«Lo que para algunos es seguridad, para los jóvenes es inseguridad»
Una crónica del diario La Nación de julio pasado cuenta cómo una vecina en Vicente López y un vecino de Palermo le agradecen los Operativos de Control Poblacional Conjunto (OCPC) puestos en marcha por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que les permiten caminar por las calles “sin temor a ser víctima de un delito”.
Una gacetilla del Ministerio de Seguridad provincial muestra al subsecretario de Seguridad, Alejandro Burzaco, y al titular de esa cartera bonaerense, Cristian Ritondo, sonrientes en uno de esos “operativos” en Escobar, en donde hablan de “saturación”, “objetivos estratégicos” y “coordinación” entre todas las fuerzas para “recuperar la tranquilidad”.
La Nación titula: “Nuevos controles callejeros: hay 5 detenidos por día”. ¿Quiénes son esos detenidos? ¿Los detienen? ¿Los requisan sin orden judicial, los verduguean y los dejan seguir? ¿A quién controla el “Control Poblacional”? ¿A qué vecinos lleva tranquilidad?
Entonces, La Garganta Poderosa denuncia las amenazas, los golpes, los simulacros de fusilamiento de un grupo de prefectos contra Iván Navarro (18 años) y Ezequiel Villanueva Moya (15 años) en la villa 21-24 y reclama control popular sobre las fuerzas de seguridad. En la denuncia de La Poderosa pueden estar las respuestas a aquellas preguntas.
Mapeo de situación
Esteban Rodríguez Alzueta, abogado especialista en sociología del delito e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), advierte que los Operativos de Control Poblacional Conjunto no traen una ruptura con las políticas de “saturación” aplicadas por Sergio Berni, quien fue virtual ministro de Seguridad en los últimos años del kirchnerismo. Durante el gobierno de Cristina Fernández se aplicó el Operativo Centinela, que puso a la Gendarmería a patrullar el Conurbano y los barrios pobres de la Ciudad de Buenos Aires.
Durante la gestión de Berni, La Poderosa denunció a la Gendarmería por liberar el barrio Zavaleta durante el enfrentamiento entre dos bandas. Aquellos tiros mataron a Kevin Benega, un niño de 9 años de la familia de La Poderosa. Los operativos conjuntos entre Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeropuertuaria son una herramienta que Bullrich encontró al llegar al ministerio.
“Tanto Berni como Bullrich asocian la ‘seguridad‘ a la Policía y a las intervenciones de ‘prevención situacional o ambiental’. Las respuestas que viene ensayando el Ministerio a partir de la multiplicación de puntos de control en las arterias que conectan las periferias con las zonas residenciales, los allanamientos masivos, la saturación de determinadas fuerzas de seguridad en los barrios considerados como ‘zonas calientes’, que reafirman estigmas sobre esos lugares, son más de lo mismo”, resume Rodríguez Alzueta.
“Te voy a matar, si igual nadie te va a reclamar”, les dijeron los prefectos
¿Y a quiénes se detiene en esos operativos? Iván contó que el sábado 24 de septiembre vio a la Policía Federal detener a Ezequiel para pedirle los documentos, como tantas otras veces. Se acercó a saludarlo para ver qué pasaba y él también tuvo que mostrar su documentación. Pasaron el retén, después de que los federales los insultaran y pusieran en duda si la campera deportiva que llevaba puesta no había sido robada. Minutos después tres móviles de la Prefectura, con cuatro agentes en cada coche, los levantaron y los llevaron hasta la garita de Osvaldo Cruz e Iguazú. Ahí los golpearon por primera vez. Luego les cubrieron la cabeza para llevarlos atrás de una fábrica al borde del Riachuelo e iniciar una hora de amenazas, golpes y torturas. “Te voy a matar, si igual nadie te va a reclamar”, les dijeron los prefectos.
Si bien los operativos y los procedimientos por averiguación de identidad no son prácticas nuevas entre las fuerzas, algo cambió en el clima políticas desde la llegada de Cambiemos al poder. En enero, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires avaló, en su fallo en el “Caso Vera”, que la Policía detenga a cualquier persona en la calle sin motivo ni orden judicial con el argumento de la “prevención”, siempre de la mano del “olfato policial”.
“El Poder Judicial está mandando algunos mensajes que blindan este tipo de intervenciones violentas y le agregan legitimidad al ensañamiento de las fuerzas de seguridad con determinados sectores de la sociedad. Cuando hablamos de detención por averiguación de identidad estamos hablando de una práctica selectiva: sabemos que en la Argentina tenés más chances de ser detenido y cacheado si sos joven que si sos adulto; si sos joven morocho, que si sos joven blanco y si sos joven morocho que viste ropa deportiva, más que cualquiera”, advierte Rodríguez Alzueta, integrante del Laboratorio de Estudios Sociales y Culturales (LESyC).
El martes pasado, Iván asistió al canal de noticias C5N para relatar lo ocurrido la noche de las torturas: “Escuché un disparo y no podía ver a Ezequiel porque me tenían mirando hacia otro lado. No escuché más a Ezequiel (…) Me agarraron y pusieron con la cabeza mirando al Riachuelo: ‘¿Te sabés el Padre Nuestro? Rezalo así no te mato’, me amenazaron. Ahí volví a ver a Ezequiel, estaba vivo y le seguían pegando. Ponían música y bailaban. Nos hacían hacer flexiones de brazos. ‘El que gana se salva. El otro termina muerto’, nos decían”, contó. En la madrugada del miércoles, horas después de volver al barrio, vio cómo la Prefectura golpeaba a un pibe contra la pared al grito de “van a cobrar todos porque nos escracharon en los medios”.
Un protocolo con olfato policial
Dos meses antes de la noche del 24 de septiembre, la ministra Patricia Bullrich firmó el “Protocolo de Actuación para la realización de allanamientos y requisas personales”. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció que el protocolo avanza en contradicción con el Código Procesal Penal de la Nación ya que habilita a las fuerzas de seguridad a detener y realizar requisas sin orden judicial, otra vez, acudiendo a la autonomía del “olfato policial” o a información anónima (llamadas al 911, por ejemplo).
“Es como si la decisión de un Ministerio pesara más que la de una ley que fue debatida por el Congreso”, alertó Federico Efron, coordinador del área de Litigios y Defensa Legal del CELS, y agregó: “Este Protocolo habilita a las fuerzas de seguridad a ir, durante su actuación, más allá de los límites que le impone una ley nacional, lo cual es peligroso”.
La semana pasada, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal número 3, encabezado por la jueza Claudia Rodríguez Vidal, rechazó un amparo colectivo interpuesto por el organismo que solicitaba una medida cautelar para suspender el poder de acción del protocolo relacionado a las requisas.
En la fundamentación del reglamento, el Ministerio de Seguridad cita la Ley Orgánica de la Policía Federal, lo que para Efron enciende las alarmas: “Bullrich comete dos errores graves: se basa en una ley que fue derogada en parte por el Congreso tras la muerte de (Walter) Bulacio y, por otro lado, cita una ley exclusiva de la Policía Federal para fundamentar un protocolo que afecta a todas las fuerzas”. Justamente, el punto modificado tras el asesinato de Walter Bulacio en 1991 fue el 5 de la ley orgánica, destinado a limitar el accionar policial respecto de la averiguación de antecedentes.
“Bullrich hace como que esa modificación que sucedió vía Congreso no existe”, subrayó el coordinador del CELS. El asesinato de Bulacio fue el primer aviso tras la vuelta de la democracia sobre la violencia policial, sobre el peligro de darle autonomía, y el Estado fue condenado en 2003 por CIDH. Sin embargo, “no se llevó adelante un trabajo serio y profundo para transformar las prácticas policiales y erradicar las detenciones arbitrarias”, advirtió el CELS.
Respecto del protocolo firmado por Bullrich, Efron agregó que es poco claro respecto de las condiciones para realizar un procedimiento y que “salvo razones de urgencia” no obliga a la fuerza a consultar al Poder Judicial. “Eso le da facultad al policía para que decida qué es una razón de urgencia y qué no. Además, habilita a imputar por resistencia a la autoridad a quien se niegue a una requisa”, advierte.
Si el protocolo es el que rige los OCPC, es algo que tampoco queda claro. Según la información oficial difundida hasta el momento, los operativos produjeron en sus primeros dos meses 312 detenciones (5 por día). Pero ¿cuántas personas fueron requisadas? 85.445. O sea que en el 99,64 por ciento de los procedimientos, las fuerzas tuvieron mal olfato. “El protocolo no puede servir para otra cosa más que para estigmatizar a pibes pobres”, sentenció Efron.
A fines de septiembre, el Centro de Estudios en Política Criminal y DD.HH. (Cepoc), en colaboración con otros organismos, publicó los datos del primer semestre del 2016 del Registro de Casos de Violencia Estatal (ReCaVE). A partir de un relevamiento de información periodística, ante la falta de información oficial, denunciaron 15 casos de detenciones arbitrarias y 15 de gatillo fácil.
Sobrestigmatización
“Estoy en representación de todos los que no lo pudieron contar”, lamentó Iván ayer en una multitudinaria conferencia de prensa en referencia a los pibes de barrios pobres que no pudieron denunciar las torturas sino que fueron víctimas mortales de esas prácticas. Otros cientos son víctimas de los cacheos y el verdugueo diario en los operativos policiales de “prevención”, pero sus voces no cuentan con el respaldo de una organización que los proteja.
Estoy en representación de todos los que no lo pudieron contar
“Las políticas de prevención buscan atender el sentimiento de ‘inseguridad’ sin dar cuenta que lo que para algunos vecinos es seguridad, para otros, los jóvenes, es inseguridad. Esas prácticas de prevención situacional se transforman en detenciones sistemáticas de averiguación de identidad, en destrato y maltrato verbal, prácticas que continúan humillando a los jóvenes y certifican los prejuicios que ellos cargan en el mismo barrio, contribuyendo a generar malos entendidos entre las distintas generaciones de vecinos”, propone el investigador Rodríguez Alzueta, autor y compilador del libro Hacer Bardo (Editorial Malisia), que ofrece una mirada sobre la estigmatización social que arrincona a un sector de la juventud: “No hay olfato policial sin olfato social”, sostiene.
El investigador de la UNQ precisa que “las políticas de ‘prevención’ del delito son en realidad políticas de prevención del miedo al delito. Se habilita a las fuerzas policiales a estar en el territorio para agregarle certidumbre a la vida cotidiana, pero no significa que disminuya el delito sino que lejos de llevar tranquilidad y crear mejores condiciones para pensar cómo convivir terminan reproduciendo el sentimiento de inseguridad”.
“Las palabras filosas que los vecinos van tallando para nombrar al otro como problema, como peligroso, crean condiciones de posibilidad para que la Policía se ensañe con determinados sectores de la sociedad. El mito del ‘pibe chorro’ se construye a partir de un reservorio bestial que existe en el imaginario social que actúa como insumo para activar las pasiones punitivas de la vecinocracia”, analiza el Rodríguez Alzueta y menciona pasadas figuras estigmatizantes: “el drogadicto de la década del ochenta, el subversivo en la década del setenta, el del hippie de la década del sesenta, el descamisado de los cuarenta, el anarquista ‘tira bomba’ de la década del 20 y 30, el gaucho malo y el indio salvaje”.
Estigmatizados por los vecinos y sobreestigmatizados por la policía que al perseguirlos confirma los prejuicios y cuenta con un cheque en blanco para catalogar y aplicar su fuerza represiva, los jóvenes quedan acorralados. “Donde hay un cliché —los jóvenes son todos vagos”, “los jóvenes te matan por una zapatilla”— no hay una pregunta, hay una incapacidad de escuchar al otro, una incapacidad de pensarlo y difícilmente se lo puede sentir”.
Control y organización popular
Ante centenares de vecinos, docentes e integrantes de organizaciones sociales que se acercaron ayer a la garita de Osvaldo Cruz e Iguazú, Nacho Levy, referente de La Poderosa, pidió “conformar un espacio de conjunto para defender los Derechos Humanos de los villeros y lograr que se apruebe un proyecto de ley de Control Popular a las Fuerzas de Seguridad”. Y recordó la experiencia de la garita de los “vecinos sin gorra” construída en la Plaza Kevin por la organización como mecanismo para motorizar denuncias en contacto directo con el CELS y la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin).
Rodríguez Alzueta, por su parte, recordó las “Mesas Barriales de Seguridad” creadas durante la gestión de Nilda Garré al frente del Ministerio de Seguridad, y desarmadas durante la gestión Berni. “El Estado aparecía por primera vez convocando a las organizaciones sociales a la discusión de los problemas y el control de las políticas de intervención de las fuerzas de seguridad en los barrios. Sin estos contrapesos, sin la participación social, lo que se propone es la intervención descontrolada con carta blanca para las policías”.
*Por Nahuel Lag para Revista NAN. Fotografía: SubCoop y Emergente.
