Los bosques nativos de Córdoba en peligro
El Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (OTBN) que reglamenta la Ley Nacional de Protección Ambiental de los Bosques Nativos debe renovarse en cada provincia cada cinco años. Luego de una conflictiva reglamentación en 2010 en Córdoba, el gobierno provincial con plazos vencidos decidió este año abrir una “mesa de diálogo” con representantes de distintas entidades buscando transitar una actualización con mayor consenso y menor conflictividad.
En 2010 el proceso tuvo muchas irregularidades y fue acompañado de marchas y fuertes declaraciones de los distintos actores implicados que reclamaban al oficialismo provincial una reglamentación acorde a sus demandas. En esa oportunidad se presentaron en la Legislatura dos proyectos de reglamentación de bosques. Uno elaborado por la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (COTBN) que, en un proceso participativo (de casi dos años) tuvo fuerte apoyo de sectores académicos, organizaciones ambientalistas y el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC). El otro, elaborado por Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ), se presentó con el aval de otras entidades rurales como Federación Agraria Argentina (FAA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA).
El proyecto finalmente aprobado en legislatura cordobesa (más cercano al de CARTEZ), no cumplía con los requisitos mínimos que exigía la Ley nacional y presentaba importantes falencias técnicas. Esto inhabilitó a la Provincia a recibir las compensaciones que contemplaba la ley hasta que, por decreto del gobernador, la reglamentación tuvo que ser adecuada en agosto de 2013 a la ley nacional. El proyecto aprobado originalmente fue fuertemente criticado por los sectores del empresariado rural y por los sectores enmarcados en la COTBN.
Buscando evadir los costos políticos que significó la reglamentación de 2010, la provincia convocó en agosto a una mesa de diálogo a representantes de sectores del empresariado rural (CARTEZ y FAA), el Movimiento Campesino de Córdoba, el Foro Ambiental Córdoba, el INTA, la Universidad Nacional de Río Cuarto, el Instituto de Derecho Ambiental de la UCC, la Policía Ambiental y funcionarios provinciales (por agricultura y ambiente) para discutir la actualización requerida por la ley nacional.
En una primera etapa la mesa sirvió para el intercambio de distintos sectores con amplitud de criterios. Pero a fines de septiembre representantes de Sociedad Rural Argentina, CONINAGRO CARTEZ y FAA, desconociendo el espacio de diálogo que seguía en funcionamiento, presentaron en la legislatura un proyecto de OTBN posicionándose sobre las bases de la nueva reglamentación.
La argumentación de esta propuesta se centra en la idea de que los ecosistemas con algún nivel de deterioro no se recuperan sin la intervención humana y proponen habilitar actividades productivas en todos ellos. Esta idea fue rebatida holgadamente por técnicos y ecólogos en un documento público. En este no solo se cuestiona la actividad ganadera empresarial como factor de recuperación del bosque nativo sino que deja plasmado que la enorme pérdida del mismo está vinculada al avance de la frontera agropecuaria sobre estos.
Consultado por el proceso el biólogo Aníbal Cuchietti, del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (CONICET-UNC), miembro del Foro Ambiental Córdoba y participante de la mesa de diálogo de la provincia comentó: “Entendemos que la provincia quiere tener una nueva reglamentación de OTBN este año. Nosotros decidimos participar de la mesa que convocó la provincia como un espacio participativo y constructivo para poder aportar la información científica preexistente necesaria para desarrollar un OTBN lo más correcto posible”. “De todas formas, en base a las instancias anteriores de OTBN, podía pasar que algún actor decidiera jugar por afuera de la mesa de diálogo mostrando sus intereses tanto en los medios como directamente con los legisladores”, agregó.
La protección de los bosques nativos además de los numerosos servicios ecosistémicos que brindan a toda la sociedad (regulación hídrica, regulación climática, reserva de biodiversidad, arraigo cultural, actividades productivas de baja intensidad, entre otras) implica también la posibilidad de que numerosas familias campesinas que utilizan estos bosques puedan permanecer en el campo.
La provincia de Córdoba, que contaba a comienzos del siglo XX con 12 millones de hectáreas de bosque nativo, en la actualidad tiene menos del 5% de esa superficie. El avance de la empresa agropecuaria sobre el bosque está vinculado a los procesos de desmonte, desalojo y éxodo campesinos. La reglamentación aprobada en 2010 restringió este proceso y sobre esta limitación es que hoy quieren avanzar los sectores empresariales del agro.
*Por Diego Cabrol para Notas
