El “Escuadrón Suicida OIL” de Aranguren
El gobierno nacional creó un consejo consultivo para asesorar al ministerio de energía. Sus integrantes, exsecretarios de energía y actuales consultores de petroleras privadas, están implicados en negocios de la dictadura, en el vaciamiento de las reservas energéticas y en la pérdida de la soberanía hidrocarburífera. Detrás de sus profesionalismos, se esconden intereses lobistas. Por Lea Ross
Luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia que puso un freno a los aumentos en las tarifas de gas para los residentes de todo el país, y a la espera de la audiencia pública para el 16 de septiembre, el presidente Mauricio Macri, junto con su ministro de energía Juan J
osé Aranguren, decidió dar una respuesta por la vía administrativa para obtener la legitimidad suficiente, a la hora de planear otros proyectos ligados a la energía.
Es así que el 26 de agosto pasado, se lanzó la resolución ministerial 164-E. En ella, se establece la creación del Consejo Consultivo de Política Energética. Este Consejo tiene como objetivo “colaborar con el ministerio en aspectos vinculados con el desarrollo de políticas energéticas de mediano y largo plazo”. Para eso, la entidad ofrecerá opiniones, propuestas de planes de acciones o proyectos al ministerio, y propiciará canales de comunicación con distintos sectores de la sociedad, a los fines de incorporar puntos de vistas y para generar consenso.
En la misma resolución, se estipula que el Consejo estará integrado por el llamado “Grupo de los Ex-Secretarios de Energía”, conformado en agosto de 2014. Son seis integrantes: Alieto Guadagni, Jorge Lapeña, Raúl Antonio Olocco, Julio César Aráoz, Daniel Montamat, Emilio Apud y Alberto Enrique Devoto. Se trata de ex funcionarios que ejercieron cargos públicos ligados a la administración de los hidrocarburos. Todos trabajaron en períodos presidenciales anteriores al macrismo, salvo en la gestión kirchnerista, ya que tanto la comisión como la presidencia parten de la base de solucionar el saldo generado por la “herencia K”.
Efectivamente, en materia energética, la política kirchnerista ha tenido muchos blancos a donde apuntar, como la merma de las reservas por las importaciones de combustibles, la distribución de subsidios destinados para satisfacer a la clase media y alta a costa de los sectores más populares, las irregularidades en la administración de YPF, desde la transferencia del paquete accionario a la familia Esquenazi hasta el polémico pacto secreto con Chevron, el nulo avance en fuentes de energías renovables para diversificar la matriz productiva, la no discusión con el impacto ambiental que pueda generar el fracking, entre otros puntos.
Sin embargo, eso no quita que en este Consejo Consultivo se esconden figuritas que han sido partícipes directos de una enorme crisis energética que tiene larga data, plagado de desaciertos e irregularidades. La trayectoria de estos exsecretarios no es más que la historia del vaciamiento y la pérdida de la soberanía energética del país. Un verdadero Escuadrón Suicida OIL, si se pretende que estos sean los asesoren al actual ministerio.
Ministro de energía con los siete integrantes del Consejo Consultivo. De izq. a der.: Emilio Apud, Daniel Montamat, Raúl Olocco, Alberto Devoto, Juan José Aranguren (ministro), Julio César Aráoz, Jorge Lapeña y Alieto Guadagni.
Gestiones suicidas
Durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983), se emprendió una “privatización periférica” a la petrolera estatal YPF, basada en la entrega de los pozos de explotación a empresas concesionarias para la compra del crudo, y luego la venta a empresas trasnacionales para el trabajo de refinamiento. Esto llevó al quiebre del monopolio estatal del comercio hidrocarburífero y el avance de la privatización del mismo.
En el año 1983, el general Reynaldo Bignone -último presidente de facto de la dictadura, condenado este año por crímenes de lesa humanidad por el “Plan Cóndor”, y dos años antes por una causa de robo de bebés, perpetradas en el ex centro clandestino Campo de Mayo-, puso como secretario de energía de la Nación a Alieto Guadagni, quien treinta y tres años después integraría el consejo consultivo de Aranguren y Macri.
Desde aquel puesto en la dictadura, Guadagni lanzó una resolución para la re-negociación de los contratos de los pozos que YPF cedió ante la cúpula privada petrolífera. Según los investigadores del CONICET, Ana Castellani y Esteban Serrani, en su informe La persistencia de los ámbitos privilegiados de acumulación en la economía argentina. El caso del mercado de hidrocarburos entre 1977 y 1999 (2010), las nuevas pautas para la explotación de pozos, firmadas por Guadagni, otorgaron estos novedosos beneficios a la bancada privada:
- Nuevo nivel de producción básica, mucho menor al volumen de extracción de la concesión anterior.
- Precios elevados para la producción básica (subida del 86,4% en los precios).
- Condonación de multas incumplidas (total de U$S40 millones).
- Incremento de precios por producción excedente por encima de los U$S140/m3.
Para dar un ejemplo: gracias a la política de privatización periférica de la dictadura, la petrolera Bridas, manejada por el recientemente fallecido Carlos Bulgheroni, se quedó con la tercera parte de los 1.198 pozos licitados, mediante uniones transitorias de empresas. Y a partir de la re-negociación firmada por Guadagni, el yacimiento 25 de Mayo-Medanito, que tenía la mayor cantidad de pozos licitados y concesionada por Bridas y Pérez Companc, el porcentaje de variación de rentabilidad pasó en un mes (marzo de 1983 a abril de 1983) a un + 29,52%.
El ex general Bignone había sido empleado de la empresa Bridas de los Bulgheroni, hasta antes de asumir la presidencia de facto, tras la derrota de Malvinas en 1982. Y esto no parece ser ajeno a que las empresas de Bulgheroni (Bridas) y Pérez Companc fueran las más ganadoras en materia de rentabilidad, al punto de subir al podio de las empresas más importantes de Argentina. Además de haber sido beneficiados por la estatización de la deuda externa, ejercida también por la propia dictadura.
Como dato a tener en cuenta, otra empresa que se benefició con la privatización periférica fue Socma, la empresa de la familia Macri. En ese entonces, Socma trabajaba con Pluspetrol y Techint en la concesión del pequeño yacimiento Ramos de tres pozos. “Por esta producción, YPF SE pagó un total de 1.742 millones de dólares, cuando producir por su cuenta esa misma cantidad de crudo, le hubiera costado aproximadamente unos 896 millones. La diferencia entre ambas cifras (846 millones) fueron transferidos a las empresas privadas a través de los negocios de concesión; y esto sin considerar los 2.600 millones de dólares transferidos en concepto de reservas comprobadas al momento de la adjudicación y por inversión en infraestructura instalada para operar los pozos”, señalan los investigadores del CONICET, en base a lo escrito por Jorge Scalabrini Ortiz.
Para colmo, las ventas del crudo que realizaba YPF a las multinacionales para su refinamiento –Esso y Shell- fueron más elevadas al pago que realizaba la estatal a las concesionarias que explotaban los yacimientos. Y que se mantendrían durante el alfonsinismo.
Con el retorno de la democracia, la “privatización periférica” se mantuvo firme, sin cuestionamiento alguno. Curiosamente, las presidencias anteriores de la Unión Cívica Radical se caracterizaron por el fuerte apoyo a la participación activa del Estado Nacional en el negocio hidrocarburífero. Desde la gestión de Hipólito Yrigoyen, donde nace YPF, hasta llegar a la presidencia de Arturo Illia, quien anuló los contratos petrolíferos de Frondizi. En el caso de Raúl Alfonsín, no fue así. El primer presidente de esta democracia puso en el puesto de sub-secretario de planificación energética (1983-1986) a Jorge Lapeña, otro futuro integrante del “Escuadrón Suicida Oil” de Aranguren y Macri.
Así, se confirmó la renegociación de los contratos petrolíferos concretada por Guadagni – Bignone, que había sido hecha ad referéndum del próximo gobierno democrático. E incluso se profundizó aún más el proceso de privatización, a partir del lanzamiento de los planes Houston I (1985, que consistía en atraer las inversiones extranjeras en la extracción del crudo) y otros más posteriores a Lapeña, que apuntaban a una mayor flexibilización en los contratos, ya que el proyecto de Lapeña había fracasado.
Durante el alfonsinismo la rentabilidad que tuvo el yacimiento Ramos -cuya concesión estaba en manos de Techint, Pluspetrol y la familia Macri (Socma)- tuvo un crecimiento del +135,5% (de diciembre de 1983 a diciembre de 1988). La tabla de abajo, hecha por Castellani-Serrani, revelan el saldo negativo que tuvo YPF durante el tramo final de la dictadura y durante el alfonsinismo, en base a que los precios de venta que realizaba la compañía a Esso y Shell para el refinamiento fueron más elevados que los ingresos que tenía por las concesiones que le otorgaba Bridas, Pérez Companc, entre otros.
En el tramo final de la presidencia de Alfonsín, quien ejerció el cargo de la secretaría de energía fue Raúl Antonio Olocco, que solo duró los últimos dos meses. Años después, defendería los tarifazos de Macri y pasaría a formar parte del consejo consultivo de Aranguren, también conocido como el “Escuadrón Suicida Oil”.
Luego, con la asunción de Carlos Saúl Menem en 1989, el justicialismo pondría a cargo de la secretaría de energía al cordobés Juan César Aráoz, un dirigente peronista que luego ocupó otros cargos nacionales durante el menemismo, desde la salud hasta la lucha contra el narcotráfico. Y en el futuro, también formaría parte de la tropa del “Escuadrón Suicida Oil” de Aranguren.
En su período en la secretaría de energía, desde julio de 1989 hasta octubre de 1990, su gestión fijó las bases de la política de vaciamiento energético del menemismo. Todo esto, a partir de la idea de tomar al petróleo como un “commodity”. Y que el gas fuera también un bien rentable, mediante la programación de su venta a países vecinos.
Los primeros pasos durante la gestión de Aráoz, fueron los siguientes decretos:
Nro. 1055/89: YPF y la secretaría de energía, de Aráoz se encargarían de agrupar los yacimientos que estén sometidos a “concurso público” (no es lo mismo que licitacion) para sus concesiones. Que a su vez, se le otorgaría a las empresas la libre disponibilidad del uso de los hidrocarburos ya extraídos, asegurándoles a las compañías la garantía del libre almacenamiento, transporte, tratamientos, etc. Y también a la anulación de todo arancel sobre exportación o importación del petróleo y sus derivados.
Nro. 1212/1989: las importaciones de petróleo y sus derivados ya no requerirán permisos previos por parte del Estado y una mayor desregulación en la instalación o ampliación de refinerías.
Nro. 1589/198: mayor desregulación en el petróleo y gas, libre uso del 70% de las divisas que se generen en cada operación o instalación de refinerías.
Algunos de esos decretos fueron ilegales, debido a que reformaban algunos artículos de la Ley Nacional de Hidrocarburos de ese entonces (1967), recordemos que un decreto no puede modificar una ley con jerarquía constitucional.
Según números analizados por el economista Ignacio Sabbatella (OETEC), entre 1988 y 1990, las exportaciones del petróleo crecieron un 124%. En 1988, previo a Aráoz, se exportaban 463.000 m3 de petróleo, teniendo un crecimiento al año siguiente de 688 mil, y luego de 1.036.000 m3 en 1990. En paralelo, no hubo cambios sustanciales con las extracciones: sólo una variación del 7% entre 1990 y 1998. Es decir, todo el petróleo extraído terminó siendo rematado hacia el puerto. Mientras que la exportación del gasoil tuvo un tremendo incremento en dicho período del 667%, mientras que el de la nafta súper fue de 353%.
Julio Aráoz abandonaría la secretaría de energía, luego de que se decidiera enlazarla con el ministerio de economía, en manos de Domingo Felipe Cavallo, quién haría el resto para la pérdida de la soberanía energética, desde la venta del gas natural a países limítrofes repleta de irregularidades, hasta la privatización completa de YPF en manos de Repsol.
En septiembre del año 2013, Aráoz había sido denunciado por la agrupación H.I.J.O.S. Córdoba, por el testimonio de la madre del desaparecido Miguel Arias Cuello, durante el famoso juicio de la mega-causa La Perla. En ese entonces, la testigo señaló que había tenido cinco encuentros con Aráoz para pedirle ayuda en la búsqueda de su hijo. A lo que el dirigente peronista le habría respondido que su colaboración estaría disponible si le aportara nombres y apellidos de amigos y conocidos de Cuello, reconocido militante social de ese entonces. A su vez, se sospecha que Aráoz estaba emparentado con Héctor Pedro Vergez, uno de los condenados a perpetua del juicio la Perla, al ser el líder del Comando de Libertadores de América, la versión cordobesa de la Triple A.
Según el periodista Horacio Verbitsky en su libro Robo para la corona (1991), el asesor de prensa de Aráoz era Víctor Lapegna, el mismo que se encargaba de las cuestiones de prensa del genocida Emilio Massera. “El propio Aráoz era llamado en el negocio del petróleo [como] ‘el mueblero’, por las denuncias que lo sindicaron como reducidor de los muebles saqueados por los grupos de tareas del Cuerpo de Ejército III –señala Verbitsky, donde dicho ejército estuvo capitaneado por Luciano Benjamín Menéndez-. [Aráoz] Siempre negó esos cargos, que atribuía a venganza de [José] Martínez de Hoz por haber participado en la investigación parlamentaria por la estatización de la Italo, y obtuvo la condena judicial de quienes no pudieron sostener las acusaciones”.
Luego de la década menemista de 1999 -con las reservas de gas mermadas por las exportaciones, los yacimientos entregados a empresas locales y multinacionales, las refinerías vendidas, al igual que las zonas portuarias, y con YPF privatizada de manera completa-, la breve presidencia de Fernando de la Rúa seleccionaría como primer secretario de energía, futuro integrante del “Escuadrón Suicida Oil” tamién, a Daniel Montamat, también cordobés. Que estuvo a cargo de la presidencia de la empresa Gas del Estado (1985-1986), cuando era estatal, y de la presidencia de la propia YPF (1987-1989). También dirige la consultora “Montamat y Asociados”, que desde 1990 “brinda servicios de asesoramiento jurídico, económico, de tecnología informática y de investigación de mercado”. Su gestión como secretario de energía arrancó el 10 de diciembre de 1999 hasta el 25 de agosto del 2000.
En esos nueve meses, según los economistas Bernal, De Dicco y Sabbatella, las exportaciones de barriles de petróleo se incrementaron un 33,9%, equiparable a la producción de YPF en 2014. Mientras que el gas natural, vendida a 3.311 millones de m3, equivalía a la producción total de Petrobras en ese mismo año.
Ya en marzo de 2001, arribaría un nuevo futuro integrante del “Escuadrón Suicida Oil” para instalarse en la secretaría de energía del delarruismo. Se trata de Emilio Apud, solo que aquí, tiene la bizarra particularidad de que solo duró ocho días: entre el 12 y 20 de marzo. La explicación de su fugaz desempeño radica en que formaba parte del equipo del ministro de economía Ricardo López Murphy, quien renunció a su cargo, luego de proponer un fuerte paquete de ajustes. Luego de eso, desde el año 2005, dirige la consultora Apud y Asociados, que asesora a las empresas en cuestiones ligadas al tratamiento de la energía y el medio ambiente.
En diciembre de 2015 y pocos días después de asumir como presidente de la Nación, Mauricio Macri empezó a generar cambios en el directorio de YPF. Seleccionó a Montamat y Apud para ocupar los cargos de directores de la compañía. Mientras que, en paralelo, trabajan en el “Escuadrón Suicida Oil”.
Luego del estallido de diciembre del 2001, Eduardo Duhalde asumiría la presidencia a comienzos de 2002 y designaría como secretario de energía a un ya mencionado villano de turno: Alieto Guadagni, el ex de Bignone. En este caso, su periodo como secretario terminaría en agosto de ese año.
Según esta tabla diseñada por Sabbatella, al comparar la segunda gestión de Guadagni con el mismo tramo temporal de hace un año atrás, las extracciones de gas natural se redujeron drásticamente en un 9,4%. Mientras que los trabajos de refinamiento dieron todos saldos negativos: el procesamiento del crudo cayó un 7,3%, la elaboración de gasoil en 11,4%, y la de nafta súper un 15,2%.
Y finalmente, en agosto de 2002, Duhalde emprendió un cambio de gabinete, en donde el puesto de secretario de energía sería cedido para el último integrante del “Escuadrón Suicida Oil” de Aranguren, que es Alberto Enrique Devoto, quien ejerció el cargo hasta el final de la gestión duhaldista.
“Durante los diez meses de Devoto al frente de la cartera energética se exportaron 4.953.396.000 m3 de gas natural por un monto de 226.787.190 dólares. El precio promedio del millón de BTU fue de 1,2 dólares. Ni siquiera existían retenciones a la exportación de gas en aquel entonces a partir de las cuales el Estado pudiera captar parte de esa renta. Teniendo en cuenta que el precio promedio al que se vio obligado a importar el país durante 2013 para satisfacer las necesidades internas fue de 12,2 dólares el millón de BTU (diez veces más), el gas malvendido durante la gestión Devoto tendría un valor actual de 2.230.768.827 dólares”, denunció el economista Sabbatella.
En definitiva, el “Grupo de los Ex Secretarios”, hoy a cargo del Consejo Consultivo de Aranguren, tuvo una participación activa en la privatización periférica del petróleo y el gas lanzada en la dictadura y el alfonsinismo. Fueron quienes luego, dieron las bases para la venta acérrima de los hidrocarburos al exterior, en detrimento de la pérdida de la soberanía energética, llevando a la “cartelización” del negocio en manos de empresas privadas (locales y extranjeras), con el apoyo financiero del propio Estado. Como si fuera poco, una parte de ellos –Apud y Montamata- trabajan en sus respectivas consultoras para empresas petroleras privadas y a la vez, integran el actual directorio de la empresa argentina YPF SA.
Ahora, serán quienes le propongan al estado nacional tomar las medidas a mediano y largo plazo en materia de energía. Un verdadero “Escuadrón Suicida Oil” para el país.
