Aprobaron ley de infiltración policial indiscriminada
Con la sanción del proyecto que crea las figuras de “agente encubierto”, “agente revelador” e “informante”, se fortalece el poder de quienes gerencian el crimen organizado.
La excusa del Gobierno de Mauricio Macri, con su ministra Patricia Bullrich y sus representantes en el Congreso Nacional es que con estas incorporaciones a las tareas de las fuerzas represivas del Estado se estaría contribuyendo a la investigación y resolución de los llamados “delitos complejos”.
A principios de junio, cuando el proyecto presentado en abril por el Ministerio de Seguridad obtuvo media sanción en Diputados, muchas fueron las voces que salieron a cuestionar la idea. Es que las figuras creadas por esta ley le dan más licencia para el control social y mayor poder de fuego a los brazos armados del Estado que (como está sobradamente demostrado) tienen una relación estrecha con millonarios negocios ilegales como el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando, el juego clandestino y la prostitución.
«Ahora la Policía podrá profundizar su nivel de involucramiento en los delitos complejos. Obviamente no para perseguirlos y neutralizarlos sino para gestionarlos o, en el caso de no participar directamente, encubrirlos»
Con la norma convertida ayer en ley, el personal uniformado podrá aumentar también su infiltración en organizaciones sociales a las que algún juez o fiscal considere “peligrosas” o “criminales”.
En concreto, la figura de “agente encubierto” permite que la Policía envíe a sus agentes, con identidad oculta, a que se infiltren en las organizaciones consideradas criminales a fin de “identificar, detener o impedir un delito”. Por su parte, siempre según lo votado ayer, el “agente revelador” será aquel policía que, “simulando interés en hacer un transporte, compra o consumo de bienes, armas o drogas, u otra actividad criminal” identifique a presuntos implicados en delitos y mande detenerlos.
Otra de las figuras creadas es la del “informante”. Se tata en este caso de “un civil con identidad reservada” que, a cambio de un beneficio económico, aporte datos sobre el presunto accionar delictivo de una o más personas a la Policía o la Justicia. Y a todo eso se suman las llamadas “entrega vigilada” y “prórroga de jurisdicción”, mediante las cuales un juez es autorizado a postergar la detención de personas si considera que puede “servir a la investigación”.
En síntesis, con la creación de estas figuras ahora la Policía podrá profundizar su nivel de involucramiento en los delitos complejos. Obviamente no para perseguirlos y neutralizarlos sino para gestionarlos o, en el caso de no participar directamente, encubrirlos.
Sabido es que gran parte de las personas que se encuentran detenidas en las cárceles y comisarías argentinas lo están por delitos menores contra la propiedad. Y que en el caso de los llamados “delitos complejos”, muchas de las personas apresadas son los eslabones más débiles de la cadena (los “perejiles”) o bien inocentes que cayeron en las garras de un sistema especializado en armar causas con el objetivo de barnizar de impunidad a los verdaderos criminales.
*Por Daniel Satur para La Izquierda Diario. Foto: Colectivo Manifiesto.
