De los Panamá Papers al blanqueo de capitales
Empresas offshore vinculadas al presidente Mauricio Macri y a su equipo de gobierno; Oficina Anticorrupción funcional al Ejecutivo; Ley de Blanqueo de Capitales que habilita a familiares de funcionarios; una Unidad de Información Financiera acusada de lavado de dinero; y el doble de fuga de capitales que en 2015. Es al menos, un cóctel coherente.
Si el equipo de producción periodística del diario La Nación hubiera cumplido con su mandato principal –informar a sus lectores– las elecciones del año pasado hubieran tenido un condimento impensado y decisivo. En abril se publicaron los datos de las cuentas offshore de miles de personas en la mayor filtración de la historia, los Panamá Papers. La Nación ya sabía, durante la campaña electoral de 2015, que el entonces candidato Mauricio Macri, su familia y parte de su equipo aparecían como dueños de empresas en paraísos fiscales, que se crean de tal modo y en tales lugares para, básicamente, lavar dinero. Cuestión de criterios. Y de nombres implicados.
Antes que investigar aunque sea algo, la titular de la oficina anticorrupción, Laura Alonso, aclaró que tener empresas offshore no es ilegal. Los Panamá Papers, 
en otras latitudes, pusieron en jaque a gestiones enteras. Macri –junto a Vladimir Putin, por ejemplo– fue uno de los pocos mandatarios implicados. Con el paso de los meses, el diputado Darío Martínez profundizó la investigación y presentó judicialmente documentación sobre los movimientos millonarios de Fleg Trading –la empresa offshore del presidente–, que Macri había negado. Además, identificó otras 29 offshores vinculadas al presidente y unas 18 al equipo de gobierno.
Coherente con ello es el decreto que, en contra de la ley, habilita a los familiares de funcionarios a blanquear su dinero fugado. Por este hecho ya se encuentra imputado el propio Macri, junto al ministro Alfonso Prat Gay y el jefe de Gabinete Marcos Peña. Para el caso, el área que persigue el lavado, la Unidad de Información Financiera (UIF), está bajo el mando de Mariano Federici y María Eugenia Talerico, cuestionados por su relación con bancos acusados de lavado por la propia UIF, como el HSBC.
La frutilla del postre: la fuga de capitales en los primeros once meses de gobierno duplica la del mismo período de 2015, superando los 36.297 millones de dólares.
* Nota de Pausa.com.ar
