El voto por el bosque
La tercera marcha que se realizó en la capital cordobesa para exigir que se archive el proyecto de ley impulsado por Unión por Córdoba y se garantice un proceso participativo reunió a miles de vecinas y vecinos de todas las regiones de la provincia y terminó con un festival en el que participaron más de cuarenta artistas. La masiva manifestación ocurrió horas después del anuncio del oficialismo de que la aprobación de la norma se daría después de las elecciones. Ante la falta de respuestas de los legisladores, la CODEBONA presentará un amparo en la Justicia.
Por Lucía Maina para La tinta
Este miércoles 28 de junio, al cumplirse seis meses de la primera movilización masiva en contra del proyecto de ley de bosques que impulsa en la Legislatura el bloque Unión Por Córdoba (UPC), miles de personas caminaron las calles de la capital para defender el escaso monte nativo que queda en el territorio provincial. En la manifestación participaron centenares de organizaciones, muchas de ellas llegadas desde distintas zonas de la provincia, para expresar su rechazo a la norma que promueve el oficialismo y exigir que se cumpla el proceso participativo estipulado por la legislación nacional. Como en las marchas anteriores, el arte estuvo presente en toda la jornada, con intervenciones que recorrieron la caminata por el centro de la ciudad y un festival en la plaza San Martín que congregó a diversos y reconocidos artistas.
Esta nueva manifestación se dio horas más tarde de que se difundiera la decisión de UPC de postergar la aprobación de su proyecto de ley para después de las próximas elecciones, a pesar de que cuenta con la mayoría necesaria para aprobar la norma. Desde la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo (CODEBONA) señalaron que la decisión responde a que el oficialismo no ha conseguido el apoyo de otros bloques y no quiere pagar el costo político de esta medida. Al respecto, Celeste Rumie, integrante de la regional Sur Este de ese espacio, expresó: «Esta noticia, que se dio a conocer justamente cuando estaba planteada la marcha, la entendemos como otra gran victoria de la coordinadora, porque ya llevamos seis meses en los que no ha podido aprobarse el proyecto de ley».
Las organizadoras y organizadores de la movilización de este miércoles destacaron también que el hecho de que la población se haya reencontrado en el espacio público una vez más en defensa de los bosques representa de algún modo el espacio de participación que se le está negando. En ese marco, denunciaron que, a pesar de las reuniones con los legisladores y con la Secretaría de Ambiente de la Provincia que mantuvieron a lo largo de este año, no tuvieron respuestas ni se realizaron avances en relación a lo que exige la ley nacional y lo que viene reclamando el pueblo de Córdoba.
«Todo ese tiempo que se invirtió buscando un proceso de participación se echó por la borda porque los mismos legisladores de UPC se abroquelaron en sostener su espacio de poder para dictaminar qué tipo de proceso van a implementar para dar legitimidad a su proyecto de ley», denunció el biólogo Cristian Schneider, quien también integra la CODEBONA. Y agregó que el hecho de postergar el tratamiento para después de las elecciones demuestra que el oficialismo está tratando de «no pagar el precio político de una medida totalmente antipopular que va a devenir en sacrificar y dilapidar el bosque nativo en Córdoba».
Sobre la decisión de postergar la aprobación de la ley, Liliana Olivero, ex legisladora provincial y precandidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) que también se hizo presente en la movilización, sostuvo: «Acá hay un pacto entre radicales y peronistas pero que se encontraron con un pueblo movilizado que no va a dejar que avancen sobre nuestro territorio. Más que nunca tenemos que mantener en alto nuestra lucha y cuando quieran venir después de las elecciones pagarán igual el costo político de esta medida». Además, opinó que durante este tiempo el oficialismo estuvo «ganando tiempo para lograr el acuerdo de la UCR, de Cambiemos, y creyeron que lo iban a poder lograr pasando por encima del pueblo».
El largo debate por el monte cordobés
Natalia De Luca, ingeniera forestal que integra la comisión técnica de la CODEBONA, destacó también que uno de los logros obtenidos en estos meses es el hecho de haber instalado la discusión en la Legislatura: «En un principio las exposiciones y comentarios de los legisladores eran muy pobres y tuvieron que formarse para poder tener algún tipo de respuesta, pero todavía no llegan a la altura de las circunstancias y de lo informada y concientizada que está la gente». Esto se debe, indicó, a que el debate por la ley de bosques en Córdoba lleva muchos años, y recordó el proceso y las discusiones por el ordenamiento territorial que se dieron a partir de 2009, un año antes de que se aprobara la ley que hoy está vigente en la provincia, aunque en aquel momento tampoco se terminaron respetando las voces de las especialistas y de la ciudadanía.
Por su parte, Paula Wenner del Movimiento Campesino de Córdoba, quien llegó desde Traslasierra para participar de la marcha, señaló: «Hace años que las comunidades campesinas estamos luchando para conservar el bosque nativo porque existimos allí; estamos luchando para poder producir y comercializar, en defensa de lo nuestro, de nuestro buen vivir todos los días». Con este proyecto, advirtió, «intentan apoderarse de las ganancias y acaparar las tierras, pero gracias a todos estos movimientos, marchas y a que la gente ha levantado la voz contra sus propuestas es que logramos que se vaya aplazando». «No somos dos mundos distintos, ellos son los gobernantes elegidos por el pueblo y es el pueblo el que se ha puesto de pie y ellos deberían escucharlo», agregó.
María Godoy, referente de las Madres de Ituzaingó e integrante de la regional de Calamuchita de la coordinadora, zona donde vive actualmente, también estuvo presente en la marcha de este miércoles. «Esta es una ley que el gobierno de Schiaretti necesita para seguir adelante con todos los planes que tienen con el desarrollismo, los emprendimientos inmobiliarios y para seguir avanzando con la frontera agropecuaria o ganadera», expresó la mujer que luchó durante años junto a sus vecinas contra las fumigaciones en la ciudad de Córdoba.
La ley nacional y la verdadera participación
Ante la falta de respuestas al reclamo de la ciudadanía y el incumplimiento por parte del oficialismo para adaptarse a lo que exige la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, desde la COTBN informaron que presentarán un amparo colectivo en la Justicia para evitar que el proyecto se apruebe. «Ese amparo se está construyendo y va a tener la firma de miles de cordobeses, como lo fue el recurso administrativo que se presentó a la Secretaría de Ambiente y que tuvo 15 mil firmas de acompañamiento», indicó Schneider. Y agregó que si este mecanismo no prospera recurrirán a los ámbitos judiciales para pedir la nulidad de la ley y que no sea reconocida por la autoridad nacional, «porque lo que finalmente están logrando con este proyecto es que se desfinancien los proyectos de conservación y de uso sustentable que están siendo subvencionados y apoyados con la ley nacional».
De hecho, uno de los principales reclamos sostenido por las organizaciones es que el proyecto impulsado por UPC no cumple con lo que demanda la ley 26.331 a nivel nacional. Para ello, se debe modificar la norma provincial vigente y actualizar el mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos en función de la situación real del territorio cordobés, a fin de evitar que sigan avanzando los desmontes. «No solo la coordinadora lo plantea, sino que también la Nación exigió a la Provincia que modifique la ley actual porque va en contra de la ley madre, por eso se tuvo que diferir la aplicación de los artículos que permiten los desmontes en zona roja. Esos artículos no están en vigencia y son los que habría que modificar, no toda la ley», explicó De Luca. Y destacó que en este tiempo las universidades también han realizado aportes técnicos que pusieron en evidencia las falencias técnicas de lo que promueve el gobierno provincial.
Otro de los puntos claves del reclamo es que se desarrolle un proceso participativo acorde a lo que exige la legislación nacional, proceso que implica garantizar instancias donde se escuchen y tomen en cuenta las voces de instituciones, organizaciones y de todas las ciudadanas y ciudadanos que deseen participar.
«Hay dinámicas y metodologías concretas y transparentes para generar ese espacio de participación y para que todas las opiniones y la información que surja desde allí se sistematice y se incluya dentro del mapa de la ley», puntualizó la ingeniera forestal, quien también participó del proceso participativo desarrollado en 2010 desde la Universidad Nacional de Río Cuarto. Estas instancias, además, son las que permiten tener en cuenta tanto los saberes científicos como aquellos que poseen las personas que habitan los territorios, a fin de que las necesidades de las distintas comunidades también estén contempladas dentro de la ley.
Lo que se lleva el desmonte
Más allá del debate por la letra de la ley, la pérdida de bosques es una realidad cotidiana en las diferentes regiones de nuestra provincia, donde solo queda el 3% del monte nativo. Durante el año 2016, por ejemplo, se desmontó el equivalente a 6,5 canchas de fútbol por día, tal como demostró el monitoreo realizado por la ONG Guyra. Las consecuencias de esta situación se evidencian en los desequilibrios ambientales que sufren las comunidades, además del impacto hacia todas las actividades productivas que dependen del monte.
En este sentido, Paula Wenner del Movimiento Campesino, expresó: «De alguna manera hay que concientizar sobre lo que es la tierra, la comunidad y la gente que vive en la tierra: no es solo el monte, el árbol en pie, el arbusto, sino todo lo que depende de ellos, que son las familias campesinas. Del monte depende la producción de muchísimas cosas: los apicultores, los productores de oliva, de frutos del bosque, la algarroba, el chañar, el piquillín, todas las clases de yuyos que tenemos en Córdoba. La gente que vive en el campo, la gente que vive en la ciudad y los animales; todos somos parte de un ecosistema y destruirlo es destruirnos a nosotros mismos«.
Desde Calamuchita, María Godoy cuenta: «En el valle están desmontando porque es zona de turismo y están los loteos, que tienen más de 60 años y los han reflotando ahora. Y en el nuevo reordenamiento los pueblos de la zona tienen esa problemática porque aun no esta definido el éjido y son zonas grises. El tema es que desmontan y muchas veces queman, lo que está prohibido. Ahora, con este proyecto lo que estamos viendo es que quieren bajar las multas, implementar el desmonte químico que ya se está haciendo ilegalmente, y destruir los «churquis», como dice Doña Jovita, que es donde tenemos todos los yuyos, como el tomillo, la peperina, la jarilla. Quieren avanzar con el proyecto de que seamos proveedores para afuera y no para el consumo interno, ya sea con el cultivo de la soja y el maíz o con los proyectos inmobiliarios».
«La ley de ordenamiento territorial es una parte en la conservación de los bosques pero también sabemos que los desmontes siguen produciéndose», advierte Celeste Rumie, integrante de la Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos. «Hay una ilegalidad de la provincia en este sentido, porque si bien están los organismos gubernamentales como la policía ambiental que deberían actuar, por decisiones políticas los desmontes continúan. En la zona sur y sureste esto se está evidenciado en muchos aspectos, no solo el ambiental, sino también el desastre social, espiritual, cultural y de identidad que genera la desaparición del bosque«.
*Por Lucía Maina para La tinta. Fotografía: Fernando Bordón.
