Dilma: el Referéndum que no fue
Concluyó el juicio político por manipulación de las cuentas públicas y se destituyó a la mandataria del Brasil. Antes de este desenlace, Dilma Rousseff propuso tibiamente un referéndum para que los brasileros eligiesen vía democracia directa por su continuidad. Por Alejandro Montbrun.
La República Federativa del Brasil no cuenta con una mecanismo de revocatoria de mandato para sus presidentes. Otros países latinoamericanos como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú y Panamá lo han incluido explícitamente en sus constituciones, pudiendo los ciudadanos solicitar la implementación de ese mecanismo de remoción. Este instituto de democracia directa no sólo está plasmado en las Cartas Magnas, sino que también ha sido puesto en práctica exitosamente en Venezuela (el 15 de agosto del 2004 se decidió por votación directa no revocar el mandato de Hugo Chávez).
La falta de una constitución moderna y participativa en Brasil, que permita el sostenimiento -o la salida- de sus presidentes por vía de la votación popular directa ha posibilitado una destitución carente de legitimidad, dado que todo concluyó en el Senado brasilero con 61 votos a favor, 20 en contra y sin abstenciones.
Dentro del poder legislativo la destitución de Rousseff estaba sentenciada desde el momento en que comenzó el proceso de impeachment. Ante esta situación, Dilma sugirió una consulta popular para convocar a elecciones anticipadas: «Debemos consultar a la población para reconstruir el pacto constitucional que rompió el proceso de juicio político», señaló Rousseff a TV Brasil.
Pero el planteo llegaba “desde arriba”, la propuesta no partía de la ciudadanía como sucede en los países donde está instaurada la revocatoria de mandato.
Finalmente Dilma fue destituida, no pudo llamar a consulta popular y el electorado se quedó sin opinar sobre el destino político de una presidenta que fue votada en 2014 por mas de 54 millones de personas.
Los gobiernos latinoamericanos -de todas las extracciones políticas- que no reformen su constitución agregando la figura de revocatoria de mandato para sus presidentes, corren peligro de caer en golpes institucionales, donde una mayoría circunstancial en el Poder Legislativo se arrogue el derecho de poner y sacar mandatarios en representación de los ciudadanos.
(*) Alejandro Montbrun, licenciado en Ciencias Políticas, para La Tinta.
