Rebelión en “La Docta”, el bondicordobazo en desarrollo
La ciudad de Córdoba, bastión macrista, hace 8 días que está totalmente paralizada, sin escuelas ni comercios funcionando. Es por una huelga que iniciaron choferes y delegados de la UTA contra la paritaria nacional aprobada por el gremio hace una semana. Los choferes denuncian que para este año, solo le corresponde un aumento del 8%, sin retroactivo. El paro provocó dos denuncias penales, 88 despidos y dos detenidos. Exigen que el pago del 21% escalonado que se acordó con el gobierno para el 2017-18 sea en un pago y sobre el sueldo bruto del convenio de Córdoba. Hay una diferencia de 11,5%. La rebelión en la Docta puede extenderse a Rosario, donde los choferes ya amenazaron con paros.
Por Lázaro Llorens para Striptease del poder
Hace 8 días que la ciudad de Córdoba, bastión macrista, está totalmente paralizada por el paro de transporte de corta distancia. No hay clase en las escuelas, pocos pueden ir a trabajar, y casi no hay ventas en la zona céntrica de “La Docta”.
¿Las razones? Un durísimo paro que vienen llevando adelante, en absoluta soledad, sin respaldo de su sindicato, los trabajadores y delegados de la UTA (Unión Tranviarios Automotor) en contra la paritaria acordada por su sindicato con el gobierno nacional que estableció un aumento para este año del 8%, sin retroactivo.
El paro, decretado ilegal casi desde un principio, ya tiene dos denuncias penales en la justicia, 88 choferes despedidos y dos detenidos. A la vez que empieza a replicarse en otras ciudades como Rosario.
La chispa
Todo comenzó el viernes 2 de junio pasado, cuando la UTA nacional, a cargo de Roberto Fernández, de estrecha sintonía con el macrismo, cerró un acuerdo con el ministerio de Transporte de la Nación Guillermo Dietrich, para las paritarias nacionales de los choferes de corta distancia. En ellas, Fernández acordó un 21% escalonado: 8% en junio, 7% en diciembre y el restante 6% el 1º de enero de 2018. Sin retroactivo. Con suma fija no remunerativa para los meses de enero, febrero, marzo abril y mayo de 1500 pesos. A aplicar sobre el sueldo básicos de convenio que ronda los 9 mil pesos, no sobre el salario bruto. O sea, en la practica un 8% para todo este año, que a la fecha, ya arrastra una inflación acumulada de 10,5%, sin retroactivo. Unos 900 pesos de bolsillo.
En la ciudad de Córdoba, este acuerdo provocó la espontanea reacción de los choferes y delegados de la UTA, cuyo gremio está intervenido, y que años anteriores venían aplicando estos aumentos salariales sobre el salario bruto de Córdoba, no sobre el básico del convenio. Diferencia que no es menor. Dado que significa una diferencia salarial del 32,5% contra el 21% que acordó el gobierno con el gremio nacional. Es decir, casi 11,5% más.
Antes, estas diferencias la ponía la municipalidad de Córdoba. Sin embargo, como ahora el municipio no tiene un peso, Ramón Mestre decidió no pagarlo. Y tampoco quiere hacerlo el ministro de transporte Guillermo Dietrich. Cuyo gobierno sorteando cuestiones contrapuestas, por un lado está tratando de controlar el déficit, y por el otro ante la inminencia de las elecciones, ha decidido aumentar los subsidios al transporte, para no aumentar sus tarifas, y tratar de atenuar el índice de inflación. Por ello ha decidido hacerse cargo de los aumentos de salarios de la UTA, pero lo menos posible, y este habría sido el norte de la mezquina paritaria con la UTA. Usando a sus afiliados como variable de ajuste, con la complicidad de sus jefes gremiales, con Fernández el admirador de Macri, a la cabeza.
Por esta razón, el mismo viernes 2, luego de una serie de asambleas, los choferes se rebelaron y rechazaron de plano el acuerdo firmado por la UTA nacional. Primero solicitaron, ante el intendente Mestre, una mesa de diálogo que el mandatario nunca abrió. Tras cartón, proclamaron un paro por tiempo indeterminado, a partir del lunes 5, que ya lleva 8 días ininterrumpidos, cuyo final aun está abierto.
Reclamos
A pesar que al unísono, funcionarios, empresarios y medios, se esfuerzan por demostrar que el paro de los choferes y de los delegados de la UTA es “político”, sus pedidos son únicamente salariales: aumento del 21% retroactivo enero; aumento nominal aplicado sobre el convenio colectivo de Córdoba; y aumento en un solo pago, no en tres cuotas como firmó la UTA a nivel nacional con el ministerio de Dietrich.
Lo dijo con todas las letras, ante las cámaras de televisión de Canal 8, Erika Oliva, delegada de la empresa Tamse, unas de las referentes del conflicto: “UTA nacional nos provoca con un 8% de aumento para nuestro sueldo para todo el año, es por eso que estamos acá manifestando, y nosotros no desconocemos ni rechazamos el 21% que viene de Buenos Aires. Lo único que pedimos es que sea aplicado como corresponde, en su porcentual de cifra nominal al básico de Córdoba y de una sola vez. No que sea en tres tramos. De una sola vez retroactivo a enero”.
Sus reclamos no fueron atendidos por Mestre, que luego de lanzado el paro, siguió sin recibir a los díscolos choferes. Tampoco prestaron oído los dueños de las empresas nucleados bajo la FETAP (Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros), de estrecha relaciones con el intendente, y que todos los días cortan unos 700 mil boletos en la Ciudad de Córdoba.
Son las firmas Coniferal, Aucor, y Ersa. Estas dos últimas, propiedad del empresario correntino Juan Carlos Romero, de estrecha relación con Mestre, cuya gestión tienen el tercer boleto más caro del país -12,55 pesos- pero brinda un servicio paupérrimo, caracterizado por la falta de frecuencias y unidades.
Ni siquiera fueron atendidos por su representante gremial Luis Arcando, interventor de la UTA delegación Córdoba desde el año pasado. Quien apareció en ese cargo como paracaidista, luego de la dudosa destitución que la UTA Nacional hizo, a través de su secretario de Interior Jorge Kiener, el 29 de septiembre del año pasado, del entonces Secretario General Ricardo Salerno, por “incumplimiento del estatuto”.
Arcando era secretario de la delegación UTA de Formosa, y a principios del 2016 fue expulsado por sus afiliados por considerarlo un “traidor”, habiendo sido también detenido por la policía cuando intentó retomar la sede de esa delegación a balazos, apoyado por una patota de 80 personas.
Salerno, un dirigente opositor a la conducción de la UTA nacional, quien fue expulsado de su cargo denunciando un “golpe institucional”, en el 2014 en un hecho histórico, había logrado derrotar en las urnas al histórico dirigente oficialista Alfredo Peñaloza. Fue destituido por la UTA nacional, luego de decretar un paro por deficiencias de la infraestructura en la empresa ERSA. Cuyo dueño es íntimo amigo del intendente Mestre, y además ha extendido sus negocios en la ciudad de Córdoba, a la recolección de basura.
Cabe apuntar que esta relación con ese grupo empresario correntino, la generó el ex gobernador de Córdoba, e interventor en esa provincia, Ramón Mestre padre. Quien a su vez llevó como interventor de la municipalidad de Corrientes, a Oscar Aguad, el actual ministro de Comunicaciones.
“No se comparte el método del paro como medida cuando hay otros instrumentos para resolverlos, cuando se trata de cuestiones de infraestructuras, pero no dejando a miles de pasajeros a pie” argumentó, en esa oportunidad Kiener, secretario interior de la UTA para justificar la destitución de Salerno. Quien en su breve gestión consiguió aumentos salariales que fueron siempre sobre el convenio nacional.
Por eso, ni bien se enteró del paro el interventor del gremio Arcando, al igual que funcionarios, empresarios y medios, cargó contra los choferes y delegados de la UTA que paradójicamente el representa, sosteniendo que la huelga tenía sólo fines políticos.
Los embates
Aun así, sin contar con el respaldo de su gremio, los choferes y delegados de la UTA decidieron continuar con el paro. Como contrapartida recibieron fuertes embates de los diversos poderes civiles de la provincia mediterránea, que necesitan que las paritaria no escapen del techo impuesto desde Casa Rosada.
Comenzó el mismo lunes 5, durante el primer día de paro. Ese día, el ministro de trabajo de la provincia de Córdoba Omar Sereno, abogado laboralista y peronista, asesor de sindicatos, que responde al gobernador Juan Schiaretti, intentó frenarlo, dictando una conciliación obligatoria por 15 días.
La medida fue acatada y defendida por el interventor de la UTA Arcando, bajo el argumento de que sino no la aceptaban, el paro sería decretado ilegal. Sin embargo los choferes la rechazaron.
Ese mismo lunes, en una campaña de desprestigio, Canal 12, del grupo Clarín, gran aliado del macrismo, a raíz de una foto mandada por un televidente anónimo, publicó una nota titulada “La foto de los choferes de UTA que indigna en medio del paro”. En ella denuncia que mientras miles de usuarios se habían quedado a pie por el paro y “sufren complicaciones”, los choferes “disfrutan de un pritiado” (vino con gaseosa Prity) en un bar próximo a la empresa.
Ante este desacato de los choferes a la conciliación obligatoria, al otro día, el martes, a primera hora, como lo anticipó el interventor de la UTA Arcando, el ministro de trabajo de la provincia Sereno, decretó la ilegalidad del paro y algunas unidades intentaron circular con custodia policial.
“Trabajo comunica que, en el marco de la Conciliación Obligatoria dispuesta en la jornada de ayer, acatada por las empresas Aucor, Ersa, Coniferal y Tamse y por la Unión Tranviarios Automotor (…) y habiéndose constatado en el día de la fecha que es ilegal la conducta de los trabajadores que no han tomado el servicio y que los mismos están fuera del paraguas protector del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, llevando a cabo de esta manera, acciones ilícitas e ilegales; la Cartera Laboral califica esa conducta de ilegal, lo que será notificado a UTA y a las empresas, quienes están en condiciones de intimar a los trabajadores para que cese la ilegalidad y retomen el servicio“, señaló en un comunicado el ministro Sereno, que no parecía defender a los trabajadores.
Tras cartón, las empresas Aucor, Coniferal y Ersa comenzaron a mandar intimaciones a sus rebeldes choferes para que abandonen el paro y vuelvan al trabajo, bajo la amenaza de ser despedidos sino no se reincorporaban.
A estas intimidaciones, se plegó el intendente de Cambiemos, Mestre quien con palabras amenazantes les recomendó a los choferes que “cuiden sus fuentes de trabajo”. También, como no podía ser de otra manera, el interventor de la UTA Arcando, quien justificando futuros despidos anticipó: “hoy los empresarios están en todo su derecho de pedir que el Ministerio declare la ilegalidad de la medida».
Aun así, ni las intimaciones del gobierno y empresarios, ni las amenazas del intendente, ni las defecciones de su interventor en defender a sus agremiados, amilanaron a los rebeldes choferes cordobeses de la UTA. Quienes firmes en su posición, decidieron continuar con la huelga, en rechazo de la paritaria nacional.
Como respuesta, redoblando las apuestas, los empresarios de la FETAP comenzaron a mandar telegramas despidos a los choferes. Llegando a totalizar, hasta el cierre de esta nota, a unos 80 despedidos.
Más aprietes
Mientras llegaban estos telegramas, el miércoles, la ciudad de Córdoba amaneció con piquetes de los choferes, en las puntas de línea, que impidieron que los colectivos salgan a la calle.
A la par, intentando enfrentar trabajadores con trabajadores, Mestre pretendió implementar un absurdo “Plan de contingencia”. Este consistía en que aquellos usuarios de colectivos afectados por el paro, puedan tomarse taxis y remises por un valor de 15 pesos en unas 16 rutas que llevan al centro de Córdoba. A cambio de eso, el municipio los eximiría de un arancel de unos 900 pesos.
El “Plan de Contingencia” de Mestre nunca pudo funcionar. Lo frenaron los propios sindicatos de taxis y remises de Córdoba, que se negaron a implementarlo. “De ninguna manera nos vamos a meter dentro de un conflicto que no es nuestro” dijo, Miguel Arias, titular del sindicato de Peones de Taxi de Córdoba.
El jueves el conflicto siguió creciendo en intensidad. A la mañana, como hacía mucho tiempo no se veía, los principales gremios de Córdoba, encabezados por Luz y Fuerza, Surrbac (recolección de basura) y peones de Taxi, en un claro mensaje para Arcando, marcharon por las calles de la ciudad hasta la sede de la intervenida UTA, en apoyo a los choferes y delegados de la UTA díscolos. En ella también apareció Rubén “Pollo” Sobrero. Y volvieron a escucharse las palabras “Cordobazo” y “Atilio López”, mítico dirigente gremial de la UTA que llegó a ser vicegobernador de Córdoba en los 70 durante el tercer gobierno de Perón, y seguidamente fue vilmente asesinado por las Tres A.
“Vamos a acompañar y si es necesario que saquemos los gremios, lo haremos, como hicimos siempre. El movimiento obrero se va a autoconvocar para definir alguna jornada de protesta porque a los compañeros de UTA no los vamos a dejar solos” aseguró, en el medio de la marcha, Gabriel Suárez, Secretario General de Luz y Fuerza Córdoba, quien hizo más por los choferes de ómnibus que su representante Arcando.
Sobre esta marcha, nuevamente el portal de Canal 12 (Clarín), publicó una nota titulada “Los bailes de conductoras de trolebús que indignaron a los usuarios”. En ella se colgaron dos videos de dos colectiveras que “meneaban su cuerpo” en el medio de la manifestación y que motivó la bronca de muchos vecinos en las redes sociales.
“Mientras miles de cordobeses se quedaron sin colectivos, las operarias meneaban su cuerpo sobre un mortero de una de las tantas bombas de estruendo que lanzaron frente a la sede de la UTA. Mientras, los choferes hacían una ronda y las alentaban con bombos y platillos” decía el bizarro encabezado de la nota de Canal 12 TV.
Mientras esto ocurría, en los tribunales, el municipio cordobés a través de su asesor letrado Facundo Zapiola, denunció penalmente ante el fiscal Guillermo Gonzalez, a los trabajadores y delegados de la UTA por la “posible” comisión de delito. “Esta actitud de los choferes de no acatar la conciliación obligatoria, podría estar en la posible comisión de un delito de no dejar circular el transporte público, aparte de las irregularidades desde el punto de vista laboral” arguyó Zapiola.
Horas más tarde, el gobierno de la provincia a cargo de Juan Schiaretti, aliado de Macri, hizo lo propio y demandó también a los choferes de la UTA, ante el fiscal Gonzalez, por amenazar la paz social, mediante la difusión de una serie de valientes mensajes enviados por … ¡WhatsApp! “Es para que los fiscales investiguen la posibilidad de un conflicto de la paz social” argumentó, Juan Carlos Massei, ministro de gobierno de la provincia.
Circulo vicioso
Otra vez, nada de eso amedrentó a los choferes de la UTA, que siguieron firmes en su posición. A esta altura, percatándose de que la situación se había enquistado, a última hora del jueves, el ministro de trabajo de la provincia Sereno, el secretario de Seguridad Diego Hak, y el secretario de Transporte Gabriel Bermúdez, entablaron una reunión con el secretario interior de la UTA Kiener, el mismo que destituyó a Salerno y nombró a Arcando, para tratar de encauzar la situación y levantar la huelga.
Este cónclave parecía tener final feliz, sin embargo, a último momento, Kiener se negó a firmar el acuerdo económico, porque “ponía en riesgo la paritaria nacional”. Siendo esta la trampa en la que ahora está encerrado el gobierno nacional como consecuencia del techo del 21% que impuso en las paritarias. Con lo cual, la medidas de fuerza de los choferes cordobeses continuó.
Retomando las intimidaciones, al otro día, el viernes 9, la UTA Nacional, emitió un comunicado respaldando a Kiener y Arcando, e instando a los choferes de la delegación local a acatar la conciliación obligatoria. “A los compañeros trabajadores le decimos, que sólo nuestro sindicato podrá garantizar la reincorporación de los despedidos, el cese de las intimaciones y la recuperación de los días perdidos, en tanto y en cuanto, se respete la autoridad y la ley”, expresaba el documento.
Por su parte, el intendente Mestre y el vicegobernador Martín Llaryora (primer candidato a diputado nacional por el peronismo) sacaron por su parte, otro documento conjunto solicitando “una intervención eficaz del Ministerio de Trabajo de la Nación y el gremio nacional de la UTA, ya que quedó claro que el conflicto en Córdoba es por la paritaria y la renovación de las autoridades del gremio en Córdoba”.
Mientras tanto, seguían (y siguen) llegando telegramas de despidos. A la par que, algunas unidades de la empresa Coniferal y Ersa, intentaban salir a la calle, con custodia policial. Esto motivó que dos choferes se arrojaran al piso para evitar su salida, por lo cual fueron detenidos e imputados por entorpecimiento, por el fiscal Alfredo Villegas.
Sobre la tarde, dijo presente Roberto Fernández, titular de UTA Nacional, de buenos y admirador de Macri. Luego de decir que estaba “angustiado”, ofreció a los choferes díscolos para que levanten el paro, el adelanto de un bono de 5.800 pesos que debía cobrarse el 21 de junio, y acreditarse en 24 hs. O sea mas de los mismo, pero anticipadamente.
“Estoy angustiado con esto, a la ley hay que respetarla, yo entiendo que los compañeros no estén de acuerdo con el 21%, pero las paritarias la hace el Consejo Directivo Nacional, se habló de un 8%, en octubre se discute si se sube arriba del 8% y se recupera, y en enero hay una cláusula gatillo que es del 6%. Y se adelanta un bono de 5.800 pesos“, explicó Fernández.
Sin embargo, para muchos, su angustia se debe a otra cosa. Este viernes, imitando a Córdoba, la UTA de Rosario acaba de lanzar una amenaza de paro para esta semana en reclamo de un plus salarial. “Vamos a tratar de mejorar esa cifra, queremos llevar el piso a por lo menos, el 25 por ciento. Ya tuvimos algunas reuniones y seguimos dialogando, pero el plazo máximo para acordar es la semana que viene”, amenazó el líder de la UTA de Rosario, Manuel Cornejo para angustia de Fernández. “La paritaria que se suscribió la semana pasada en Buenos Aires no cayó bien entre los compañeros acá en Rosario. Es un porcentaje bajo que además es desdoblado. Tanto que este año el aumento será de sólo un 8 por ciento” agregó.
Con lo cual, la rebelión de los choferes y delegados de Córdoba, fruto de las bajas paritarias con cláusula gatillo que impuso el gobierno nacional para controlar la inflación, lejos de desaparecer pueden expandirse a otras ciudades. Esto le traería en un marco preelectoral, un dolor de cabeza a Cambiemos, que hasta ahora ha podido imponer su techo del 21% en todos los acuerdos salariales. “Quebrando el espinazo” de los gremios que se opusieron ello, según se jactaron los empresarios de la UIA que recientemente realizaron un homenaje a la gobernador María Eugenia Vidal, mediante los descuentos por ausentismo que concretó contra los docentes, y que ahora se amenaza que será cuantioso contra los choferes cordobeses. ¿Podrá conseguirlo con los colectiveros díscolos de la UTA, que tienen la posibilidad de paralizar no a las escuelas, sino a una ciudad? Por ahora, final abierto.
*Por Lázaro Llorens para Striptease del poder / Fotos: Colectivo Manifiesto y Fernando Bordón
