Belén doblemente castigada
Como respuesta a las masivas manifestaciones por liberación de Belén y al rechazo social por la injusta acusación, el tribunal que la condenó reveló su identidad en diversos medios hegemónicos de Tucumán, castigándola doblemente: primero por su sentencia y luego, intentando que se la condene socialmente.
En respuesta a las movilizaciones que se sucedieron de manera simultánea a lo largo del país en reclamo por la Libertad para Belén, los tres jueces a cargo de la causa Dante Ibáñez, Fabián Fradejas y Rafael Macoritto de la Cámara Penal de Tucumán hicieron declaraciones por numerosos medios hegemónicos acerca de los fundamentos, ya cuestionados por la ONU y en revisión por el Tribunal Superior de Justicia de esa provincia, de la causa que le quitó la libertad a Belén. Y esto no termina allí; además hicieron pública su identidad, quebrantando leyes nacionales e internacionales sobre la protección legal de la identidad de la persona que aún se encuentra en proceso judicial.
Ibañez ratificó que para él ”no hay razón alguna para preservar la identidad de la acusada, que no es menor de edad, ni fue víctima de delitos sexuales”.
Normas internacionales con jerarquía constitucional garantizan la protección legal de la honra, la dignidad, la reputación personal, la vida privada y familiar, el domicilio y la correspondencia privada. Así lo han establecido la Declaración Americana de Derechos Humanos (artículo V), la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 12), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 11) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 17).
El Tribunal mostró un claro desprecio a los resguardos que tomó la defensa a través de Soledad Deza, las organizaciones sociales que acompañan el reclamo por la libertad para Belén, el Ministerio Público Fiscal y la propia Corte Suprema de Tucumán para preservar la identidad de la joven. Todos entienden que se trata de un fallo en crisis y que a la alta vulnerabilidad que significa a la que se la expone publicando su nombre: aunque luego la Corte falle a su favor, quedaría la condena social.
También se olvidan los jueces, al defender su actuación, de la ley nacional Nº 25.326 que tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos, o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas y conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo tercero de la Constitución Nacional.
Violencia institucional
La forma impetuosa y deliberada en la que estos tres hombres del poder judicial salen a la palestra, es la prueba de que la sentencia que han dictado forma parte de una cosmovisión ideológica alejada por mucho de la imparcialidad, el respeto y la ética que dicen profesar.
El Tribunal, que ya no tiene jurisdicción en la causa de Belén, con sus declaraciones parece olvidar que se trata de una joven que está privada de su libertad, que debe ser resguardada su salud mental y que tiene derecho a una reinserción social. Casualmente, en su afán de reforzar su posición, no tiene en cuenta el art. 4º de la ley 26.485 que dice “se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes”.
Estos funcionarios públicos, con su exposición mediática ensayaron una última muestra de su poder, exponiendo información que sólo tiene por sus cargos. Marcando que pueden desde su estamento afectar aún a Belén. Intentaron una estigmatización de “madre asesina” en una causa considerada nula desde la primera foja por el Ministerio Público. Quisieron ubicarla como rehén de una disputa interna del poder judicial para justificar sus propias falencias.
Las impugnaciones legales que marcan la fragilidad del fallo emitida por la Sala III tienen que ver con la violación de derechos y con la falta de pruebas. El delito que le adjudican a Belén no fue probado, así lo mostraron su actual defensa, el ministerio público fiscal, el comité de derechos humanos de la ONU y sólo le queda opinar a la Corte.
Este Tribunal se vanaglorió en los medios de comunicación por “aplicar penas severas” en casos de violencia de género, cuando lo que es su deber es administrar justicia. Llama la atención que hayan tenido que salir más de cuatro veces a reafirmar públicamente el valor del fallo, inédito para los jueces que suelen decir que ‘hablan con sus sentencias’.
Y lo que la sentencia contra Belén dice es que, al no haber pruebas que demuestren los hechos que se le inculpan, la condena contra ella se asienta sobre valores ideológicos. Es decir, la castigan por ser mujer y pobre.
Fuente: APA Prensa. Fotografía: Colectivo Manifiesto.
