Marita Verón: desaparición y 15 años de corrupción estatal
María de los Ángeles «Marita» Verón fue secuestrada el 3 de abril de 2002 en San Miguel de Tucumán para obligarla a ejercer la prostitución. Desde ese día, su madre, Susana Trimarco, se convirtió en sinónimo de la lucha contra la trata de personas.
Por Laura Verdile para La Primera Piedra
Luego de quince años, la causa de Marita Verón dio un paso hacia adelante: la Justicia ordenó que los diez condenados por su secuestro y desaparición deben cumplir sus sentencias “de forma inmediata”, después de que los tribunales tucumanos rechazaran los pedidos de revisión de la defensa. Hasta hace unos días, todos se encontraban en libertad. Los detalles del caso que hizo visible la trata de personas y la red de corrupción estatal.
El 11 de diciembre de 2012, el trabajo de investigación que logró llevar a juicio 55 expedientes y 144 testigos en el caso de desaparición de Marita Verón pareció disolverse en minutos. Los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano, integrantes de la Sala II de la Cámara Penal de Tucumán absolvieron a los trece imputados en la causa . Los indicios que marcaron la complicidad judicial habían llegado un poco antes: pasaron dos años y cinco meses antes de que el tribunal definiera la fecha del juicio que finalmente comenzó en febrero de 2012.
Después del fallo a Susana Trimarco le llegó una denuncia según la cual Cergio Morfil, abogado de dos de los condenados, negoció la absolución con los jueces. Durante varios meses, diez mujeres rescatadas de redes de explotación sexual contaron sus historias, se enfrentaron a los captores y violadores que mantuvieron cautivas durante años, calladas por la violencia constante que buscaba deshumanizarlas.
Pero los jueces lograron que sus palabras no valieran nada,
y que fueran revictimizadas con los interrogatorios y las amenazas
proferidas en plena audiencia. Desestimaron sus testimonios y marcaron
un retroceso para todas las sobrevivientes de trata en el país.
Trimarco logró iniciar un juicio político contra los magistrados que sólo terminó por recaer en Lascano, luego de que Molina y Piedrabuena presentaran sus renuncias para jubilarse. Un año después, en diciembre de 2013, la Corte Suprema de Tucumán revocó el fallo absolutorio y, en 2014 se dispusieron penas de entre 10 y 22 años de cárcel para diez de los imputados .
Sin embargo, todos continuaron en libertad hasta el pasado 4 de marzo, cuando finalmente las sentencias quedaron firmes y se ordenó que todos cumplieran su condena en prisión “de forma inmediata”.
Historia de una red de corrupción
María de los Ángeles Verón, mejor conocida como “Marita” tenía 23 años. Vivía junto a su pareja, David Catalán y su hija de 3 años, Sol Micaela, en Las Talitas, un barrio al norte de la ciudad de Tucumán. El 2 abril de 2002 salió a realizar una consulta médica a la Maternidad Provincial por recomendación de su vecina y enfermera de la clínica, Patricia Soria. Su novio, Miguel Ardiles, la contactó con el médico Tomás Rojás, quien examinó a Marita y la citó para el día siguiente luego de insistirle que llevara el documento de identidad para supuestamente sellarlo. El 3 de abril Marita salió de su casa y nunca regresó.
Sus padres, Susana Trimarco y Daniel Verón salieron a buscarla. Descubrieron que los consultorios estaban cerrados y que Ardiles no era jefe de personal de la Maternidad, como Soria había afirmado, sino empleado de limpieza. Hicieron una denuncia que, al principio, la Policía no quiso tomar. Pegaron afiches y recorrieron las calles sin respuestas hasta que, un día, en el Parque 9 de Julio, la zona roja de la ciudad de Tucumán, una mujer que había sido violada y vendida para explotación sexual la reconoció. “La vi en La Rioja”, dijo.
Desde el momento en que Trimarco y Verón confirmaron que su hija había sido captada por una red de trata de personas, comenzaron a rastrear su paradero. Mientras tanto, la policía obstaculizaba la búsqueda, les decía que faltaba gasolina para los patrulleros y que no podían salir a ayudarlos. Tres semanas después de la desaparición, Trimarco comenzó a frecuentar prostíbulos buscando algún indicio. Un amigo del marido, el comisario Jorge Tobar se unió en la investigación paralela. Comenzaron a allanar las denominadas whiskerías mediante estos operativos en los que lograron rescatar a más de 120 chicas y reunir más pistas sobre Marita.En junio de 2002 llegaron hasta El Desafío, un prostíbulo en La Rioja en donde rescataron a Anahí Manassero, una de las primeras voces que permitieron reconstruir el destino de Marita entre el 2002 y el 2003 y que confirmó la complicidad estatal. Horas antes de ser rescatada, vio cómo Marita y otras chicas eran sacadas del prostíbulo por un policía que finalmente las escondió en su casa, a pocos kilómetros. Se suponía que el operativo sería más temprano, pero Verón y Tobar fueron enviados de regreso a Tucumán por las autoridades judiciales de La Rioja, para que corrigieran la orden de allanamiento. Un tecnicismo que dio el tiempo suficiente para alertar a los proxenetas.
Como Anahí, hubo varias chicas que detallaron el paso de Marita por los prostíbulos Candy, Candilejas y El Desafío, todos propiedad de Irma “Liliana” Medina, en La Rioja. La describieron rubia, con lentes de contacto azules, cicatrices de múltiples agresiones y con un hijo. José “el Chenga” Gómez, encargado de El Desafío, la había violado y embarazado.
La lucha que es emblema
La lucha de Susana Trimarco para encontrar el paradero de su hija se convirtió en un caso emblemático que instaló la explotación sexual en la agenda política y mediática nacional. Gracias a ella, comenzó a descubrirse el entramado de corrupción y poder estatal que sustenta las redes de trata de personas en el país , transformándose en una referente pública. A pesar de las amenazas y los obstáculos, logró mantener la frente en alto y extender su búsqueda personal.
En octubre de 2007, creó la Fundación María de los Ángeles, con la que continúa rescatando y asistiendo a víctimas de trata de personas. Meses más tarde, en abril de 2008, la lucha de Trimarco impulsó la sanción de la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. Luego del fallo absolutorio de 2012 se mejoró la norma, al eliminar la figura de consentimiento como situación que morigeraba la sentencia del tratante.
Después de 15 años, Marita Verón se convirtió en un símbolo de lucha y resistencia contra la red de corrupción que se esconde detrás la explotación sexual y la desaparición de miles de mujeres en todo el país, para ser usadas como objetos de cambio, mientras la Justicia da la espalda y sostiene los mecanismos que hacen posible la perpetuación de la violencia de género.
* Por Laura Verdile para La Primera Piedra / Foto de tapa: Joao Pina
