“Pequeño” avance contra la violencia policial
La Cámara de Acusaciones aceptó una apelación para ordenar a un juez de control analizar un Habeas Corpus para frenar las detenciones arbitrarias por parte de la policía.
En horas de la mañana del lunes 3 de octubre, mediante Conferencia de Prensa, organizaciones sociales anunciaron un avance judicial en la lucha contra la violencia policial en Córdoba. El 07 de septiembre pasado, la Cámara de Acusaciones dio lugar a una apelación para exigir que el juez de control, Esteban Ignacio Díaz, acepte recibir y analizar un Habeas Corpus preventivo y colectivo para frenar las detenciones arbitrarias.
Se trata de una herramienta procesal y constitucional a la que podemos recurrir cuando “se siente que la libertad ambulatoria se ve restringida o anulada”, señala el abogado Maximiliano Campana, de la asociación civil Clínica de Interés Público (CLIP), en la Conferencia de Prensa realizada en el sindicato Luz y Fuerza.
El recurso había sido presentado en mayo de 2015, luego de realizarse los llamados operativos saturación de la Policía de Córdoba, también conocidos como “razzias” o “razias”. Se trató de una serie de procedimientos, de organización sistemática, donde los uniformados arrestaron y detuvieron arbitrariamente a vecinos de distintos barrios populares de la ciudad de Córdoba, mediante el uso del Código de Faltas de ese entonces; apuntando a los hechos ocurridos el 2 y 3 de mayo, y los días 22 y 23 de ese mismo mes.
En un comienzo, el juez Díaz había rechazado el Habeas Corpus y su decisión fue apelada por distintas organizaciones sociales. Ahora, un año después, se aceptó la apelación y la justicia deberá analizar las pruebas para determinar si hay una real amenaza o no por parte de la policía.
Las organizaciones que habían participado de la presentación del Habeas Corpus, además de vecinos afectadas, son CLIP, La Poderosa, La Brújula Barrial, Biblioteca Popular Hugo Robledo, La Minga, La Coordinadora Antirrepresiva, entre otros.
Las pruebas, que se supone están siendo ahora analizadas por el juez, están compuestas por testimonios de las víctimas de las razzias, documentos particulares y recortes periodísticos. También se exige que la Policía entregue información oficial sobre los arrestos de esos días.
“Lo vemos como una pequeña victoria”, señaló Julio Pereyra, vecino de barrio Yapeyú, quien fue uno de los tantos detenidos en aquellas razzias de mayo de 2015. A pesar del cambio de gobierno – en ese entonces, el gobernador era José Manuel de la Sota- y con la reforma del Código de Faltas (hoy Código de Convivencia), el joven señala que “la Policía sigue deteniendo a pibes sin motivos, generando represión a los sectores vulnerados”, y recuerda sobre el abuso policial ocurrido en barrio Los Cortaderos en abril de este año.
“Lo que estamos esperando es que el juez llame a declarar a los testigos que propusimos”, aclaró Agustín del Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos. De ahora en más, se tendrá que esperar qué decisión tomará el juez al respecto, luego de analizar las pruebas.
Fuente: Marcha de la Gorra. Foto: Colectivo Manifiesto.
