La Plata: ordenan la captura del jefe del penal de Olmos
A pedido del fiscal penal Fernando Cartasegna, el juez Pablo Raele ordenó la detención de Rafael Herrera, quien estaba a cargo de la Jefatura de la Unidad 1 de Olmos cuando el 1º de agosto pasado se produjo la muerte de Narciso Gastón Ayala.
Narciso Ayala tenía 36 años y estaba detenido desde abril acusado de un robo. Desde el año 2009 presentaba episodios convulsivos, por lo que tenía indicada medicación para el tratamiento de epilepsia postraumática. Fue asesinado a golpes por agentes del Servicio Penitenciario entre los cuales se encontraban las máximas autoridades de la Unidad 1 de Olmos.
En su momento, las versiones oficiales argumentaron que Ayala había tenido “un brote psicótico” por el que se había autogolpeado contra escaleras y paredes, y que después había empezado a “convulsionar”, por lo que otros detenidos intentaron trasladarlo a la Unidad Sanitaria del penal dentro de una manta, adonde llegó sin vida. Sin embargo, las mismas fuentes admitían que después del “episodio convulsivo” agentes penitenciarios lo llevaron a la oficina de Control “a hablar con el director del penal, Rafael Herrera”. Concluían el relato diciendo que Ayala “lejos de calmarse, lo agredió y mordió” (a Herrera), por lo que decidieron derivarlo a la Unidad Sanitaria del penal.
«No había una parte del cuerpo de Ayala que no tuviera golpes»
El relato brindado por fuentes oficiales no convenció a la fiscalía penal en turno que solicitó una autopsia y la citación de testigo. La causa fue finalmente caratulada como “imposición de tortura agravada por el resultado muerte”. Los peritos afirmaron que Ayala presentaba golpes en todas las partes del cuerpo que no se condecían con el relato de los penitenciarios. De acuerdo a lo investigado, los jefes penitenciarios lo trasladaron a otro sector (Oficina de Control) donde lo sometieron a una feroz golpiza, en el marco de la cual le hicieron una «llave» en la garganta que le ocasionó la muerte por asfixia. «No había una parte del cuerpo de Ayala que no tuviera golpes», confió una fuente judicial a la Agencia de Noticias Télam.
Dos Subjefes se encuentran detenidos pero de los 9 imputados, 7 lograron la eximición de prisión. Los primeros en quedar imputados fueron el entonces Jefe de la unidad y cinco suboficiales. Tres días después del hecho, todos fueron pasados a disponibilidad.
La misma suerte corrieron después dos subjefes del penal y otro suboficial, ya que peritajes y testimonios indicarían que “vieron lo que pasaba y no lo evitaron”. Hoy, todos tienen orden de detención, pero los dos ex subjefes son los únicos que están presos, según trascendió, por no haber presentado en término los pedidos de eximición. En los otros 7 casos sí presentaron el pedido de eximición que fue rechazado por el juez y apelado por las defensas, por lo cual la detención no se encuentra firme.
Según se conoció Ayala tenía indicado un traslado a la Unidad 34 de Melchor Romero por los ataques recurrentes de epilepsia y por tener antecedentes de brotes psicóticos. Los penitenciarios que hoy siguen en libertad torturaron a Ayala hasta provocarle la muerte. Previamente el mismo Servicio Penitenciario le había negado el tratamiento médico y psiquiátrico que necesitaba por la enfermedad que padecía desde 2009.
Entre el año 2009 y el año 2014 en las cárceles de la provincia de Buenos Aires murieron 707 personas. Aproximadamente el 30% fueron muertes «traumáticas». En cerca del 70% de los casos, las muertes se produjeron por el agravamiento de problemas de salud por la falta de atención médica, las pésimas condiciones edilicias y de higiene.
En toda esta historia, por la que hoy dos Subjefes de la Unidad Penitenciaria 1 se encuentran detenidos, el juez que llevaba la causa en la que Ayala estaba imputado, lejos estuvo de garantizar “el cumplimiento de las normas constitucionales, los tratados internacionales ratificados por la República Argentina y los derechos de quienes se encuentren bajo jurisdicción del Servicio Penitenciario” como le indica la ley de ejecución penal de la provincia de Buenos Aires.
Como afirmaron el año pasado desde el Comité contra la Tortura en la presentación de informe anual 2015, es en la Justicia donde el sistema de la crueldad se convalida y se legitima. Es la justicia la que convalida y legitima las condiciones inhumanas de detención, las torturas, las muertes en las cárceles. La justicia que no cumple con su rol de garantizar que las cárceles no sean depósitos de personas a las que se somete a la sistematicidad de torturas con el hacinamiento, las pésimas condiciones edilicias, la falta de higiene, de alimentos, de agua, la gobernabilidad a través del ejercicio de la violencia permanente. La justicia que desestima las denuncias por torturas, que no investiga, que encubre y garantiza la impunidad ante hechos aberrantes.
