Crónica de un negocio de Estado (I)
En enero de 1949 llegó a Buenos Aires Francesco Macri, quien con 18 años venía siguiendo los pasos de su padre Giorgio. La familia, que había tenido su auge económico como contratista del Estado italiano en tiempos de Benito Mussolini, se había venido a menos. Padre y abuelo del actual presidente argentino arribaron a tierras rioplatenses buscando reinventarse.
Por Juan Del Pino para Notas
En 1951, al tiempo que abandonaba la carrera de Arquitectura y luego de un breve paso por el trabajo en relación de dependencia, Franco Macri continuó el legado familiar y se inició como subcontratista de obra pública, comenzando un largo devenir de negocios vinculados al Estado argentino. En 1958 se casó con Alicia Blanco Villegas, hija de una acaudalada familia terrateniente de Tandil, ciudad en la que un año más tarde tuvieron a su primogénito, Mauricio.
Por aquellos años, a través de un contrato entre privados, Franco consiguió la adjudicación de su primera obra pública como contratista principal. Esto, junto con los negocios ganaderos y las vinculaciones de su familia política (parte de la vieja oligarquía agraria cercana al gobierno de Juan Carlos Onganía), le permitió escalar posiciones en el mundo empresario y comenzar a licitar obras cada vez mayores.
Negocios en tiempos de genocido
En enero de 1976, Franco anunció el lanzamiento de Sociedades Macri (Socma). Este holding administraba siete empresas a mediados de los setenta y nada menos que 47 cuando terminó la última dictadura, en 1983.
El crecimiento fenomenal, que transformó a los Macri en una referencia ineludible de la llamada Patria Contratista, se explica a través de la obtención de cuantiosos negocios entre los que figuran las construcciones del puente Misiones – Encarnación, la represa Yaciretá y la central termoeléctrica de Río Tercero.
En 1979, el intendente porteño de facto, Osvaldo Cacciatore, privatizó la recolección de residuos y le otorgó el multimillonario negocio a Manliba, una sociedad constituida entre Socma y una empresa norteamericana. El contrato implicaba por entonces una erogación cercana a los 49 millones de dólares anuales.
Además de esto, sus vinculaciones con la cúpula del gobierno militar le permitieron a Franco Macri liberar a dos empleados suyos que habían sido secuestrados por la dictadura. Uno de ellos, Carlos Grosso, sería luego nombrado intendente porteño por Carlos Menem y en 1990 le renovaría el contrato a Manliba a pesar de los manifiestos incumplimientos de ésta.
Tu deuda, mi deuda, nuestra deuda
En 1982, cuando la democracia se veía venir, el gobierno militar estatizó gran parte de la deuda externa privada a través de un sistema de seguros que un año antes había puesto en marcha Domingo Cavallo. Se calcula que el monto total de deuda estatizada rondó los 17 mil millones de dólares (un 40% de la deuda externa argentina en 1983). El Grupo Socma, entre tanto, cedió al Estado un pasivo de, al menos, 236 millones de dólares.
Una parte de aquella estafa colosal que implicó la estatización de la deuda externa privada fue investigada entre 1983 y 1985 por un equipo de auditores del Banco Central. Este equipo logró demostrar que, además de licuar su pasivo mediante los seguros de cambio de Cavallo, algunos grupos económicos estafaron al Estado inventando deuda a través de movimientos entre sus propias sociedades.
Aún cuando dicha auditoría fue anulada en 1986 a pedido del por entonces jefe del Departamento de Deuda Externa del Banco Central, Carlos Melconian, la misma pudo demostrar que tanto Sideco Americana S.A. como Socma S.A. habían realizado maniobras para simular pasivos. Es decir que la familia Macri no sólo estatizó su deuda en dólares, si no que además estafó al Estado cobrándole autopréstamos. Las pruebas aún están en el Juzgado Criminal y Correcional Federal N°2.
De Giorgio al Carlos
Retomando la tradición política liberal de Giorgio Macri, la familia apoyó abiertamente la carrera de Carlos Menem y durante su fiesta de privatizaciones el holding de los Macri se amplió y diversificó alcanzando una vasta gama de servicios. Las privatizaciones en las que intervino el grupo son muchas, pero basta con tres ejemplos emblemáticos para darse una idea del tamaño de negocios que tejieron con el Estado durante la década menemista.
Mediante la constitución de Ecogas la familia Macri adquirió las regiones Cuyo y Centro de Gas del Estado, quedándose con la distribución en Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Luis, San Juan y Catamarca. En 1996 vendió la mitad de sus acciones a una corporación norteamericana por 140 millones de dólares. Las transportadoras de gas son caracterizadas como unas de las ramas más rentables de las privatizaciones, ya que sus ganancias solían superar el 40% de la venta anual.
Otra rama de alta rentabilidad fue la del rubro de los peajes, donde el Grupo Macri adquirió la concesión de 1263 km de las rutas 9, 11 y 13 a través de Servicios Viales S.A. Todas las concesionarias de peajes fueron habilitadas, por decreto, a infringir la Ley de Convertibilidad, actualizando sus tarifas muy por encima de la variación promedio del índice de precios. Un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) de finales de los ’90 calculó que Servicios Viales obtuvo, en 1996, una rentabilidad neta del 37%.
Finalmente, la más emblemática de las privatizaciones obtenidas por el Grupo Macri fue la del Correo Argentino. El 26 de agosto de 1997 se firmó el decreto que cedió los servicios prestados hasta entonces por la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos. Fue el punto cúlmine de un proceso que había comenzado cuando la última dictadura flexibilizó el monopolio estatal del servicio postal, un servicio cuya exclusividad el Estado poseía desde mediados del Siglo XIX. Previo a la privatización de la empresa nacional de correos, en 1993 el menemismo suprimió definitivamente el monopolio estatal y creó el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Postales.
A cambio del control de la histórica empresa nacional, el Contrato de Concesión obligaba a los Macri a realizar una inversión anual no menor a 25 millones de pesos durante los primeros diez años y pagar por adelantado un canon semestral de 51,6 millones durante los 30 años de plazo del contrato. Estas condiciones, ofertadas por los concesionarios, habían volcado la licitación en su favor.
Ya durante sus primeros dos años de gestión el Grupo Macri logró hacer pasar por inversiones los casi 100 millones de pesos que entregó a cambio del “retiro voluntario” de más de 10 mil trabajadores que quedaron en la calle. A partir del año 2000 la empresa dejó de pagar el canon semestral, para declararse en convocatoria de acreedores durante el 2001, año en que el Grupo Macri fugó del país no menos de 46 millones de dólares, según pudo demostrar la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados sobre Fuga de Divisas en el año 2001.
En la segunda parte de esta nota, cómo siguieron los negocios de los Macri y el Estado del 2001 a la actualidad.
*Por Juan Del Pino para Notas
