Reserva de Inmuebles: menos impuestos para los desarrollistas
El miércoles pasado el Concejo Deliberante llevó adelante una sesión especial con la urgencia de aprobar la sanción de una ordenanza denominada “Reserva de Inmuebles con destino social”, la cual fue impulsada por el Radicalismo y el PRO. Si se compara esta nueva ordenanza con la del Banco Municipal de Inmuebles veremos que el cambio más importante es la reducción de impuestos que pagarán las empresas constructoras.
Repasemos algunos aspectos para entender de qué se trata esta nueva ordenanza. El Art. 3° define que “SERÁ finalidad de la Reserva De Inmuebles con Destino Social, satisfacer la demanda de tierra para promoción de la vivienda única propia, regularización dominial, desarrollo de urbanizaciones sociales y urbanizaciones promovidas por el Estado, provisión de espacios verdes públicos de recreación y/o deportivos, localización y provisión de equipamiento comunitario”. Sin lugar a dudas en este apartado se sostiene lo previsto en la anterior ordenanza y se deja claramente establecido que el acceso a la tierra, la dotación de infraestructura, el equipamiento comunitario y la regularización dominial son las demandas habitacionales que se deben atender.
El aspecto más importante es la reducción del 5% al 2% de los aportes que la nueva ordenanza establece para las empresas constructoras. Esto impacta en la reducción de los fondos que contaría esta política habitacional y generaría una mayor ganancia de los grupos empresarios.
En lo referido a la participación social la ordenanza establece en su Art.6° Crea el Consejo Asesor Honorario donde solo se establecen tres representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil existente en la ciudad de Córdoba con experiencia debidamente acreditada en temas de tierra y vivienda y suprime la participación de la Universidades y de los concejales de la oposición entre otros actores.
El aspecto más importante es la reducción del 5% al 2% de los aportes que la nueva ordenanza establece para las empresas constructoras, ya que en el Art 10° se establece que las nuevas urbanizaciones o loteos contemplados en el Art 4° de la Ordenanza 8060/86 y 8606/91 deberán aportar el DOS por ciento (2%) de la superficie parcelaria apta para el uso privado. Esto impacta en la reducción de los fondos que contaría esta política habitacional y generaría una mayor ganancia de los grupos empresarios.
Por otra parte se incorporó el art. 11 que prevé que este el 2% en vez del 5% se cobrará de manera retroactiva, de tal manera, este artículo fija que las urbanizaciones cuyos expedientes fueron iniciados con posterioridad al tres de noviembre de 2011 deberán realizar el aporte del 2% y como si fuera poco establece que aquellas urbanizaciones que ya hubieran aportado el valor del 5% de la superficie, obtendrán el crédito fiscal, es decir que le devolverán la plata. Esto es lisa y llanamente una condonación de deudas a las empresas constructoras que según cálculos estimados llegan a unos 600 millones de pesos. Seguramente este artículo es el más cuestionado, ya que se lo considera anticonstitucional al legislar para atrás, algo que no está permitido.
Uno de los artículos que se sostiene prácticamente igual de la anterior ordenanza es el Art. 16° que establece la Creación del Padrón de Postulantes de la Reserva de Inmuebles con Destino Social, al fin de receptar las inscripciones de personas físicas que postulen para acceder a inmuebles de la Reserva. Los postulantes deberán cumplir las siguientes condiciones:
- No ser titular, co-titular y/o poseedor de otro bien inmueble.
- No ser beneficiario de otra solución habitacional por parte de los distintos niveles de Estado. Tener grupo familiar a su cargo.
- No tener relación de parentesco de ningún tipo con funcionarios municipales, provinciales o nacionales.
- Acreditar domicilio en la ciudad de Córdoba, de fehaciente en un plazo no menor de diez años.
También mantiene la posibilidad de que las Organizaciones de la Sociedad Civil existentes en la ciudad de Córdoba con experiencia debidamente acreditada en temas de tierra y vivienda podrán elevar listados de postulantes, los que deberán cumplir con todos los requisitos de la presente.
Con este padrón de postulantes sabremos cuantas familias cordobesas no tienen tierra para construir sus viviendas y en tal sentido se espera que el municipio establezca mecanismos claros y trasparentes para las futuras adjudicatarias de los lotes que produzca esta ordenanza.
El amparo: próxima audiencia
El 27 de diciembre es la audiencia para llevar los acuerdos entre la municipalidad y las tres instituciones amparistas. En tal sentido la Multisectorial ha sostenido que «en función del compromiso asumido el 9 de noviembre ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo de trabajar con el Poder Ejecutivo municipal a los fines de lograr algún acuerdo que permita la implementación de la Ordenanza 11.988, tenemos que informar que esto no se ha dado y que no hemos participado de la elaboración de ningún proyecto o anteproyecto con el Bloque de Cambiemos en el Concejo Deliberante y que el proyecto sancionado el día 7/12 no ha contado con el aval de las instituciones que conforman la Multisectorial, y que esta práctica política en nada contribuye a crear espacios donde los diversos actores participemos y protagonicemos acuerdos superadores que permitan atender la urgencia social que significa la problemática del hábitat en la ciudad de Córdoba».
Desde la Multisectorial sostienen que “hay que esperar qué dice la Cámara en lo Contencioso Administrativo, no vaya a ser que su fallo sea favor de las instituciones amparistas, lo que podría hacer tambalear la Ordenanza de Reserva de Inmuebles con Destino Social” específicamente en lo que hace a la reducción del 5% al 2 % del cobro retroactivo.
La lucha por el hábitat popular sigue, sigue
Como balance este proceso las organizaciones sociales valoran el debate público que se generó en torno a la cuestión del hábitat popular, la producción del suelo urbano y la responsabilidad de la Municipalidad en torno a este tema del cual ha estado ausente todos estos años. Y al mismo tiempo, resaltan que la ciudad de Córdoba cuente con una ordenanza que establece las funciones de la municipalidad frente al tema de la provisión de lotes con servicios, infraestructura social, equipamiento comunitario y la regularización dominial.
El año 2017 encontrará a las organizaciones sociales reclamando a la Municipalidad que implemente de manera urgente esta nueva ordenanza y empiece de una vez por todas a generar las soluciones que permita atender la demanda de las familias Cordobesas que carecen de vivienda.
*Por Marco Galán para La Ranchada. Fotos: Colectivo Manifiesto.
