Dinamitar Cortes Supremas de Justicia, una especialidad del Grupo Macri
El 8 de agosto de 2002 la Suprema Corte de Justicia presidida por Julio Nazareno aplicó la “mayoría automática menemista” y confirmó el sobreseimiento de Franco Macri en la causa por evasión impositiva a través de la operatoria de exportación de autopartes de Sevel Argentina vía Sevel Uruguay. Las presiones de Mauricio y Franco Macri al Estado nacional y al sistema Judicial demostraron ya en la década de los 90 que el accionar de la familia Macri constituye un modus operandi afirmado en el sentido de impunidad que le otorga su poder económico, y en las profundas vinculaciones entre La Familia y el poder judicial.
Por Miguel Ángel Bayón para La Tecl@ Eñe
La direccionalidad de múltiples actitudes y declaraciones del presidente Macri, como de sus funcionarios, han conducido al bochornoso fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que rebaja penas a represores en delitos de lesa humanidad, fallo conocido popularmente como del 2 x 1. Esto ha generado una reacción de rechazo, proporcional a los perjuicios que dicha resolución ha generado en la histórica lucha del pueblo argentino en materia de Derechos Humanos, a tal punto que pone a tres miembros de la Corte al borde de un juicio político, o a su implosión por desprestigio absoluto.
Esta situación no es novedosa en el accionar de la familia Macri, constituye una práctica afirmada en el sentido de impunidad que le otorga su poder económico y sus convicciones. Para ello no dudan en sacrificar a quien sea, como demuestra este antecedente que paso a relatar.
Década del 90 – Evasión Impositiva y práctica monopólica
Durante el gobierno menemista, no obstante el proteccionismo y beneficios que recibían, las automotrices de los Macri seguían sin equiparse, sin aumentar la producción al ritmo que el mercado requería y, mucho menos, bajar los precios de los vehículos que lanzaban al mercado. Fue entonces cuando el Ministerio de Economía crea un régimen especial de importación de autos por parte de particulares. Consistía en un beneficio por el cual los compradores quedaban eximidos de pagar el 8% de IVA estipulado para las importadoras más un 3% por impuesto a las ganancias. Pero una vez más, Franco y Mauricio apuestan a las súper ganancias sin realizar el esfuerzo de las inversiones necesarias. Para ello realizan una inteligente estrategia de aprovechamiento de esta resolución a su favor, apoyados en el “poder paralelo” construido con funcionarios “amigos” colocados en estamentos claves del Estado, muchos de ellos ex miembros de su staff empresarial.
Vamos a los hechos: En enero de 1994 el juez de San Martín Roberto Marquevich, siguiendo una denuncia del prestigioso equipo de la DGI dirigido por Ricardo Cossio, que integraban también Luis María Peña y Carlos Tacchi, detecta maniobras de importación de automóviles a nombre de particulares a través de Opalsen S.A. y Rinatur, desconocidas concesionarias que eran parte de una triangulación para usufructuar los beneficios impositivos que otorgaba la Resolución de Cavallo.
Veamos cómo se concretaba la estafa: Sevel Argentina exportaba a Sevel Uruguay autopiezas, esas exportaciones eran declaradas como definitivas para hacerse acreedores al reintegro del 20% de los impuestos por exportación. Sevel uruguaya ensamblaba las autopiezas, Opalsen vendía desde Uruguay los vehículos terminados, las concesionarias argentinas de Sevel las registraban como “importación directa para personas individuales” con lo que se completaba el círculo fraudulento al hacerse acreedor al beneficio que el nuevo régimen de importaciones establecía para particulares, Opalsen y Rinatur giraban al exterior la diferencia documentando falsamente las remesas.
Resumiendo: el paquete de beneficios logrados comprendía: el 40% de desgravación impositiva, más 20% por reintegros a la exportación, más 8% de IVA, más 3% por ganancias, más lo que dejaba el falseamiento del valor real del vehículos. Según la DGI, Sevel evadió unos 55 millones de pesos-dólares del año 93 al 95, siendo Mauricio Macri presidente de la empresa. Para la DGI esto era evasión fiscal.
Mauricio Macri presionó por una intervención del Estado ante la difusión pública de estos hechos. Tal era la influencia de los Macri que el director de la Aduana y el propio ministro de Economía debieron salir a bajar el tono de las denuncias, éste último se ganó el mote del “loco Cavallo” pues cruzando todo límite de la mesura recorrió los más importantes medios de comunicación tratando de tapar un debate que resultaba imparable. El “poder paralelo” de Sevel y los Macri había logrado poner en crisis no sólo al gobierno, sino también al sistema de ideas que lo sostenía.
La discusión entre los economistas liberales, empresarios y periodistas más reconocidos del establishment no se centró sólo en la evasión impositiva, sino fundamentalmente en el régimen de protección automotriz. ¿Cómo se le explicaba a Doña Rosa que el mismo Fiat que en Italia se conseguía por 5 mil dólares, en Buenos Aires debía pagarse 15 mil? ¿Por qué la industria automotriz debía regirse por una suerte de proteccionismo, mientras el resto de la economía y la industria se regían por la apertura y la libre competencia?
Los Macri, que se sentían impunes, publicaron mentirosas solicitadas sosteniendo que “Sevel no tiene intereses en Opalsen… Sevel no ha evadido impuestos… Sevel no conoce a la firma Rinatur”.
Mauricio Macri presionó nuevamente a Cavallo para que hiciera retirar la denuncia de la DGI; esto se evaluó como imposible porque los hechos ya habían tenido mucha trascendencia. Cossio ofreció una solución intermedia: rebajar el monto reclamado haciendo una nueva liquidación que omitiera incluir intereses y multas.
Según el primer informe de la DGI presentado en la causa, la fraudulenta importación generó un perjuicio al Fisco de unos 36.263.000 pesos-dólares, en el segundo informe la DGI baja lo reclamado a 8.356.386 pesos-dólares. Sevel paga en base a este segundo informe y solicita sea considerada extinguida la acción penal; el Tribunal como era de esperar, los sobreseyó definitivamente. De acuerdo a la ley penal tributaria vigente, las causas por delitos fiscales se extinguían con el pago de la deuda.
No conformes con ello, en septiembre de 1995, hicieron diseñar a Cavallo, especialmente para este caso, el escandaloso Decreto 493 por el cual se condonaban los intereses y multas a quienes “hayan cancelado el capital con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del decreto”. Es tal el nivel de coincidencias con la situación de Sevel, que el citado decreto, se lo conoció como “moratoria Sevel”, y se la estudia en las aulas como caso fundante de una modalidad de beneficio desmesurado hacia grandes contribuyentes en falta. Una vez más, la justicia era impuesta por el poder real.
Franco Macri confesó ante los jueces poseer el 85% de las acciones de Opalsen, titularidad que ejerce a través de una sociedad off shore que giraba bajo la denominación de Magnum. Los apoderados de la firma Rinatur, Hugo Berdina y Miguel Ortner, eran además directores de Sevel. Por último la empresa que actuó como despachante de Aduana, Comosaquic S.A. era presidida por Enrique Siquier, gerente de Sevel. Opalcen, Rinatur y Comosaquic eran Sevel… y Sevel eran los Macri.
A consecuencia de la balacera mediática cayó Tacchi, quien debió presentar su renuncia tal como lo había exigido Mauricio. Saúl Bauer, intendente de Buenos Aires, hizo lo mismo porque como “liberal” no podía soportar un proteccionismo corrupto.
El 10 de marzo de 1991 el Juez Marquevich procesó a Franco Macri, éste apeló a la Cámara Federal de San Martín, que confirmó el procesamiento sosteniendo: “Macri no pudo menos que ser consciente que su actuación… es evidente que Sevel resolvió intervenir en el mercado a fin de tener decisiva influencia en la fijación del precio testigo, ya que un accionar pasivo permitiría no sólo el ingreso de los automotores importados a precios inferiores a los fabricados por su industria sino también porque ello incidiría negativamente en las ventas de rodados producidos por Sevel”.
Los Macri habían logrado que la industria automotriz fuese la única que vendía sus productos al doble del costo que en el resto del mundo, sin financiación y con demoras en la entrega. “El plan de reconversión lleva tiempo”, se excusaba descaradamente Mauricio Macri, como presidente de Sevel.
Contrabando y juzgamiento a Franco Macri
Franco y Mauricio creyeron que el tema judicial era “cosa juzgada” por el hecho de haber pagado. Pero se encontraron con que el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay decidió seguir adelante con la causa, ahora por contrabando, consideraba que la evasión fiscal y el contrabando eran hechos independientes. Citaron a declarar a Franco Macri, quien apeló ante la Cámara provincial pero ésta rechazó su pedido. Dispuesto a llevarse por delante a la Justicia, presentó un nuevo recurso ante la Cámara Federal que volvió a denegar la solicitud. Los imputados insistieron reclamando un “recurso de queja” ante la Cámara Nacional de Casación Penal que decidió sobreseer a Franco Macri.
El fiscal Romero Victorica insistió con un recurso extraordinario y otro de queja, ante la Corte Suprema. El fallo de la Corte presidida por Julio Nazareno aplicó la “mayoría automática menemista” y confirmaron el sobreseimiento de Franco. Este dictamen del 8 de agosto de 2002 generó un escándalo por la pobreza de argumentaciones y arbitrariedades.
Aparecen más pruebas que involucran a Mauricio Macri
Mientras la causa por evasión fiscal ocupaba los espacios de todos los medios de difusión, otra investigación se estaba gestando desde la DGI: Rastreando en los depósitos de la Aduana descubrieron que en 1.300 casos, los números de chasis de motores que se exportaban a Uruguay coincidían con los de los de automóviles que ingresaban de ese país.
La Fiscal Gabriela Ruiz Morales presentó la denuncia en el Fuero Penal Económico; luego de un año de investigaciones llega a una clara conclusión: las automotrices exportaban autopartes a sus filiales en Uruguay e ingresaban autos armados. La maniobra perseguía tres tipos de beneficios ilegales: recibir reintegros por las exportaciones de las autopartes, ingresar automóviles a nombre de particulares para beneficiarse con las rebajas en el arancel de importación y lograr cumplir con el equilibrio entre importación y exportación que exigía el régimen de regulación de la industria automotriz y que fijaba altas multas por su incumplimiento.
Nuevamente los Macri accionaron sus mecanismos de protección: Hugo Anzorregui montó un operativo de contra inteligencia para avisarle a las empresas por dónde se realizarían las próximas inspecciones y Carlos Corach se ocupó de que los juzgados no hicieran prosperar la causa.
Recién en octubre de 1997, con la merma del poder menemista, la Fiscal logra realizar dos allanamientos, uno en la planta de Sevel en El Palomar y otro en las oficinas de SOCMA. Allí secuestraron documentación que revelaba cómo era el original procedimiento. El juez Guillermo Tiscornia procesó a dos altos directivos de Sevel pero no involucró ni a Franco ni a Mauricio Macri. La Fiscal Ruiz Morales apeló; a consecuencia de ello el juez Tiscornia dictó el procesamiento de Franco, pero declaró la falta de mérito de Mauricio Macri y su tío Jorge Blanco Villegas.
La denuncia se amplió en 1999, cuando la Justicia investigó los reintegros que cobraba Sevel por la venta de piezas a su filial uruguaya. La fiscal continuó decidida a conseguir el procesamiento de “El heredero”. Y éste nuevamente recurrió a sus relaciones políticas, ya en el gobierno de la Alianza apeló a Enrique “Coti” Nosiglia. A pesar de las triquiñuelas jurídicas intentadas, en febrero de 2001 el juez Carlos Liporaci procesó a Mauricio Macri por contrabando agravado.
Mauricio apeló ante el Tribunal de Casación que instrumentó un ardid: consideró extinguida la causa dado el retiro de la denuncia por la Aduana y lo sobreseyó. El fiscal de Cámara fue en queja ante la Corte Suprema de la Nación encabezada por Julio Nazareno, que escandalosamente avaló el sobreseimiento al considerar que por haber pagado una ingente suma de dinero en la causa de evasión, no correspondía investigar a la familia por contrabando en las otras dos causas.
Este fallo fue una de las cinco causas que tomó la Cámara de Diputados para iniciar aquel juicio político por sospechas de corrupción que terminó con la destitución de la Corte Suprema menemista … en el otoño del 2004, se proclamó la destitución como Jueces de la Corte Suprema de Justicia a Julio Nazareno, Eduardo Moliné O´Connor, Antonio Boggiano, Guillermo López y Adolfo Vázquez, Juicio de Destitución que llevó adelante el Congreso de la Nación.
Franco y Mauricio siguieron en pie a costa de la bochornosa y explosiva desaparición de la Corte, demostrando una vez más quienes son los verdaderos dueños del PODER.
*Por Miguel Ángel Bayón para La Tecl@ Eñe
**Arquitecto. Ex Director de Obras Públicas y ex Subsecretario de Planeamiento Desarrollo e Industrias de la Municipalidad de Necochea
