista. Por eso el lema era claro: por acción u omisión el Estado es cómplice, tanto la justicia, los funcionarios del Poder Ejecutivo, como los integrantes del Congreso Nacional.
Hace años que las organizaciones sociales, feministas y partidos políticos de izquierda demandan al Estado el compromiso en el fortalecimiento de las políticas que abordan el tema, por ejemplo con ampliación del presupuesto. Por su parte el gobierno de turno intentó tomar esta lucha como marca de campaña, haciendo pomposos anuncios. Sin embargo comprobamos sin sorpresa, que todo sigue siendo deficiente, dejando de manifiesto el escaso interés que tiene la problemática para la gestión actual.
En este marco emerge la denuncia publicada el miércoles 12 de julio por parte de las trabajadoras del Polo Integral de la Mujer. Allí exponen la situación que atraviesa el área de Constatación de esta institución, “producto de la negligencia de las autoridades responsables y la ignorancia respecto de la problemática” que abordan así como de la dinámica específica que requiere la tarea que llevan a cabo.
Dialogamos con María Fernanda Espejo, trabajadora de esta área, quien nos explicó que la medida de asamblea permanente adoptada en el Polo Integral de la Mujer, es el resultado de un proceso más amplio: “hace un año las compañeras de esta área habían sido desvinculadas de su trabajo, les habían bajado el contrato, y a partir de la lucha se logra reincorporarlas”. Actualmente, explica, asisten a un recrudecimiento de las condiciones laborales.
El área de Constatación está conformada por un equipo técnico de 10 trabajadoras sociales y psicólogas, que se traduce en dos equipos por turno para Córdoba Capital y Gran Córdoba, aunque la ley exige desde el 2006, la existencia de 16 profesionales para dicha área. “Nuestra actividad tiene que ver cotidianamente con salir a los domicilios a partir de los oficios judiciales que nos mandan del juzgado, con las denuncias realizadas en el marco de la ley de violencia familiar”, explica María Fernanda, “esto implica una diversidad de conflictos familiares, pero el gran número tiene que ver con violencia de género”.
A partir del protocolo de intervención, reglamentado por ley, la intervención es en territorio con las personas involucradas, incluso entrevistando al agresor, muchas veces hombres denunciados por violencia psicológica, física, uso de armas, amenaza de muerte.
Si bien reconocen el riesgo al que están expuestas por el ejercicio de su tarea, denuncian que con la actual gestión se ven “sobre-expuestas a partir de las negligencias producidas por nuestros mandos medios, por nuestra jefa, que nos expone a estas situaciones y que son producto de la ignorancia sobre la problemática”.
A partir de una situación concreta de peligro sufrida por parte de una de las trabajadoras al intervenir en un domicilio sin las condiciones de seguridad mínimas, se declararon en estado de asamblea permanente. Reclaman el reconocimiento de la tarea como profesional y de riesgo, ya que en la actualidad están contratadas como cargos administrativos. Además exigen condiciones de seguridad básicas, que por tan básicas, cuando las enumeran, resultan obvias: autos en condiciones, choferes y personal de seguridad formado, cuestiones esenciales en torno a la seguridad. “Es vergonzoso los puntos de exigencia, porque son muy mínimos”, expone María Fernanda, responsabilizando al Estado y al gobierno, en especial a la gestión de Claudia Martínez.
El jueves realizaron una asamblea abierta a la cual asistieron colegas de otras reparticiones y compañeros y compañeras de organizaciones sociales. Planificaron una actividad pública para la semana entrante, y acordaron otras instancias de diálogo con Claudia Martínez.
“En esta coyuntura, que cada 36 horas muere una mujer a manos de la violencia machista, no es menor que justo en el área de constatación somos todas mujeres, entonces esa exposición sigue estando latente”, cierra Espejo.
*Por Redacción La tinta.
