Aparato represor en la Villa 21: secuestro, torturas y persecución
Un grupo de tareas de la Prefectura Naval Argentina acosó y agredió a dos adolescentes de 15 y 18 años que forman parte de la organización La Garganta Poderosa. Tras la denuncia judicial, amenazaron de muerte a uno de ellos.
La semana pasada, Ezequiel de 15 años e Iván de 18, miembros de la revista La Garganta Poderosa, denunciaron a efectivos de la Policía Federal y a la Prefectura Naval Argentina por haberlos torturado primero y robado después.
Según el relato de los adolescentes, el sábado 24 de septiembre efectivos de la Federal los pararon cuando transitaban por la Villa 21. Les pidieron documentos y los requisaron. Luego los dejaron ir, aunque antes los maltrataron e intimidaron.
A pocos metros, fueron interceptados por tres móviles de Prefectura, con cuatro efectivos cada uno. Los hicieron ingresar a uno de los vehículos y los trasladaron a una garita ubicada en la esquina de Osvaldo Cruz e Iguazú. Allí, los golpearon. Luego, les taparon la cabeza y los subieron a otro auto.
Los trasladaron a un descampado lindero al Riachuelo y les hicieron un simulacro de fusilamiento. «Cuando ya había unos 10 prefectos, uno dijo que nos iban a matar porque, total, nadie nos iba a reclamar», relataron los adolescentes a través de un posteo de la organización en las redes sociales. Después llegaron las trompadas en la cara y palazos en las piernas.
«Nos obligaron a tirarnos al piso y hacer flexiones de brazos, hasta que uno le saltó sobre la espalda a Ezequiel y otro me preguntó dónde quería el tiro (…) Alterados, como sacados, nos esposaron a un caño y dispararon varios tiros al aire mientras nos quitaban las camperas», manifestó uno de los damnificados. También les colocaron un cuchillo en el cuello y les sacaron las zapatillas y las cadenitas.
Justo ahí, a pocas cuadras de la Parroquia Caacupé, uno de los prefectos puso su arma en la nuca de Iván, para obligarlo a rezar. “Dale, un Padre Nuestro para que no te mate, dale”. Y al final, cuando por fin accedieron a soltarles las manos, los encañonaron por la espalda, con una escopeta: “Corran bien rápido, o van a ser boleta”.
El pasado viernes se presentaron en la Fiscalía de Pompeya para prestar declaración y, entre otros, los recibió el prefecto Leandro Adolfo Antúnez, uno de los torturadores. Reconocido por los muchachos, Antunez fue detenido por orden del fiscal Marcelo Munilla Lacasa, que además pidió la remoción de los agentes que intervinieron.
“Quizás ahora, a partir de nuestra denuncia, las cosas se pongan todavía peor y termine muerto. ¿Por qué decidimos denunciarlo igual? Porque hay muchos otros pibes que están pasándola mal”, señaló uno de los jóvenes.
Aparato represor
Además, de la denuncia en la Justicia -siempre tan esquiva- uno de los muchachos accedió este lunes a presentarse en un programa televisivo para denunciar las torturas sufridas.
De regreso, vio cómo dos prefectos golpeaban a un joven contra la pared de la Casa de la Cultura. Se acercó para mirarles la identificación y escuchó los motivos del hostigamiento: «Ahora van a cobrar todos, por habernos escrachado en los medios».
Iván manifestó que fue él quien los había denunciado, que dejaran al chico en paz. Y uno de los agentes le dijo: «¿Así que fuiste vos, pedazo de hijo de puta? Empezá a correr…».
El muchacho corrió hasta su casa, cargado de impotencia, mientras un prefecto lo perseguía e intentaba sacar su arma. Si no corría, lo mataban. Y si lo mataban, no lo contaba nunca más.
El agente fue fotografiado, pero no llevaba su placa identificatoria, pese a que tiene la obligación de tenerla visible.
La visibilización del caso hizo que además de los tres efectivos que integraban la patrulla identificada por el fiscal Munilla Lacasa, otros cuatro prefectos se pusieran a disposición de la Justicia. Los siete torturadores quedaron detenidos en el Penal de Marcos Paz.
Detenciones ilegales
Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el grave caso de Ezequiel e Iván se enmarca en los «Operativos de Control Poblacional Conjunto», nuevos protocolos impulsados por el Ministerio de Seguridad de la Nación que habilita requisas sin órdenes de la Justicia.
La institución detalló que “luego de que este Protocolo se pusiera en vigencia, el Ministerio de Seguridad de la Nación anunció que en los primeros dos meses 85 445 personas fueron interceptadas en el área metropolitana de Buenos Aires. Según el Ministerio, solo 312 fueron detenidas, es decir que el 99,64 por ciento de las interceptaciones y posibles requisas tuvieron un resultado negativo. Estos procedimientos vulneran derechos constitucionales como la libertad y la privacidad de las personas interceptadas y requisadas”.
Emulando el tristemente célebre Código de Faltas de Córdoba, en los últimos meses las fuerzas de seguridad bonaerenses han realizado cientos de razzias indiscriminadas, camufladas como detenciones por averiguación de identidad.
(*) Foto de tapa: La Garganta Poderosa.
