Carta abierta al Estado Policial
El silencio corporativo de la prensa, el asesinato de nuestros pibes queridos, la persecución a carreros, trabajadoras formales e informales y trabajadoras sexuales, el allanamiento sin orden judicial de cualquier casa villera y el arresto de cada persona que ose enfrentarlos, son algunos de los hechos que nos obligan a repetir esta forma de expresión colectiva después de haber caminado libremente por las calles de nuestra ciudad un día por año, durante los últimos diez años.
El décimo aniversario de la Marcha de la Gorra nos motiva a un balance de la acción de su gobierno: lo que ustedes promueven bajo la bandera de Unión Por Córdoba no es más que un plan de exclusión, lo que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades.
Lo que ustedes promueven bajo la bandera de Unión Por Córdoba no es más que un plan de exclusión, lo que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades.
El 20 de noviembre del 2007 marchamos en el centro de una ciudad de la que supuestamente formamos parte, señalando con el dedo a los ejecutores de la política represiva. En esa perspectiva no sólo apuntábamos a la vigencia transitoria del Código de Faltas, sino a las prácticas criminalizantes y asesinas que esta ley avalaba, prácticas que después de la aprobación del Código de Convivencia, ustedes continuaron y agravaron.
La orientación de sus gobiernos ha fortalecido los intereses de minorías que explotan y disgregan al pueblo. Un plan semejante sólo puede imponerse si logran derrotar a quienes hoy estamos de pie enfrentando sus políticas represivas y de ajuste. Si hoy estamos aquí es para recordarles que no van a poder, que no los vamos a dejar.
Desde que comenzamos a marchar en 2007, sólo en la provincia de Córdoba hubo más de 150 muertes en manos del aparato represivo.
Sus políticas de segregación nos dividen entre ciudadanxs de primera y de segunda, levantan muros reales y simbólicos, y clasifican los barrios por colores según su supuesta peligrosidad. Mediante este diseño represivo nos persiguen, encarcelan, torturan y fusilan impunemente.
Crecen los barrios cerrados y la especulación inmobiliaria mientras reprimen a compañerxs que ocupan tierras en ejercicio del derecho a la vivienda, atacando al pueblo que empieza a organizarse. Con el hostigamiento y la represión de la Policía, el Gobierno quiere darle una advertencia a las más de 15 mil familias que viven en asentamientos.
Colmados los calabozos de las comisarías con quienes somos el blanco de su plan de seguridad, arman ustedes causas a trabajadorxs y llenan las cárceles. Para encubrir los métodos de tortura que allí utilizan, prohíben la entrada a las familias, organismos de derechos humanos, periodistas y organizaciones sociales. Han disfrazado asesinatos de suicidios, como lo hicieron con Vanesa Castaño, Jorge Reyna, Ivan Rivadero y Cristian Guevara, entre tantos otros compañeros. Las celdas de castigo, las camas de sujeción, las brutales golpizas y requisas ilegales construyen la cotidianidad de los penales. De las cárceles se sale muerto o enfermo física o psicológicamente.
Mención aparte merece la violencia de género ejercida por un Estado que además de policial es patriarcal: las violaciones y abusos en las cárceles y en los barrios, para no detener a las jóvenes y el pedido de teléfonos y datos, son prácticas que aparecen de manera permanente.
Mediante sucesivas concesiones al supuesto de que el fin de exterminar a la inseguridad justifica todos los medios que usan, impulsan ustedes una política cuya consecuencia más perversa es que nos matemos entre nosotrxs . Fenómeno que los medios venden como linchamientos, los gobiernos avalan como justicia por mano propia y la policía fogonea.
La negativa del gobierno a publicar cifras y causas de las detenciones es la cobertura de una sistemática persecución a los sectores populares con el pretexto de fraguados enfrentamientos e imaginarias victorias contra el delito.
Capos narco que viven sin asfalto, ladrones de un año y nueve meses de edad, o delincuentes que pueden robar una cartera mientras están tomando mate en su casa, son los estereotipos de un libreto que no está hecho para ser creído sino para burlar la opinión pública ante burdos montajes, mientras en lo interno se subraya el carácter de represalias desatadas en la “lucha contra la inseguridad”.
Depositarios de una culpa colectiva abolida en las normas civilizadas de la justicia de los ricos, muchos de sus blancos son pibes y pibas de nuestros barrios, trabajadorxs, estudiantes a quienes ustedes quieren volver incapaces de influir en la política que dicta los hechos por los cuales son perseguidos.
Hoy muchos de ellos estamos aquí denunciando y enfrentando sus medidas de “cuenta detenidos”, que busca elevar sus estadísticas a costa de nuestra libertad, diciendo y demostrando que no vamos a descansar hasta pararles la mano.
Mientras nos acusan de ser el origen de todos los males, saltan a la luz los casos de crimen organizado en los cuales la Policía no sólo está implicada, sino que es la principal impulsora. Oficiales robando autos, siendo parte de desarmaderos, utilizando sus puestos para alertar a los cómplices sobre los lugares donde hay controles policiales. Otros que caen en allanamientos donde les descubren las coimas que reciben para permitir las agencias de juego clandestino, o las que representan “su tajada” del negocio de la trata. Agentes separados de sus cargos por liberar presos y obligarlos a robar para ellos. Y otros que lideran bandas narco que venden cocaína desde los mismos patrulleros.
En esos enunciados se agota la ficción de la autonomía de banditas y delincuentes comunes que presuntamente administran todo el delito cordobés, sin que se enteren el gobernador Juan Schiaretti, el ministro de Gobierno y Seguridad Juan Carlos Massei o el jefe de policía Gustavo Marcelo Vélez. El Estado que ustedes administran es un Estado policial, que no comete excesos en nombre de la seguridad, sino que es la fuente misma del delito que dice combatir, y que en estos diez años no ha dejado de subir.
A la luz de estos episodios se revela finalmente el cinismo de la declaración de guerra pronunciada por uno de sus jefes: “Los que marchan son parientes o vecinos de los que delinquen”. Por eso nosotras respondemos: “No somos delincuentes, con nosotras no marchan sus parientes”.
En la política económica de los gobiernos nacionales y provinciales debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada.
Un Gobierno Nacional que dice preocuparse por la pobreza cero pero, en pocos meses, empujó a más de 1 millón y medio de personas a la marginalidad y dejó sin trabajo a más de 200.000. Que persigue a los trabajadores que se organizan para defender sus derechos y enfrentar el ajuste descargado por el gobierno macrista. En especial a las trabajadoras de la economía popular amparándose en sospechosos criterios de informalidad, criterios que “olvidan” aplicar sobre los empresarios amigos, ladrones de guante blanco que hoy ocupan los cargos más importantes de los ministerios.
De la misma manera de la mano del gobierno nacional, los gobiernos provinciales se acoplan a las políticas de la pobreza, del hambre, y de la miseria. Así lo demuestra la reducción del 7,5% del presupuesto 2016 asignado para compra de alimentos del PAICOR; el desfinanciamiento de los Centros de Actividades Juveniles; el recorte presupuestario en salud, el despido de más de 800 profesionales del Programa Médicos Comunitarios; la falta de insumos, medicamentos, aparatología y el nefasto estado de los hospitales e instalaciones públicas, el vaciamiento de los comedores por medio de la implementación de una tarjeta social de miserables 4,40 pesos por día y los planes de precarización laboral como el PPP.
Las causas que hace diez años mueven la resistencia del pueblo cordobés no estarán desaparecidas sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas.
Mientras todas las funciones creadoras y protectoras del Estado se atrofian hasta disolverse en la pura anemia, una sola crece y se vuelve cada vez más autónoma. Once mil doscientos millones presupuestados para Seguridad en 2016, el aumento del 747% en 7 años; 1261 nuevos agentes policiales en sólo un año, de los cuales 360 sirvieron para crear la nueva Policía Barrial, que dan como resultado 1 oficial cada 145 habitantes; prueban que no hay congelamiento ni desocupación en el reino de los palos y las rejas, único campo de la actividad cordobesa donde el producto crece y donde la cotización por pibe detenido sube más rápido que el dólar, la harina o la carne.
Se trata de una política de Estado que trasciende las fronteras de nuestra provincia. Por eso, a nivel nacional desarrollan una creciente intervención del Ejército en el espionaje, represión y hostigamiento de los sectores populares. Aplicaron la Ley Antiterrorista, aprobada por el gobierno anterior, procesaron a 7 mil luchadorxs entre lxs que se encuentran las presas políticas en Jujuy, Horacio Catena, los docentes de Tierra del Fuego y condenaron a cadena perpetua a los petroleros de Las Heras. Sin embargo la respuesta del pueblo no se hizo esperar: quisieron aplicar un protocolo antipiquetes que quedó guardado en sus carpetas porque no pueden con la fuerza de la movilización. Intentaron borrar nuestra memoria, negando a lxs compañerxs desaparecidxs y reivindicando genocidas, pero miles salimos a las calles a dejarles bien en claro que no hay olvido, perdón ni reconciliación.
Si una pantalla abrumadora, reflejo deforme de hechos malvados, no pretendiera hacernos creer que los policías se la pasan atendiendo embarazadas, rezando y regalando bicicletas, que Schiaretti defiende los derechos humanos o que el Jefe de Policía Vélez ama la vida, aún cabría pedir a los señores Comandantes del Estado Policial que meditaran sobre el abismo al que conducen a la provincia tras la ilusión de terminar un conflicto que, aún si mataran al último pibe de gorra, no haría más que empezar bajo nuevas formas, porque las causas que hace diez años mueven la resistencia del pueblo cordobés no estarán desaparecidas sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas.
Estas son las reflexiones que en el décimo aniversario de nuestra movilización, hemos querido hacer llegar a los miembros del Estado policial. Con la esperanza que nos da cada pelea ganada, con la certeza de que juntxs en las calles podemos pararle la mano a este gobierno y a todos los que vengan, seguimos fieles al compromiso que asumimos hace diez años. Por eso si nos preguntan “¿Cuánto más vamos a luchar?”, la respuesta es sencilla: hasta vencer.
¿Cuánto más? El Estado es responsable.
Exigimos:
Derogación del Código de Convivencia.
Acceso a información pública sobre la cantidad real de detenciones efectuadas por el Código de Convivencia y accionar policial.
Salud, educación, trabajo, tierra y vivienda, SEGURIDAD es que se garanticen nuestros derechos.
Aumento de la AUH, creación de 1 millón de nuevos puestos de trabajo y salario social complementario.
Aparición con vida de Yamila Cuello, por una búsqueda REAL de las víctimas de trata
Justicia por Laura Moyano y Diana Sacayán.
Aparición de Facundo Rivera Alegre y condena a los verdaderos responsables de su desaparición.
Justicia por Güere Pellico.
Repudiamos:
Las torturas sufridas por Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya en la Villa 2124 de Capital Federal por parte de la Prefectura Naval
La complicidad de los empresarios de la noche con la Policía y el Poder Judicial.
Basta de Gatillo Fácil
Basta de perseguir y criminalizar las luchas sociales, exigimos terminar con las políticas de persecución y represión de los sectores organizados.
Basta de perseguir y criminalizar a las trabajadoras sexuales
Basta de detenciones y procesos penales a los usuarios por tenencia, consumo y cultivo de marihuana.
Justicia por Darío Santillán, Maximiliano Kosteki y Mariano Ferreyra
Basta de FEMICIDIOS
Basta de criminalizar a lesbianas, gays, trans, bisexuales y a nuestros cuerpos y placeres diversos.
Queremos homenajear a compañeras, compañeros y a sus familias en pie de lucha.
Jorge Reyna – Jimena Arias – Nicolás Nadal – Braian Guaiman – Rodrigo Sánchez – Vanesa Castaño – Cristian Guevara – Juan Carlos Alarcón – Raúl Sánchez – Ezequiel Barraza – Matías Emanuel Panetta – Güere Pellico – Ezequiel Saldaño – Lautaro Torres – Facundo Rivera Alegre – Miguel Ángel Torres – Yamila Cuello – Laura Moyano – Santino Cabanillas – Cristian Alsogaray – Lucas Alsogaray – Omar Enrique Díaz – Julián Alvez – David Moreno – Jorge Romero – Miguel Arraigada – Ismael Sosa – Ezequiel Ávila – Lautaro Torres – Iván Rivadero
* Nota del colectivo de prensa de la Marcha de la Gorra
