Fue sobreseída Magalí Tabarez, la joven testigo de violencia policial
Luego de 10 meses de angustia, finalmente terminó la pesadilla para Magalí Tabarez Melián. El 18 de diciembre pasado, la estudiante de psicología fue detenida violentamente y amenazada por la Policía por observar y cuestionar un operativo policial en el que estaban golpeando a un joven ensangrentado en pleno centro de Córdoba. Por preguntar, fue imputada por lesiones leves calificadas, resistencia a la autoridad y entorpecimiento funcional. Finalmente, Magalí fue sobreseída.
Por primera vez en mucho tiempo Magalí Tabarez Melián respira aliviada. Su abogado defensor Sergio Job -integrante del Espacio Jurídico Deodoro Roca- no puede ocultar su alegría y desahogo al enterarse de la noticia: “Ya está, sobreseída totalmente, en todo, se puede quedar tranquila Magui”.
Dos semanas antes, el fiscal José Bringas había pedido la elevación a juicio contra la joven psicóloga por tres delitos en concurso real: lesiones leves calificadas, resistencia a la autoridad y entorpecimiento funcional. Ante tal situación la defensa de Magalí presentó al mismo Juzgado de Control Nro. 2 el pedido de oposición y de sobreseimiento por todos los delitos imputados.
Finalmente, luego de analizar ambas solicitudes, la jueza Laura Barale dictaminó que no había motivo alguno para procesar a Magalí, determinando de esta manera el sobreseimiento en los tres cargos.
Violencia institucional
El día 18 de diciembre de 2015, Magalí volvía de una práctica de campo que estaba realizando para recibirse como psicóloga cuando frente a la Galería Gran Rex observó un tumulto de personas y a varios policías rodeando a un joven que tenía el rostro ensangrentado. Se acercó y preguntó qué ocurría: una de estas personas se identificó como policía de civil, acto seguido se acercó un uniformado y le pidió el DNI, y al manifestar ella que no lo tenía consigo, amenazaron con detenerla.
Ante esto, Magalí intentó retirarse, pero fue arrojada violentamente al piso por cinco oficiales -todos hombres-, quienes le rompieron la mochila, la golpearon, y la subieron a un móvil, en el cual ya se encontraba esposado y ensangrentado el joven al que golpeaban momentos antes.
Ambos fueron llevados detenidos a la Comisaría 1ra., donde Magalí vivió situaciones de gran angustia, con amenazas incluídas por parte de los propios policías, quienes le dijeron, entre otras cosas: “Vas a terminar como Mariano Ferreyra”. Finalmente, fue alojada junto al joven en el EP 9.
Durante la noche y el día siguiente -sábado-, una masiva movilización con fuerte difusión mediática presionó a la Policía y a la Justicia, logrando la libertad de la joven en menos de 24 horas.
Violencia estatal con rostro legal: la imputación y los meses siguientes
Al ser liberada, Magalí expresó a ECOS Córdoba estar “muy contenta, muy emocionada, sobre todo porque muchas personas se han movilizado a partir de la detención”, destacando que el haber sido detenida “fue una vez más un acto muy injusto por parte de la Policía, sólo por mirar, por preguntar».
«No intercedí en ese procedimiento, no me metí al medio, sólo pregunté a dos personas que estaban a un costado y resultaron ser policías civiles”, indicó. En la alegría del momento, nada hacía prever lo que seguiría en los meses subsiguientes.
La causa de Magalí recayó en la Fiscalía 1 Turno 6, a cargo de José Bringas. Se tomaron de dos policías, quienes la acusaron de diversos delitos, y de un testigo civil. Los demás policías presentes aquel día manifestaron no tener claridad de lo ocurrido.
Magalí tenía la esperanza de que la Justicia pudiera contenerla y protegerla: nunca se imaginó que, en el mes de febrero, el fiscal rechazaría investigar a los policías, y que a su vez la imputaría a ella por dos delitos: lesiones leves calificadas y entorpecimiento funcional.
La grave actuación del fiscal no terminaría en ese hecho: hace dos semanas, el 11 de octubre, Bringas entendió que Magalí debía ser procesada, por tanto debería iniciarse un juicio en su contra, agregándole un delito más (resistencia a la autoridad), y no sólo eso: el fiscal juzgó que todos los delitos debían ser considerados en concurso real, es decir, de encontrarse Magalí culpable de los tres, las penas serían acumulativas. Con estos argumentos, Bringas pidió la elevación a juicio para Magalí, recayendo la causa en el Juzgado de Control Nro. 2.
El abogado Sergio Job, que trabajó en la defensa de Magalí durante estos meses, explicó a ECOS Córdoba que “el fiscal pidió la elevación a juicio sin más argumentos que la propia denuncia que realiza el policía y su compañero, lo cual, desde el punto de vista jurídico es una locura».
«En el operativo participaron muchos más policías que no pudieron dar cuenta de lo que sucedió. Además se había juntado un cúmulo de persona alrededor del hecho -los mismos policías relatan que era una multitud- y no hay un sólo testimonio que pueda dar cuenta de lo que se la acusa a Magalí. Por el contrario, el único testigo civil que nosotros logramos encontrar de los hechos dice una versión absolutamente distinta a la planteada por la policía”, aportó el letrado.
¿Ni una menos? La violencia de género como parte intrínseca de la violencia estatal
El pedido de elevación a juicio llegó el martes 11 de octubre. Luego de un fin de semana en el que se destacó la fuerte represión policial en el Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario y previo a la masiva marcha “Ni Una Menos” del día 19, se hacía efectiva la solicitud para criminalizar a una joven que había sido maltratada durante una noche entera por un grupo de hombres uniformados.
La violencia de género se hizo visible, en este caso, como parte indisoluble del aparato represivo estatal, que intenta ser matizado mediáticamente por pintorescas campañas y hashtags en cuentas oficiales.
Es notorio que desde la Fiscalía no sólo se intentó enjuiciar a Magalí, sino que se cubrió el delictivo accionar policial: en el pedido de sobreseimiento, el abogado Sergio Job destaca que “no existe ninguna prueba de convicción que pueda dar cuenta de lo que se la está acusando, y no sólo eso, sino que lo que hay, por el contrario (…) Son delitos por parte de las fuerzas policiales, que no han sido investigados por la Fiscalía, ni mandados a investigar”.
No te metás
Aquel 19 de diciembre, apenas liberada, Magalí relataba: “Que estuviéramos ahí mirando, especialmente yo que pregunté, molestó tanto que me terminaron deteniendo y por eso tengo los cargos (…) porque me agarraron entre cinco tipos para que yo no me vaya, entonces me sentí muy mal, muy violentada, y fue muy difícil”.
Sergio Job sostiene que hay un mensaje detrás de este accionar policial y judicial: “Que cualquier persona que se detenga para ver por qué razón hay un chico sangrando y la Policía pegándole, puede ser detenida, amedrentada, amenazada, y que la Justicia va a accionar contra esa persona”.
La organización como respuesta
En retrospectiva, resuena con fuerza el primer testimonio de Magalí cuando era liberada el 19 de diciembre. Decía ella en aquel momento: “Ahora que todas las personas se convocaron, la causa se agilizó un montón, en menos de 24 horas quedé libre. Eso es lo más importante que tengo para decir: que estoy feliz de la organización y de las personas que somos, porque luchamos. Esta presión generó mucho, y a la vez es un gran encuentro para todos los que están en este momento acá”.
En este tiempo transcurrido, medios alternativos estuvieron presentes en amplias coberturas, diferentes organizaciones sociales acompañaron, se solidarizaron y movilizaron en más de una ocasión, y el acompañamiento jurídico realizado por Job, como integrante del Espacio Deodoro Roca, fue entendido también como parte de una acción más amplia: la organización colectiva como respuesta ante las diferentes violencias que el Estado genera.
¿Justicia?
Si bien la noticia del sobreseimiento de Magalí reviste gran importancia, por la negativa de la jueza Barale de continuar en la línea criminalizadora de Bringas, debe destacarse que la violencia institucional aún continúa: nadie ha investigado a los cinco policías que agredieron gravemente a ambos jóvenes esa tarde de diciembre y que hoy continúan uniformados, armados y patrullando el centro de la ciudad de Córdoba. Magalí, aún siente el mismo miedo cada vez que los ve pasar.
Quedará pendiente iniciar las investigaciones para sancionar los delitos cometidos por estos policías, y analizar el accionar de una fiscalía que sostuvo absurdamente, durante diez meses, una acusación luego desestimada en menos de tres días por el Juzgado de Control.
*Por Esteban Morales para EcosCórdoba
