Barrios populares logran certificados de vivienda del Gobierno Nacional
El Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) impulsado por CTEP y diversas organizaciones sociales permitió que el Estado oficialice la existencia de más de 4 mil villas, asentamientos y urbanizaciones informales. Uno de los espacios reconocidos fue el Barrio Comechingones, de Cuesta Blanca. Una conquista más para garantizar mejoras en los barrios.
Por Redacción La tinta.
Desde 2012, veinte familias ejercen la posesión de lotes para vivienda en Barrio Comechingones, ubicado en la localidad de Cuesta Blanca (Córdoba). A pesar de la represión policial y las amenazas del sector inmobiliario, reivindican desde entonces su derecho a acceder, habitar y trabajar la tierra y el monte.
Las familias organizadas continúan en la lucha por una vivienda propia y lograron en los últimos días una nueva conquista: el reconocimiento de las viviendas por parte del Estado Nacional.
Las organizaciones sociales que integran la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) lograron el año pasado que el Gobierno Nacional comience a realizar un relevamiento de barrios y asentamientos de todo el país que se encuentren en conflicto de tierras.
La irrupción de las organizaciones de la economía popular presionaron para que se creara el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), cuya función principal es registrar los bienes inmuebles donde se asientan los barrios populares, las construcciones existentes en dichos barrios y los datos de las personas que habitan en ellas (Decreto 358/17).
«Dentro de ese enorme registro, hoy compañeras de la toma de Bario Comechingones fueron a retirar su Certificado de Vivienda Popular. Es un papel pero de nosotrxs depende que sea una conquista más para garantizar mejoras en los barrios, y que sepan que, aquí, vivimos nosotrxs. Toda conquista real para el pueblo es y será sólo conquistada por el pueblo», expuso una de las vecinas del barrio cordobés.
El objetivo de dicho relevamiento es regularizar las viviendas y el acceso a los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal). Se trata de una herramienta para que lxs vecinxs de las barriadas más humildes, villas o asentamientos cuenten con un Certificado de Vivienda Familiar que las habilita a solicitar la conexión a los servicios públicos (agua corriente, cloacas, energía eléctrica, red de gas natural) y, además, les brinda una herramienta legal para avanzar hacia la integración urbana.
El Certificado de Vivienda Familiar sirve de título suficiente para la acreditación de domicilio legal o fiscal ante cualquier autoridad pública nacional, provincial o municipal, entes y empresas privadas. Además, permite solicitar la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), la Clave Única de Identificación Laboral (CUIL) y solicitar prestaciones de salud, previsionales y educativas.
La tierra para quien la habita
Entre agosto de 2016 y los primeros meses de 2017, miles de militantes sociales y voluntarios de las organizaciones sociales registraron 4.100 barrios populares, identificaron 830.000 viviendas y relevaron 412.000 familias en el marco del Relevamiento Nacional de Barrios Populares que llevaron adelante la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie, Cáritas y TECHO.
Son más de 4 mil villas, asentamientos y urbanizaciones informales que se constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación del suelo y que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, un déficit en el acceso formal a los servicios básicos y una situación dominial irregular en la tenencia del suelo.
En Argentina, las ocupaciones de tierra, como consecuencia de un Estado que siempre miró de costado la urbanización de las villas y priorizó la especulación inmobiliaria para seguir llenando los cascos urbanos de edificios, son parte del paisaje y de las luchas por acceso a una vivienda digna.
Según explicó Juan Grabois, dirigente de la CTEP, la iniciativa surgió de las propias organizaciones populares y se la acercaron al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.
“Nosotros le planteamos que no íbamos a hacer una utilización partidaria ni electoral de la cuestión y que exigíamos lo mismo de parte de ellos: que sea una política pública. Eso está por verse, si están a la altura de las circunstancias. Si no hacen electoralismo berreta con algo tan importante”, apuntó Grabois.
El dirigente de la CTEP valoró la existencia de la decisión política de realizar el relevamiento pero “operativamente, el diseño, la implementación y el laburo de campo, fue hecho 99% por los movimientos populares (…) El objetivo de todo esto no es solo hacer un relevamiento sino un proceso de integración urbana”, resaltó.
