El macrismo y la desposesión del trabajo
El presidente Mauricio Macri y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, vetaron sus respectivas leyes de expropiación de las fábricas recuperadas por sus trabajadores. Así, tanto el Estado Nacional como el Provincial intentan acabar con las empresas recuperadas, buscando en el desalojo de Acoplados del Oeste (ADO, ex Petinari) como en el del Hotel BAUEN, un ejemplo disciplinador: La propiedad privada no se toca pero, más importante aún, los puestos de trabajo no se defienden.
Por Andrés Ruggeri para Tecl@ Eñe
Un despliegue de 600 policías bonaerenses rodeó a las 6 de la mañana del viernes 3 de marzo la planta de la ex Petinari, una fábrica de acoplados en el partido de Merlo que estaba en proceso de recuperación a cargo de la cooperativa Acoplados del Oeste (ADO), formada por 120 de sus obreros. Los pocos que estaban a esa hora no habían sido avisados por ninguna cédula de desalojo, que sí conocían las autoridades provinciales y municipales, enviada por un ignoto juez de garantías de Morón, Ricardo Fraga. Junto con la policía entraron los ex patrones, que no tuvieron ningún castigo por vaciar la empresa durante años y acumular deudas con los obreros por $60 millones, hasta que estos se cansaron y ocuparon la planta dos años atrás. La causa penal por usurpación decretó el desalojo, con notable noción del tiempo, cuando ya estaba por sancionarse la quiebra de la empresa, lo que hubiera evitado que los vaciadores volvieran. Los obreros ahora están acampados en la puerta, para evitar que desarmen su fuente de trabajo y entrar a una nueva etapa de su lucha.
Un par de días antes, los trabajadores del Hotel BAUEN habían recibido (a diferencia de los de ADO) la orden de desalojo que envió la jueza comercial Paula Hualde, en la que se les da plazo para devolver el hotel a los patrones que lo abandonaron hace 15 años –y que ahora se presentan bajo el sello de la empresa Mercoteles– hasta el 14 de abril. Como los trabajadores, lógicamente, anunciaron que no piensan ceder y rifar sus puestos de trabajo y el esfuerzo de más de una década para levantar un hotel destruido y vaciado, el escenario se presenta riesgosamente parecido al de ADO. La cooperativa está en plena campaña para lograr que el Congreso ratifique la expropiación vetada por Macri.
El veto como costumbre
El antecedente inmediato en ambos casos es el veto a sus respectivas leyes de expropiación. En el caso de ADO, la gobernadora Vidal lo hizo con una ley que había sido votada por unanimidad en ambas cámaras de la Legislatura provincial, lo que incluye naturalmente al bloque oficialista. El fundamento del veto es el habitual en el caso del PRO: un insostenible argumento de falta de presupuesto (dado que la ley preveía el cargo del costo de la expropiación a la cooperativa) y, de fondo, un cuestionamiento a que la recuperación de una fábrica por sus trabajadores no es un caso de “utilidad pública” sino privada. Es decir, un argumento ideológico de defensa a ultranza de la propiedad privada frente al derecho al trabajo. El veto, que fue fogoneado por el propio Jorge Lanata en radio Mitre mientras todavía Vidal no lo había ejercido, ya era una costumbre: Macri vetó todas las leyes que le pasaron cerca en beneficio de empresas recuperadas mientras fue jefe de Gobierno, Vidal ya acumula cinco y Larreta tiene dos, siempre con similares justificaciones.
Macri se sacó las ganas de seguir con la costumbre de impedir que se expropien empresas recuperadas, ahora como presidente, en el caso del Hotel BAUEN, uno de los emblemas de las empresas autogestionadas en la Argentina y en el mundo. En la última sesión del Senado Nacional de 2016, los trabajadores del BAUEN lograron la sanción de su ley de expropiación, perseguida durante 14 años. Previsiblemente, el presidente la vetó como regalo navideño para los cooperativistas, con los fundamentos habituales. Más explícito fue el efímero ex presidente y senador Federico Pinedo que dijo, en medio del debate, “demasiada plata para unos pocos señores”. En realidad, ni Macri ni Pinedo ni nadie saben cuánto cuesta la expropiación del BAUEN, pues justamente la ley preveía determinar el monto de la deuda de los empresarios Iurcovich con el Estado Nacional (el hotel fue construido con un crédito del BANADE durante la dictadura que nunca fue devuelto), junto con una serie de iniciativas sociales que debería llevar adelante la cooperativa (y que en parte ya cumple) para reforzar el carácter social de la expropiación.
No son los únicos casos en que el gobierno se muestra decididamente en contra de quienes recuperan empresas. Macri en persona trató a los trabajadores de Tiempo Argentino, que acababan de ser agredidos por una patota que destrozó sus oficinas, como “usurpadores”. Mientras las empresas cierran a granel, se repiten las escenas habituales a fines de los 90 y en plena crisis del 2001: patrones que se fugan los fines de semana y dejan un cartelito a sus trabajadores, como en Atanor; vaciamientos subrepticios mientras los empleados están de vacaciones, como en Textil Neuquén o en la Casa del Queso; despliegue masivo de fuerzas de seguridad para proteger la propiedad privada, aunque en realidad deberían protegerla de los propietarios que la destruyen.
La diferencia con aquellos años es que los trabajadores comprenden mucho más rápido lo que está pasando, porque ya tienen una experiencia acumulada por cientos de empresas recuperadas. En AGR, la imprenta del Grupo Clarín que aún sigue tomada y sin respuesta patronal, con la complicidad vergonzosa del Ministerio de Trabajo, los obreros lograron tomar la planta antes de ser impedidos de hacerlo por un enorme operativo militarizado. En otros casos, los que aprendieron son los patrones y un Estado que los ampara, y la policía, avisada de antemano, rodea los establecimientos para evitar la ocupación. Ambos saben que el que esté adentro de la planta es el que está mejor parado para el conflicto. Por esa razón los patrones denuncian penalmente por usurpación a los trabajadores que ocupan, como en ADO, para tratar de desalojarlos por la fuerza antes de que la empresa quiebre y pierdan las opciones para hacer el rentable negocio que buscaban con el vaciamiento.
En suma, el Estado no es indiferente con los conflictos que pueden desembocar en la autogestión. Trata de evitarlos, así como intenta derrotar a los sindicatos en la discusión paritaria de las formas más insólitas, como cuando el Ministerio de Trabajo ordenó a los bancos desconocer los acuerdos firmados con la Bancaria. Y también está intentando acabar con las empresas recuperadas, buscando en el desalojo de ADO como en el del BAUEN (más aún por su calidad de referencia mundial de la autogestión), un ejemplo disciplinador: la propiedad privada no se toca pero, más importante aún, los puestos de trabajo no se defienden.
Acumular por donde sea
Este panorama tiene una racionalidad. El gobierno de Macri no está entrando porque sí en una zona de peligrosa agresividad, cuyo principal blanco son los trabajadores. No se trata de simple sadismo o ideología antiobrera, la baja de lo que lo que en su lenguaje llama “costo laboral”, es decir el salario, es una parte esencial de su programa económico y social. Bajar los salarios, es decir, aumentar el nivel de explotación del trabajo, es una de las razones por la que tanto el presidente como el resto de los gerentes y grandes empresarios que lo acompañan están en el gobierno, porque es parte esencial de su proyecto de acumulación. La otra parte, la más escandalosa y donde más esfuerzos se hacen por mantenerla oculta tras su cortina de protección mediática (no siempre con buenos resultados), son los negociados y los desfalcos a costa del Estado –que ya no es “bobo” sino “embobado” adrede por quienes están a cargo de su administración–, lo que David Harvey llamó “acumulación por desposesión”.
El capitalismo en su versión neoliberal no sólo acumula por explotación directa del trabajo o por explotación indirecta a través de mecanismos financieros y “de mercado”, sino simplemente por robo, por saqueo. Esto no es nuevo, así se formó el actual sistema mundial, con las potencias rapiñando y colonizando para extraer la riqueza sin ninguna mediación a costa de los pueblos no europeos, en lo que Marx denominó la “acumulación originaria del capital”. Lo que hacen ahora es saquear mediante todo tipo de maniobras hacia el interior de la propia sociedad y mucho más allá de los mecanismos de extracción de plusvalía a costa del trabajador, cuya rentabilidad logran multiplicar exponencialmente.
Pero la plusvalía sigue existiendo y ellos también quieren acrecentarla. Es la otra parte del proyecto de recolonización que encarna el macrismo, y pareciera ser el segundo tiempo del partido que están jugando desde que llegaron al gobierno, después de endeudar al país, aplicar tarifazos brutales y asegurarse en la medida de lo posible una gobernabilidad complaciente dada por la parte de la oposición que no se opone (incluyendo aquí a diferentes actores, políticos y sociales). En este proyecto colonial en que ubican a la Argentina en el campo de proveedor de algunas materias primas y exportador energético aún a costa del agotamiento de los recursos (es decir, los negocios que manejan los CEOs de la coalición de poder), bajar los “costos laborales” de esos sectores de alta rentabilidad es posible a través de despidos, alta inflación con recesión que licúe los salarios y la derrota de toda lucha social de resistencia, más aún si conlleva una alternativa a la situación, como pueden ser las empresas recuperadas.
Es decir, dentro de esa lógica, hay que derrotar todo intento de resistencia de la clase trabajadora. Mantener las paritarias por debajo de la inflación baja los salarios. Tener un amplio sector de la fuerza laboral desempleada también es decisivo para la de baja los salarios porque provoca suba de la demanda laboral y debilita a los gremios. Destruir la “litigiosidad” o la “industria del juicio” (calificativo que no emplearon contra juicios más onerosos como los de Paul Singer y los fondos buitres) a través de la reforma de la ley de ART reduce los costos del salario indirecto y aumenta el poder patronal en los lugares de trabajo. Abrir las importaciones funde a las Pymes y la industria dedicada al mercado interno y contribuye al derrumbe del salario de los que quedan. El mismo efecto logra la suba de los costos de las tarifas a niveles inviables para las Pymes y sigue sumando desocupados para continuar bajando los salarios.
Evitar que los trabajadores reaccionen y tomen las fábricas que cierran es, entonces, tan fundamental como derrotar a los sindicatos en las paritarias, empezando por el docente. De otra forma, lo que logran con la tierra arrasada de la destrucción industrial y la reducción del mercado interno a la mínima expresión, lo podrían perder si los trabajadores logran seguir manteniendo las empresas en producción. Sabemos que, en un escenario de miles de cierres empresarios, sólo unos pocos establecimientos logran ser recuperadas, pero su importancia no radica (todavía) en el número, sino en que se convierten en símbolos de resistencia y de creatividad frente a los callejones sin salida del neoliberalismo.
Eso es lo que buscan evitar y por esa razón, los primeros meses de 2017 nos muestran al macrismo en una carrera contra el tiempo para derrotar a la clase trabajadora a todo nivel y con cualquier método. Van a descubrir que no es tan fácil.
*Por Andrés Ruggeri para Tecl@ Eñe
*Antropólogo social UBA/UNAJ. Director del Programa Facultad Abierta de la UBA y de la revista Autogestión para Otra Economía.
