La Justicia le dijo No a GAMA en San Antonio de Arredondo
La jueza Viviana Rodríguez admitió el amparo presentado en 2013 por la ONG ADARSA en contra de la GAMA S.A, la municipalidad de San Antonio de Arredondo y el gobierno de la provincia de Córdoba y detuvo las obras de la empresa.
Por Prensared.
La obra consistía en construcciones en altura en un predio serrano de 56,8 hectáreas, de las que iban a ser intervenidas 19,5 hectáreas, lo cual fue abortado por este fallo dándole la razón a los amparistas que sostenían que el emprendimiento está en una zona roja, y por lo tanto protegida, según la ley nacional 26.631 de bosques nativos.
Este dictamen, no solo impide a la empresa a construir el emprendimiento inmobiliario El Gran Dorado II, sino que también ordena a GAMA SA, propiedad de Jorge Petrone, a reparar el daño ambiental producido por el desmonte llevado adelante en el predio. “En un plazo de 180 días a partir de que quede firme la sentencia, previo relevamiento del daño que deberá realizarse en conjunto con la Secretaría de Ambiente y de Bosques de la Provincia de Córdoba”, sostiene el fallo en sus considerandos.
“Este fallo sienta un precedente muy importante”, aseguró la abogada, y vecina de la zona, Marcela Fernández. La letrada fue quien presentó el recurso amparo en febrero de 2013 junto a organizaciones ambientalistas, después de que en enero de ese año los vecinos verificarán desmontes en el límite entre la localidad de San Antonio Arredondo y de Villa Carlos Paz.
“Todo empezó cuando vimos un enorme cartel de GAMA con una esplendorosa foto de Susana Giménez y de las 23 torres que iban a construir. Esto nos movilizó inmediatamente, y un mes después presentamos el amparo que fue admitido por la Justicia”, manifestó Marcela Fernández a Prensared.
“En la presentación solicitábamos que se paralizarán las tareas de desmonte, condenar a la empresa GAMA SA a remediar el daño causado y revocar las autorizaciones que existieran para ese proyecto”, recordó.
Calificó como “muy importante el fallo porque sienta un precedente fundado en la Ley de Bosques y más en este momentos en que el oficialismo y el gobierno nos quieren hacer creer que están armando un proceso participativo para debatir la norma legal”.
Destacó que “este fallo es fruto de una lucha colectiva de muchos años, que contó con un gran respaldo popular. Como lo fue la audiencia pública en San Antonio de Arredondo que la jueza obligó a la Provincia a organizar en enero pasado con un récord de asistencia, al igual que el festival que se realizó previamente en la misa localidad”. Recordó que “en todo este tiempo que pasó, los involucrados en la denuncia pusieron muchos palos en la rueda con la presentación de apelaciones en todas las instancias judiciales hasta que finalmente la audiencia pública fue clave para que la Justicia nos diera la razón”.
Al repasar los considerandos del fallo, Fernández manifiesta que “si bien la jueza reconoce que hay actos de contenido político-administrativo de los distintos estamentos de gobierno donde el poder judicial no puede intervenir directamente, el límite para que esto no ocurra sería que se violen de manera manifiesta determinadas leyes de contenido constitucional, como realmente pasó”.
“Por este motivo se declara inconstitucional por vicio de ilegalidad la ordenanza nº 034/2 dictada por la municipalidad de San Antonio de Arredondo, la cual autorizaba la construcción del emprendimiento privado Al contraponerse a la Ley de Bosques nacional y provincial, y también se declara ilegal la resolución de la Secretaría de Ambiente de la Provincia”, finalizó.
Cabe recordar que la aprobación por parte de la Secretaría de Ambiente de éste y otros emprendimientos terminó con las imputaciones de los ex titulares de la repartición, Federico Bocco y Raúl Costa, éste último por autorizar la construcción de una planta de la EPEC en la zona para abastecer de energía a la construcción.
*Por Prensared.
