Crónica de un negocio de Estado (II)
Segunda entrega de la historia de los negociados del Grupo Macri con el Estado argentino: desde fines de los 90′ hasta la actualidad, pasando por la crisis de 2001, los gobiernos kirchneristas y el desembarco en la política del actual presidente, hasta llegar a los Panamá Papers.
Por Juan Del Pino para Notas
Idilio judicial
En los 90′, producto de su alianza con FIAT los Macri tomaron el control de Sevel Argentina, encargada de la producción de FIAT y Peugeot en el país. Mauricio fue nombrado vicepresidente de la sociedad en 1992 y presidente en 1994, para dos años más tarde vender todas las acciones a Peugeot, que de esta manera absorbió Sevel.
Sin embargo, en 1997 la Aduana denunció a la ex Sevel por contrabando. En la causa se comprobó que al menos entre 1993 y 1995 la empresa conducida por los Macri exportó piezas a Uruguay en carácter de venta final. Por esta transacción la empresa recibía reembolsos destinados a fomentar la exportación. Pero las piezas, lejos de constituir una venta final, eran compradas por la filial uruguaya de Sevel, que luego de ensamblarlas se las volvía a vender a Sevel Argentina. De esta manera la firma se adjudicó, durante tres años, unos 55 millones de pesos por reembolsos fraudulentos. Franco y Mauricio Macri fueron embargados y procesados por contrabando agravado, un delito que contempla penas de entre dos y 10 años de prisión. Pero gracias al lobby de Peugeot, como a la Corte Suprema (“la Corte de la mayoría automática”), la denuncia no llegó ningún lado a pesar de los intentos de la fiscalía.
Barrenando la crisis
En octubre de 2001, año en que los Macri fugaron al menos 46 millones de dólares del país, y mientras el pueblo argentino avizoraba una de sus más profundas crisis políticas y sociales, Franco pedía públicamente “estatizar toda la deuda privada». Esperaba que Cavallo, nuevamente ministro de Economía, “perfeccionara” la fórmula implementada 20 años antes.
Ya en 2002, Mauricio Macri se lanzaba a la arena electoral como candidato a jefe de gobierno porteño. En su campaña, intentaba desviar la bronca social hacia los recolectores de residuos, asegurando que “los cartoneros tienen una actitud delictiva porque se roban la basura. Además, no pagan impuestos…”.
¿Separar la política de los negocios?
La llegada de los Kirchner al gobierno nacional coincidió con la consolidación de Mauricio Macri como referente político. Esta cuestión resulta fundamental para entender tanto el distanciamiento mediático de Franco y Mauricio y como algunos movimientos del Grupo. Políticamente, Mauricio Macri fue opositor de la primera hora. En cambio Franco, a cargo de la administración de la riqueza familiar, intentó hacer lo mismo de siempre: tender puentes con el Estado a fin de conseguir negocios.
Sin embargo, la relación del gobierno con Macri padre se tensó tempranamente cuando en noviembre del 2003 Néstor Kirchner decidió estatizar el Correo Argentino, una de las privatizaciones más polémicas que había encarado el holding Socma. Esto daría inicio a una serie de juicios cruzados que continúan hasta la actualidad, y que por estos días han incomodado al gobierno a partir del revuelo que generó el intento de implementación de un acuerdo que, en los hechos, significaba llevar a cabo aquello que Franco solicitó hace 15 años: condonar la deuda familiar.
Más allá de éste y otros cortocircuitos, Franco Macri se mantuvo cercano a los gobiernos kirchneristas, apoyando en los medios de comunicación y actuando como intermediario de China en las inversiones del gigante asiático en América Latina. Esto fue acompañado de un corrimiento del mercado por parte del Grupo Socma en general, que se desprendió de numerosas empresas, y de Franco en particular, quien en 2009 cedió las acciones que tenía de Socma a sus hijos, haciendo Mauricio lo propio para evitar incompatibilidades manifiestas. Un caso emblemático de esta “retirada” fue la venta de la constructora Iecsa, que según Julio De Vido fue la tercera empresa más beneficiada por licitaciones de obra pública durante los gobiernos Kirchner, detrás de Techint y Electroingeniería.
¿Separar a la familia de los negocios?
Con la inminente llegada de Mauricio Macri a la jefatura de gobierno porteño, el Grupo Socma anunció en 2007 la venta de una de sus naves insignias: la constructora Iecsa pasaba a manos de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio.
Las obras públicas porteñas que el gobierno macrista cedió a Calcaterra son cuantiosas y abarcan desde trabajos sobre los arroyos que atraviesan la ciudad hasta pasos a nivel y remodelaciones. Esta “sintonía fina” familiar se extendió con el arribo a la Casa Rosada. Sin dudas, la más llamativa asociación es la del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.
Esta obra faraónica, que había sido anunciada y licitada en tiempos de los Kirchner, se vio frenada debido a diversos desencuentros entre las licitadoras y el Estado producto de variaciones en las tasas de inflación e interés.
Sin embargo, ni los máximos predicadores de la “pesada herencia” deben haber podido disimular una mueca de asombro cuando en junio del 2016 el boletín oficial publicó el decreto presidencial 797/2016, que modificaba el presupuesto nacional, entre otras cosas, para reactivar el ya famoso soterramiento. El nuevo plan de pagos promete desembolsar la friolera cifra de 45 mil millones de pesos, multiplicando por 16 la que las mismas firmas habían propuesto para ganar la licitación en 2007.
El hecho recobró notoriedad pública cuando en enero de este año se supo que la firma brasileña Odebrecht, socia de Iecsa en la licitación, reconoció haber pagado 35 millones de dólares de coimas en Argentina entre 2007 y 2014, tiempos en que las licenciatarias intentaban renegociar los términos del contrato. Por esta causa se encuentran denunciados tanto Calcaterra como el jefe de la inteligencia argentina y amigo íntimo del Presidente, Gustavo Arribas, quien es investigado como posible operador de la firma brasileña.
Una costumbre off shore
El 3 abril último, cuando se publicaron los documentos confidenciales de la panameña firma de abogados Mossak Fonseca, conocidos como “Panamá Papers”, se desató una fuerte polémica porque el flamante presidente argentino se encontraba vinculado a la firma Fleg Trading, radicada en Bahamas y creada por el Grupo Socma para hacer negocios en Brasil. Días después salió a la luz otra empresa off shore donde el Presidente figuraba como directivo, se trata de Kagemusha, creada en 1981 y radicada en Panamá.
El entramado se volvió aún más sospechoso cuando el 30 de noviembre pasado Mauricio Macri emitió el Decreto 1206/2016 modificando la Ley 27.260 conocida como de “Blanqueo de capitales”. Con esta modificación el presidente permitió que los cónyuges, padres e hijos menores no emancipados de quienes hayan ocupado cargos de funcionarios públicos entre enero del 2010 y el presente, puedan acceder al blanqueo, algo que había sido expresa y unánimemente prohibido por el Congreso Nacional.
A partir de esta maniobra, el diputado nacional Darío Martínez amplió su denuncia al presidente por lavado de activos, presentada ante el juez federal Sebastián Casanello. En el expediente figura una lista con más de 50 firmas off shore vinculadas al Grupo Macri, radicadas en diversos paraísos fiscales.
Crónica de un negocio de Estado (I)
*Por Juan Del Pino para Notas
