A veinte años del mayo cruzdelejeño
El 27 de mayo de 1997, los desocupados de Cruz del Eje cortaron la ruta en reclamo de trabajo y ayuda social. Aquella “pueblada”, que duró cuatro días calientes y noches frías, fue el inicio de una historia de lucha que recrudeció en el 2000, y entrado el siglo XXI terminó paradójicamente cristalizando en el polo policíaco-carcelario que ideó Ramón Mestre padre y concretó José Manuel De la Sota. La historia del conflicto está narrada en un pasaje del libro Todo lo que el poder odia – Una biografía de Viviana Avendaño (1958-2000), del periodista Alexis Oliva.
Por Alexis Oliva para La tinta
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La caldera fue encendida por la dictadura cívico-militar, el 15 de mayo de 1978, con el decreto 2164/78 que dispuso el cierre, desguace y demolición de los talleres ferroviarios. Su liquidación fue el punto culminante de un plan destinado a revertir una política económica con fuerte presencia del Estado, donde el tren remolcaba numerosas actividades productivas y comerciales.
En Cruz del Eje, hacia mediados del siglo XX el ferrocarril daba trabajo a tres mil obreros cuyos salarios apuntalaban la economía de esta “pujante ciudad del noroeste cordobés”, como la definía Raúl Scalabrini Ortiz en su Historia de los Ferrocarriles Argentinos.
A su vez, la cultura laboral ferroviaria ‒germinada en el ideario anarquista de comienzos del siglo‒ y la fortaleza del sistema educativo local contribuyeron a formar la conciencia política de numerosos dirigentes sindicales y cuadros revolucionarios de las décadas del 60 y 70, que hicieron merecer a Cruz del Eje el mote de ciudad roja.
La contracara fue un aceitado aparato represivo que desde antes del golpe del 76 hizo el trabajo sucio necesario para eliminar la posible resistencia al ferrocidio y convertir a la ciudad en una de las más castigadas por el terrorismo de Estado en el país, con la cifra récord de diecisiete asesinados y/o desaparecidos comprobados entre el Navarrazo y el final de la dictadura, sobre una población total de 23.432 habitantes, registrada por el censo de 1980.
Los otros ataques fueron simbólicos. Para contagiar a las fuerzas vivas y gran parte de la opinión pública local, el poder esgrimió el consabido algo habrá hecho aquel que se llevaron, el estigma del ferroviario vago, borracho y ladrón y el sofisma de que la administración estatal era en esencia ineficiente y corrupta.
Además, Jorge Rafael Videla y José Alfredo Martínez de Hoz tuvieron el suficiente conocimiento de deporte y psicología social como para cerrar el taller ferroviario quince días antes del inicio del Mundial 78. Aún levantaba la copa FIFA el gran capitán Daniel Passarella, cuando comenzaba la inexorable debacle económica y social de Cruz del Eje.
Como efecto del remate ferroviario, centenares de pequeñas industrias, comercios y servicios cerraron sus puertas y miles de cruzdelejeños fueron empujados al dilema entre la miseria y el desarraigo. Muchos optaron por emigrar y la ciudad se convirtió en un pueblo resignado a la decadencia.
Con la vuelta de la democracia, renacieron las esperanzas cuando el gobernador radical Eduardo César Angeloz prometió una reparación histórica y la radicación de la fábrica japonesa de motos Honda. El día del anuncio oficial, el embajador nipón fue ovacionado en una fiesta de bienvenida, pero la inversión nunca se concretó y solo sirvió para acuñar la burlona frase: “Menos Honda que Cruz del Eje…”.
En la década del 90, la ciudad fue un concentrado de los males que al país trajo el neoliberalismo menemista: más desempleo, industria del juicio laboral, cuentapropismo irracional, desigualdad, marginación, clientelismo político y corrupción. Para colmo, la cercanía con La Rioja, favorecida por la promoción industrial que estableció la dictadura en 1977 y prolongó el presidente Carlos Menem en 1996, hundía más aún a Cruz del Eje en la pobreza.
Desde 1987 hasta 1998, fue intendente Francisco Alberto Esteban, un carismático comerciante radical que ejerció durante tres gestiones un exitoso populismo de derecha, hasta que una de las tantas causas penales que acumulaba lo llevó a la cárcel, por apropiarse de los fondos girados por el Gobierno nacional para construir letrinas y prevenir el cólera en los barrios pobres de la ciudad.
En marzo de 1994, se formó la Coordinadora de Desocupados de Cruz del Eje, liderada por Sergio Ralo Ávila, militante del Sindicato del Personal de Obras Sanitarias (Sipos). Su primera acción fue una olla popular en el centro de la ciudad y el 1º de Mayo organizó una reunión en el polideportivo municipal en reclamo de trabajo y ayuda social.
El 20 de septiembre, junto a los sindicatos de trabajadores estatales, el Centro Comercial e Industrial, la Federación Agraria, la Cámara Olivícola, la Asociación Apícola, los trabajadores de Canteras Quilpo y de Olivares San Nicolás y los centros de estudiantes, la Coordinadora participó de la convocatoria a una asamblea popular a la que concurrieron unas cuatro mil personas, en la esquina en que se comenzaría a escribir una historia de lucha: avenida Eva Perón y ruta 38. En las pancartas, se leía: Cruz del Eje protesta de pie. No queremos ser un pueblo fantasma.
La manifestación, que contó con la adhesión y participación de las centrales cordobesas CGT Chacabuco, Movimiento de Organización y Acción Sindical (MOAS) y CTA, cortó la ruta por varias horas. Uno de los oradores invitados fue el entonces secretario general de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), Walter Grahovac, luego Ministro de Educación de la Provincia.
“Fue una de las tempranas reacciones que como comunidad se efectuaron contra la política de privatizaciones y de ajuste del Estado implementada en el primer Gobierno de Menem”, destacan las investigadoras Mónica Gordillo y Ana Natalucci, en un ensayo titulado Vulnerabilidades regionales y acción colectiva en el marco del ajuste del Estado: el caso de Cruz del Eje, Córdoba.
En la hipótesis de ese trabajo, las autoras sostienen que el contexto político de aquellos días generó la oportunidad de fundamentar las reivindicaciones locales con un “sentido de ‘reparación histórica’, tanto de la primera pueblada de 1994 como de las acciones posteriores que tuvieron lugar en la región”. Ese planteo se nutría de “un sentimiento de ‘privación relativa’, al tener como marco de referencia un pasado de esplendor”, lo que permitió “construir colectivamente la representación de ‘injusticia’, necesaria para motorizar la acción colectiva”. En lo sucesivo, esa impronta marcaría la subjetividad de la protesta cruzdelejeña.
Al compás del deterioro social y el crecimiento del desempleo, la organización de los desocupados fue creciendo hasta que en mayo de 1997 encabezó la movilización que convirtió a Cruz del Eje en uno de los principales focos de conflicto social en una Argentina que comenzaba a resistir en la calle las políticas neoliberales.
En simultáneo con las movilizaciones de Cutral Co, Tartagal y Jujuy, los desocupados cruzdelejeños cortaron la ruta nacional 38 y se mantuvieron allí cuatro días, obligando a los gobiernos nacional, provincial y municipal a dar respuesta al reclamo por lo menos con planes de empleo y bolsones alimentarios, además de otras promesas como el diferimiento impositivo para la producción olivícola.
Durante aquel corte de ruta, el intendente Esteban se mantuvo al margen y hasta tuvo la astucia de asistir “como un vecino más” a una de las asambleas. En cambio, el presidente Menem y el gobernador radical Ramón Bautista Mestre desarrollaron una estrategia más activa para sofocar el conflicto, que tuvo como gestor al entonces senador nacional por Córdoba José Manuel de la Sota. Desde los días previos a la asamblea que votó instalar los piquetes, De la Sota intentó evitar a toda costa la movilización, a través de dirigentes gremiales y del peronismo local, que una vez cortada la ruta se convirtieron en voceros de la amenaza de desalojo forzoso.
La multisectorial, conformada por los gremios estatales, el Centro Comercial, la Federación Agraria y la Coordinadora de Desocupados, estaba hegemonizada por los dialoguistas, pero en la asamblea del 27 de mayo prevaleció la voz de los más necesitados. Luego de varios oradores reacios a pronunciar la palabra ruta, Raúl Verasay, un maestro rural, subió al palco y vociferó:
—A esos que se están cagoneando, les digo: ¡Lo único que nos falta es que vengan y le pongan una bomba al dique para que nos lleve el agua a la mierda! ¡O que traigan los arados de la Pampa gringa y dejen tierra arrasada! Nos han acostumbrado a vivir de dádivas. Está bien, recibamos la dádiva… ¡Pero les cortemos la ruta por un día, carajo!
Antes de que alguien se animara a rebatirlo, ya se encendían en la 38 las primeras gomas, que se mantendrían ardiendo por mucho más de 24 horas en seis piquetes que bloquearían a 140 camiones. La multisectorial fue relegada, por haber firmado con De la Sota “a espaldas del pueblo” un acta-acuerdo para no cortar la ruta, y se formó el grupo de los 15 ‒luego ONG 27 de Mayo‒, con representantes de cada sector social. En Cruz del Eje ganaron los duros, tituló al día siguiente el diario La Voz del Interior.
Durante los cuatro días que duró la pueblada, la expectativa de un desalojo violento dependía de una orden de la Justicia Federal ejecutada por la Gendarmería Nacional. Pero el gobernador Mestre se comprometió a dar una solución política a la protesta y abrió una negociación con los desocupados cruzdelejeños. “Los conflictos están controlados gracias al diálogo”, le dijo al juez Ricardo Bustos Fierro en una reunión en la que al comandante de la guarnición provincial de Gendarmería no lo dejó participar.
Distinta era la opinión de su ministro de Asuntos Institucionales, Oscar Aguad, quien aseguraba que “el Gobierno provincial ha ofrecido todo lo que tenía para ofrecer”, y “ante el hecho delictivo” del corte de ruta a “la respuesta la tiene ahora la Justicia Federal”. Muy a su pesar, Aguad tuvo que viajar a Cruz del Eje y parlamentar con la asamblea popular en la ruta 38.
Pero el propio Mestre no se privaría de acudir después a la Justicia ni de utilizar a los policías de la dictadura para hacer espionaje entre los manifestantes. Cuando las denuncias contra su jefe de Inteligencia Criminal Carlos Tucán Grande Yanicelli revelaron su pasado represor, en su afán de defenderlo el Gobernador no tuvo el menor escrúpulo para confesar: “Yanicelli fue quien organizó la tarea que nos permitió detectar la participación de sectores políticos en los conflictos (de Cruz del Eje), y por eso es el centro de las denuncias”. Para esa misión, además de la experiencia adquirida durante los años de plomo, el policía contaba con la ventaja adicional de ser oriundo de la cercana localidad de Bañado de Soto y haber cursado la escuela secundaria en la propia Cruz del Eje.
En campaña por su reelección, el 12 de diciembre de 1998 Mestre iba a inaugurar en Cruz del Eje una ampliación del Hospital Regional Aurelio Crespo, a la que acudieron a protestar unos trescientos desocupados. Al subir el Gobernador al palco, se oyó una rechifla y una veintena de militantes del grupo de los 15 montados a caballo se enfrentó con la policía. El acto terminó cuando uno de los manifestantes recogió del piso una granada de gas lacrimógeno que había lanzado la Guardia de Infantería y la arrojó sobre el escenario. Un tropel de llorosos funcionarios ‒incluido el propio Mestre‒ tuvo que refugiarse en el interior del hospital.
La gresca dejó una decena de heridos por cada bando y once detenidos, entre los que se contaban el ex boxeador y referente de los desocupados cruzdelejeños Julio Pantera Quevedo, el dirigente gremial bancario e integrante de los 15 Juan De Cicco y Arturo Ávila, hermano de Ralo Ávila y dueño de los caballos. Por haber noqueado a un policía, Quevedo fue el último liberado.
El Gobernador culpó al Partido Justicialista, porque los que protestaban “entonaban la marcha peronista”. La versión fue respaldada por un comunicado en el que la Policía señalaba a “personas perfectamente preparadas y adiestradas para efectuar disturbios y desórdenes públicos”, que “amparándose con mujeres al frente de ellos” arrojaron contra los uniformados “piedras, ladrillos, tuercas y otros elementos”.
El candidato peronista a la Intendencia de Cruz del Eje Gustavo Luna consideró la acusación un agravio, ya que “el justicialismo condena toda forma de violencia”. A su vez, De la Sota ‒quien sería electo por primera vez como Gobernador el 20 de diciembre‒ atribuyó la violencia a “grupos aislados que no están en sintonía con el clima de paz, democracia y serenidad que ha predominado en la campaña”, caracterización que tiempo después reiteraría.
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*Por Alexis Oliva para La tinta.
Texto extraído de «La cuenca del desamparo», Capítulo 6 del libro «Todo lo que el poder odia – Una biografía de Viviana Avendaño (1958-2000)», Editorial Recovecos (2015).
