Las muertes por abortos inseguros constituyen femicidios de Estado
El debate por la legalización del aborto volvió al Congreso el jueves 17 de noviembre, en el marco de una reunión informativa en la Comisión de Salud de Diputados, donde legisladores de distintos bloques, ex funcionarios y especialistas defendieron el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
La reunión, organizada por la Comisión de Acción Social y Salud Pública y presidida por la diputada Carolina Gaillard, contó con la presencia de representantes del Frente para la Victoria-PJ, Cambiemos, el Frente de Izquierda, Libres del Sur y el Frente Renovador, y militantes de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
También contó con las voces “a favor” de ex ministros de salud, la directora de Amnistía Internacional, periodistas, docentes y abogados y abogadas; por el lado de la oposición estuvo presente la abogada Ursula Basset, de la Universidad Austral, el rabino Fernando Szlajen, Fabián Romano, presidente de la Federación de Asociaciones Médicas Católicas de Latinoamérica y Ana Belén Mármola, de la Asociación Civil Frente Joven.
El encuentro tuvo carácter informativo porque Acción Social y Salud Pública no es la comisión cabecera del proyecto de la Campaña, uno de los tres que se analizó. Esto significa que no se puede emitir dictamen.
Según el comunicado de la Campaña por el derecho al Aborto legal, seguro y gratuito: “La creciente criminalización de las mujeres, avanza sobre nuestros derechos cada vez que una mujer es violentada, revictimizada por las instituciones o encarcelada por la denuncia de integrantes de equipos de salud que violan el secreto profesional” .
Y continúa: “Nuestra sociedad hace varios años viene debatiendo intensamente la problemática del aborto y los efectos negativos que el actual estatus legal del aborto en Argentina tiene para la vida, la salud y los derechos de las mujeres. Prueba de ello son las amplias movilizaciones sociales en los encuentros nacionales de mujeres, y también la incorporación del aborto legal en la agenda de #NiUnaMenos ya que la clandestinidad violenta a las mujeres y las muertes por aborto inseguro, constituyen femicidios de Estado.”
La ONU también opinó
El Comité de la ONU también recomendó que se deben establecer requisitos estrictos para evitar el uso indiscriminado de la «objeción de conciencia» de los equipos de salud.
En julio del 2016, en las conclusiones finales sobre el informe de Argentina, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas expresó su preocupación por el caso de Belén, una joven tucumana de 27 años condenada a ocho años de prisión por homicidio agravado por una supuesta alegación de aborto ilegal. Recomendó al gobierno argentino garantizar el acceso al aborto después de evaluar la inequidad de género que existe en el país.
El Comité mostró inquietud por los índices de embarazos en adolescentes y de abortos clandestinos que han desembocado en mortalidad de personas gestantes. También subrayó la necesidad de que todas las provincias tengan protocolos para la atención de los abortos legales, de acuerdo con un fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Pese a que aquí el aborto es legal cuando está en riesgo la vida de la persona o si el embarazo es producto de una violación, muchas veces se les niega ese derecho a las mujeres e incluso hay médicos que violan la ley al denunciar a las usuarias. Por eso, el Comité de la ONU también recomendó que se deben establecer requisitos estrictos para evitar el uso indiscriminado de la «objeción de conciencia» de los equipos de salud.
El informe, que se difundió en vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el próximo viernes 25 de noviembre, alertó sobre la necesidad de limitar el uso de la prisión preventiva de mujeres que cometieron delitos menores. Además, propuso el diseño de alternativas al encarcelamiento para las mujeres embarazadas y las madres de niños menores a cinco años, así como denunciar los ataques contra la dignidad humana y la integridad de las mujeres trans y travestis.
Naciones Unidas advirtió, que el estado debe adoptar medidas para prevenir los crímenes de odio, asegurar los procesos de investigación, juzgamiento y condena de los responsables y garantizar la reparación de las víctimas. Cabe destacar que el dictamen es de cumplimiento obligatorio para la Argentina ya que posee rango constitucional.
Entre otros puntos, señala:
– La criminalización del aborto y las barreras al acceso son violaciones a la obligación de respetar el derecho a la salud.
– El derecho a la información incluye a la información sobre aborto seguro y pre y post aborto.
– La calidad del acceso a la salud implica que no se impida el acceso al aborto con medicamentos.
– El derecho a la salud y la igualdad de las mujeres implica la derogación de leyes restrictivas sobre aborto y acceso a servicios de aborto seguro y prevención del aborto inseguro.
– Los Estados partes están obligados a eliminar la discriminación en sus leyes: un ejemplo de discriminación es la criminalización del aborto. También deben derogar normas que impongan requisitos como la autorización judicial o de terceras personas para el acceso al aborto.
– Los Estados parte tienen obligación de garantizar el acceso al aborto seguro.
– Es una obligación mínima la prevención del aborto inseguro
El aborto inseguro, otra manera de femicidio
Cada 29 horas muere una mujer por la clandestinidad del aborto en Argentina. Alrededor de 60.000 internaciones anuales en hospitales públicos; tienen que ver con complicaciones de abortos mal practicados. Estas muertes, tienen además un signo generacional y de clase: las mujeres que mueren son en su mayoría jóvenes y pobres.
«Ni muertas ni presas, vivas y libres nos queremos»
