Narcotráfico Cero: cómo fracasar desde el principio
El Presidente Macri, con la brutalidad propia de los neófitos, termina de presentar el programa “Argentina Sin Narcotráfico”, que desde el título nos recuerda el ideal lírico de “Un Mundo Sin Drogas”, propuesto por Naciones Unidas en 1998, uno de los argumentos (uno más) para profundizar la denominada “guerra contra las drogas”, que ha costado más vidas que el total de víctimas provocadas por el consumo abusivo de sustancias. Ideal imposible y quizá inconveniente de alcanzar, como lo muestra, entre otros, el periodista Emilio Ruchansky en su libro “Un Mundo Con Drogas” (Editorial Debate).
Desde las antípodas, más de doscientos sesenta jueces, fiscales y defensores de todo el país suscribimos un documento titulado “A 30 años de Bazterrica – Declaración de Magistrados Argentinos por una Política de Drogas respetuosa de los Derechos Humanos”. Mujeres y hombres que trabajamos en el Poder Judicial, a lo largo y ancho de la extensión territorial, que como operadores del sistema estamos convencidos del fracaso generalizado de las políticas públicas en materia de estupefacientes en lo que a ejercicio de las libertades individuales se refiere, regulación de mercados, acceso a la asistencia de los consumos problemáticos y control de las redes de narcotráfico de gran escala.
En Tecnópolis Macri lanzó un discurso plagado de lugares comunes y sentimentaloides, impropios de un mandatario (“la droga genera un aumento exponencial de la violencia en la sociedad”, “la droga ataca al núcleo más importante que tenemos en este país, que es la familia”, “termina captando a nuestros chicos que terminan asesinando sin darse cuenta lo que están haciendo”, “la droga se ha extendido por todo el país”, “la droga corrompe las personas y las instituciones”) que, en rigor, no conviene responder para evitar disminuir el nivel de la discusión que se merece la sociedad argentina.
El discurso puede diferir de las plataformas programáticas, pero lo cierto es que, en buena medida define los cursos de acción, máxime cuando provienen de una autoridad política como lo es el Presidente de la República. El discurso nos hace pensar que, mal que nos pese, nada cambiará en materia de drogas, y hasta es posible que el panorama empeore, si es que ello fuera factible.
¿En qué consiste el programa Argentina Sin Narcotráfico?
El documento, en buena medida caracterizado por la continuidad del lenguaje bélico (“dar la pelea”, “combatir el narcotráfico”) se trata de una serie de enunciados genéricos, que distan de constituir un programa concreto y sistemático para abordar con seriedad una cuestión de esta índole.
Llama la atención la convocatoria para unir a los tres poderes del Estado, las Organizaciones No Gubernamentales, la Iglesia y la Sociedad Civil en el mismo objetivo de “combatir” al narcotráfico. Sinceramente no llegamos a comprender cuál sería el rol de la Iglesia en ese cometido. Aunque no deja de tranquilizarnos que, al menos, no se haya convocado a otra institución -con un poder letal más elevado que la religión- para dicho combate.
Nos interesa detenernos en los aspectos más sensibles, de acuerdo a la experiencia acumulada.
Despejando la retórica triunfalista que promete la victoria sobre el narcotráfico (en lo que constituiría un caso inédito en el mundo) tenemos la sensación de una verdadera confusión entre narcotráfico (como expresión de criminalidad compleja y organizada) y la comercialización de sustancias por parte de individuos o bandas más o menos organizadas, que no dejan de constituir uno de los últimos eslabones de la cadena de comercialización. La impresión que nos queda, luego de analizar la propuesta, es que la mayoría de las medidas, o al menos las más concretas, se encuentran orientadas a este último tramo del comercio que, en realidad, en poco afecta al narcotráfico como expresión mafiosa del poder económico.
La primera medida del programa está dirigida a la “erradicación del paco”, lo cual se lograría profundizando la lucha contra su expansión, detectando y destruyendo cocinas, bunkers y centros de distribución y aumentando las penas para quienes lo elaboren, distribuyan y vendan. Tal como puede apreciarse, nada nuevo bajo el sol y la ratificación de lo que señalábamos antes.
En el conjunto de enunciados que prometen coordinar, profundizar y otra serie de verbos por el estilo, suscita nuestra especial atención el punto que enuncia “el compromiso de no criminalización del consumo y de las adicciones”, que constituye uno d
e los aspectos más sensibles de la problemática vinculada. Todos esperamos que ese propósito se lograría con la modificación de la ley que reprime la tenencia de sustancias estupefacientes. Pero no, nada se dice al respecto, señalando que se va a lograr ese cometido “desarrollando políticas de reducción de la demanda con estricto respeto a los Derechos Humanos haciendo enfoque en el sujeto como el eje rector”. Ignoramos de qué modo se reducirá la demanda de sustancias estupefacientes (nuevamente, el delirio de un mundo sin drogas) y qué es lo que ocurrirá con los consumidores que por cualquier razón no ingresen en la estadística de disminución del consumo.
Los planes de propaganda gubernamental para abordar problemáticas complejas desde el simplismo y la ingenuidad no serían tan graves si no fuera que detrás de cada anuncio oficial el público deposita expectativas que indefectiblemente habrán de verse frustradas, ya que las herramientas propuestas se han demostrado ineficaces para los fines buscados. Y la frustración genera descontento y malestar.
No podemos dejar de notar la presencia en el acto de Tecnópolis del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti. Comprendemos los compromisos oficiales existentes entre las cabezas de los respectivos poderes. No obstante, resulta curioso que quien debe garantizar independencia e imparcialidad frente a los conflictos sometidos a su conocimiento, asuma un compromiso público de esta entidad en “la guerra contra las drogas” que promete continuar el gobierno, lo que no resulta demasiado tranquilizador para los futuros justiciables alcanzados por estas acciones.
El otro lado
El documento al que suscribimos doscientos sesenta jueces, fiscales y defensores está en las antípodas de ese discurso. El texto es un nuevo aporte a la larga lucha que desde hace años se desarrolla para procurar racionalizar el ejercicio del poder punitivo en materia de drogas, lucha que ha cobrado múltiples víctimas, privadas de la libertad en forma innecesaria, y también privadas de la posibilidad de acceder a asistencias especializadas y voluntarias por temor a la criminalización y la estigmatización.
La cita para la presentación del documento fue en el Salón Azul de la Cámara de Senadores de la Nación, con el marco de un nutrido auditorio que siguió las exposiciones que se refirieron a los tópicos de la declaración.
La apertura del acto se encontró a cargo de Mariano Fusero (responsable del área drogas de la Asociación Pensamiento Penal) y del suscripto, siendo que el primer panel fue integrado por Martín Vázquez Acuña (juez del TOC 1 de la Capital Federal), Luis Niño (juez de la Cámara Nacional de Casación Penal) y Ángela Ledesma (jueza de la Cámara Federal de Casación Penal). El segundo panel, coordinado por Adrián Martín (juez del TOC 20 de la Capital Federal y presidente de la Asociación Pensamiento Penal), estuvo integrado por Guillermo Schleiber (juez en lo contencioso administrativo de la Capital Federal), Gabriel Ignacio Anitua (defensor oficial ante los tribunales orales de la Capital Federal), Silvia Martínez (defensora pública interamericana) y Félix Crous (fiscal de la Procuración General de la Nación).
Las coincidencias de los expositores fueron generalizadas acerca de la necesidad del cambio de orientación en las políticas de drogas y, básicamente, acerca de la reforma de la ley que rige la materia y que, en los hechos, continúa posibilitando la persecución y encarcelamiento de consumidores, en contra de lo que el 29 de agosto de 1986 dispuso la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Bazterrica”, en el sentido que las acciones que carezcan de lesividad para terceras personas se encuentran amparadas por la protección del artículo 19 de la Constitución Nacional y, por ende, exentas de la autoridad de los magistrados.x
El acto colocó a los magistrados en un protagonismo efímero, pero no por ello menos relevante, ya que reunir más de doscientas sesenta voluntades en uno de los poderes de la República menos propensos a los cambios, debe ser valorado como una señal de nuevos aires que soplan en los pasillos tribunalicios.
Mucho se nos preguntó acerca de las expectativas que teníamos sobre la acogida oficial al documento e invariablemente respondimos que no teníamos otra opción que ser optimistas, ya que lo contrario implicaría bajar los brazos. No se trata de un optimismo ingenuo, sino de un optimismo esperanzado, convencido de la razonabilidad de lo que se postula. Los avances y retrocesos, en esta o en cualquier otra cuestión, constituyen la característica de cualquier sociedad, pero lo peor que le puede ocurrir a quienes promueven los cambios es ser atrapados por el desánimo y la frustración.
También se nos preguntó si la sociedad se encontraría preparada para asumir cambios de esta naturaleza. Lo que contestamos es que ni en este tema, ni en cualquiera de los temas que forman parte de la agenda pública, podemos pretender unanimidades. En sociedades democráticas y pluralistas siempre existirán las opiniones diversas, y aún las violentas y enfermizas, con las que resulta muy difícil razonar y convivir. Sin embargo, esas opiniones divergentes no deben ser la excusa para dejar de defender las convicciones y hacer lo que cada uno entiende tiene que hacer. La supuesta oposición de “la gente” (jamás medida ni verificada con algún grado de rigor) suele ser el argumento ideal para conservar el estatus quo y convertirnos en funcionales al quietismo.
La sensación que nos queda, en un tema tan debatido como el de políticas públicas en materia de drogas, es que la dirigencia exhibe una cierta subestimación hacia la ciudadanía, remitiendo a un modelo de jardín de infantes, con personas incapaces de gobernar su destino. Muy por el contrario, el pueblo argentino ha dado sobradas muestras de madurez cívica a lo largo de la historia remota y reciente, contradiciendo las prevenciones que sostienen lo contrario y que, en los hechos representan la captura de la soberanía popular para una elite gobernante.
La Asociación Pensamiento Penal, promotora de la iniciativa de la declaración, concluye esta etapa, que se renueva permanentemente, con la convicción de haber hecho todo lo que se encontró a su alcance para contribuir a una causa justa, que cotidianamente somete al sufrimiento y la humillación a miles de compatriotas. Esta es la causa de las libertades y la causa de la Constitución que, justamente, nos ordena “afianzar los beneficios de la libertad”.
*Por Mario Juliano, para Cosecha Roja
