«Intentan disciplinar para que haya menos de estas luchas»
La fiscal María Dolores Romero Díaz ordenó investigar al abogado Francisco Muzzio, miembro del Espacio Jurídico Deodoro Roca e integrante de la Comisión Directiva de la Asociación Civil Serviproh, quien se encuentra trabajando con 150 familias que comenzaron a poseer terrenos abandonados hace más de veinte años.
La Comisión de Trabajo por Tierra y Vivienda El Amanecer Joven está compuesta por familias que desde 2014 se vienen organizando tras el objetivo de la vivienda propia. Hace dos años le presentaron un proyecto de acceso a lotes con servicios y módulos para construcción de viviendas al entonces gobernador José Manuel de La Sota. Ese proyecto fue aceptado y los vecinos realizaron todas las gestiones solicitadas. Pero a pesar de innumerables promesas y compromisos asumidos por Daniel Passerini (ministro de Desarrollo Social), Sergio Lorenzatti (secretario de Políticas Sociales) y Paulo Messori (director de Hábitat de la Provincia hasta 2015), el Gobierno Provincial dilató la decisión de expropiar esos terrenos para las familias. De hecho, a fines de 2015 la familia Tagle compró de contado esos terrenos y los escrituró.
Ante la indiferencia y el engaño provincial, ciento cincuenta familias decidieron el día domingo 18 de diciembre a las 9 de la mañana comenzar la posesión pública, pacífica y permanente de seis manzanas, dentro de un predio de cuatro hectáreas, ubicado en calle Alto Alegre 1130 de la Ciudad de Córdoba. Ejerciendo su derecho a un hábitat digno ocuparon tierras para construir sus viviendas en un predio rodeado por los barrios Parque República, Villa Unión y Mirador de las Sierras. La nueva toma se denominó El Amanecer.
El abogado Francisco Muzzio, letrado que acompaña la toma vecinal, dialogó con La tinta y señaló que la fiscal María Dolores Romero Díaz ordenó investigarlo por la comisión de delitos que ni siquiera le fueron informados.
Muzzio contó que ya le notificaron sobre la investigación y que luego “procedieron a ficharme, que es confirmar mis datos con la policía judicial, y a pintarme los dedos”.
A pesar que ocupar tierras abandonadas de manera pacífica no constituye un delito, resta conocer si la Justicia avanzará con las acusaciones contra el abogado y las imputaciones por usurpación a vecinos y vecinas de la toma.
Cuando los abogados de Serviproh y del Espacio Jurídico Deodoro Roca decidieron acompañar la toma de tierra, aclarando que la cuestión se discutía en Tribunales y tenían el derecho a defenderse “con todas las de la Ley”, nunca pensaron que llegarían hasta aquí.
«Si bien no esperaba que esto sucediese, ya tenemos el antecedente de la toma de Piedra Blanca, donde esta misma fiscal intentó investigar e imputar a dos abogados que trabajan con los sectores populares en las luchas por la tierra”, indicó Muzzio.
Desde ambos espacios, instaron a que la fiscal Romero Díaz “revea su actuación respecto de la posesión que comenzaron a ejercer estas familias que simplemente se encuentran ejerciendo por sus propios medios, un Derecho Humano fundamental reconocido en nuestra Constitución Nacional, Tratados Internacionales y Leyes Nacionales, Provinciales y Municipales”. Y además solicitaron que “no obstaculice el trabajo de los abogados y abogadas que ejercen su profesión junto a los sectores excluidos de nuestra Sociedad, intentando criminalizar su labor”.
“Intentan disciplinar, no sólo a los abogados, sino al resto de las personas que militan o trabajan en organizaciones sociales del sector popular. Para que cada vez haya menos compromiso con todo este tipo de luchas” sentencia Muzzio.
Para concluir, el joven abogado es claro y determinante: “Hace muchos años que trabajamos junto a los sectores populares. Esto de ninguna manera logrará que paremos. Estoy tranquilo y convencido de lo que hago».
