De Taym a Cormecor: un desborde anunciado
Por Arq. Constanza Suárez para Fundación Córdoba de Todos
La contaminación del canal Los Molinos – Córdoba causada por el derrumbe de un terraplén de contención de la planta de tratamiento de residuos peligrosos Taym, había sido anunciada por un grupo de vecinos autoconvocados bajo el lema “Santa María sin Basura”. La protagonista fue la “planta modelo” que recibe residuos peligrosos de empresas del sector industrial y de servicios de toda la Argentina.
Por ser la nuestra una de las cinco provincias sin restricciones para tratar estos materiales, llegan al territorio cordobés más de 20 mil toneladas por año. La inminencia del desastre era previsible: la planta se encuentra ubicada en una zona baja, de mallines, con frecuentes inundaciones y una pronunciada pendiente. A pesar del intento de las autoridades por ocultar y minimizar el desastre ambiental, quedan numerosos y urgentes interrogantes sin responder sobre los cuales la Municipalidad y la Provincia de Córdoba, Taym y Aguas Cordobesas (ambas del grupo Roggio) guardan silencio: ¿cómo se saneará el canal?, ¿cómo se evitará que los residuos tóxicos que quedaron depositados en la tierra continúen contaminando el canal con cada nueva lluvia?, ¿cuánto dinero les costará al bolsillo de los cordobeses este trabajo de saneamiento?, ¿de qué manera rendirán cuentas los responsables?
Ahora bien, un detalle de la historia escapó a la mayoría de las crónicas periodísticas sobre el suceso: los primeros en enterarse de los hechos, de captar y poner a circular las imágenes del canal inundado, fueron miembros de “Santa María sin Basura” quienes se encontraban a escasos 300 metros de Taym, acampando frente a un predio destinado a una nueva planta de tratamiento de basura Cormecor.
El acampe, que ya lleva medio año, busca evitar que se realice este proyecto en un terreno de idénticas características al de Taym. Las razones que asisten a estos vecinos quedaron a la vista con lo ocurrido. Sin embargo, el estudio de impacto ambiental que da el visto bueno a Cormecor las desatiende, cometiendo numerosos errores y omisiones advertidos por especialistas. Entre ellos: admite que se instale el emprendimiento a una distancia respecto de sitios poblados menor a la recomendada por organismos de salud e higiene (2km), contempla una recurrencia de 25 años de inundaciones, en vez de los 100 años sugeridos, y subestima el hecho de que el terreno posee una pendiente de 110 mts, de manera que, en caso de precipitaciones, como la ocurrida, fuertes correntadas escurrirían por la basura hasta desembocar en el canal Los Molinos, arrastrando con ellas todo tipo de desechos, incluidos metales pesados que se encuentran en residuos domiciliarios electrónicos y eléctricos. Los procesos actuales de potabilización del agua no cuentan con la tecnología necesaria para filtrar tales sustancias lo que convertiría al agua del treinta por ciento de los cordobeses en no apta para el consumo.
En diciembre último la organización vecinal presentó un amparo al que el Tribunal Superior de Justicia respondió con una cautelar que impide innovar en el emprendimiento, de manera que las obras se encuentran suspendidas hasta una resolución definitiva.
La catástrofe ambiental ocurrida debería servir al menos para volver a poner en el debate público la lucha vecinal por evitar la instalación del Cormecor. Es de esperar que la reticencia de la Municipalidad y la Provincia a escuchar sus razones se endurezca en el marco de una aguzada crisis ambiental. Es de público conocimiento que el vertedero Piedras Blancas, que recibe actualmente la basura de la Capital, está próximo a llegar, quizás en septiembre, al límite de su capacidad. Según declaraciones recientes de responsables de la Dirección de Higiene Urbana, el Municipio cuenta con hacer de Santa María, el nuevo destino de los residuos, llegando incluso a barajar la increíble posibilidad de depositarlos allí antes de que la planta termine de ser construida.
Desde un punto de vista más general, este conflicto debería alertarnos también acerca de la irresponsabilidad con el que el gobierno municipal, en connivencia con el provincial, trata los asuntos ambientales. Hace pocas semanas el mestrismo aprobó el nuevo pliego para licitar el servicio de barrido y recolección de Basura en la Capital, haciendo oídos sordos a las numerosas objeciones que centros vecinales, organizaciones ambientalistas y otros vecinos opusieron en la audiencia pública celebrada el 2 Marzo para discutirlo. La aprobación de dicho pliego tiene directa relación con el vertedero de residuos sólidos urbanos que quiere instalarse en Santa Ana, ya que la disposición final de todos los residuos que las empresas ganadoras de la licitación recolecten en nuestra ciudad, tendrá lugar en ese predio que hace semanas lucía enteramente bajo agua.
Las alternativas para diseñar otro esquema de tratamiento de residuos existen: políticas de reducción de la producción de basura que incluyen separación en origen, reciclado y reutilización de algunos materiales, promoción de productos con envases retornables o reutilizables, compostaje, campañas educativas. En vez de elegir estos caminos, que implican mayor esfuerzo, pero también más sustentabilidad, el Municipio prefiere soluciones superficiales, cortoplacistas y que sólo representan oportunidades tentadoras para un grupo de inversores privados. Los resultados de este proceder son catastróficos y los conoce cualquier vecino.
Las inundaciones de 2014 en Sierras Chicas; la escandalosa Ley de Bosques; la venta del último pulmón verde del sur de la ciudad, el ex Batallón 141; el alarmante deterioro del Dique San Roque; las inundaciones que castigan los campos productivos del sur de la Provincia, son algunos de los eventos más resonantes que responden a una política ambiental local y provincial que desprecia de manera sistemática el derecho ciudadano a un medio ambiente sano.
* Por Arq. Constanza Suárez para Fundación Córdoba de Todos
**Fotos: Colectivo Manifiesto
