«El Estado Policial que construyeron se les fue un poco de las manos»
En una entrevista sin desperdicio, Sergio Job, abogado, militante del Encuentro de Organizaciones y uno de los autores del artículo «Policialización, ineficacia y discriminación: políticas en seguridad en la Córdoba actual», nos cuenta sobre la ineficacia de la estructura policial y judicial, el negocio del miedo y sus consecuencias sociales y políticas.
Hace unos días publicaste un artículo junto a Estefanía Nahas, sobre el Estado Policial en Córdoba, abordándolo desde un enfoque novedoso si se quiere, muy vinculado a las ciencias económicas, poniendo mucho el énfasis en conceptos bastante ajenos a la teoría social o los análisis de poder que solés hacer, como la idea de “eficacia”, por ejemplo. ¿A qué responde esta novedad?
Responde a varias razones. Primero al hecho de que es un artículo que escribimos con la excusa de presentarlo en las Jornadas de Economía Crítica que se llevarán adelante en Córdoba. En segundo lugar, Estefanía es economista y ella le aporta esa mirada disciplinar en el que yo me siento más forastero. Y en tercer término, es que como Colectivo de investigación El Llano en llamas, luego de muchísimo años de tener un enfoque metodológico muy cualitativo de las luchas que abordamos y sobre las que investigamos e intentamos aportar nuestras reflexiones, hemos visto también el impacto político contundente que tiene en el plano social, mediático y hasta institucional, cuando a una investigación de análisis profunda, le sumas datos cuantitativos que lo sustenten.
Para mucha gente el análisis cualitativo, por más serio y bien trabajado que esté, sigue sonándole a chamuyo en un punto, en cambio el dato duro (por llamarlo de algún modo) genera impacto y cierta idea de irrefutabilidad que es muy útil para poder mostrar que efectivamente lo que uno dice no es un capricho. Sirve además, a poder ver la radiografía completa del estudio en cuestión.
¿Y qué dicen esos datos que buscaron y ordenaron en el artículo al que estamos haciendo mención?
Lo primero que nos dicen es que la política de seguridad que está llevando adelante la gestión pejotista en estos últimos 17 años de gobierno es sumamente ineficaz para dar respuesta a la problemática que dice querer resolver: es decir, los delitos callejeros menores.
Porque esa debe ser una primera aclaración: la política de seguridad que proponen desde el gobierno provincial –y ahora también nacional-, no está orientada a la persecución del delito en general, sino que existe un proceso de lo que en criminología llamamos “selectividad penal” que hace que todo el aparato represivo estatal, todo el aparato judicial y por qué no decirlo, todo el aparato mediático de los medios masivos, está focalizado en perseguir pobres.
El caso paradigmático es la creación de la Policía Anti-Narcótico, que tiene por objeto sólo la persecución del narco-menudeo, es decir, el kiosco que vende porros en un barrio pobre, o peor aún, a un simple consumidor, pero deja intacta toda la estructura del negocio y tranquilos a los grandes narcotraficantes. Entonces, volviendo a tu pregunta, esos datos nos dicen que ni siquiera para perseguir perejiles esta estructura policial y judicial ha servido.
Mirá, para que te hagás una idea, mientras que en el 2009 el presupuesto provincial destinado a seguridad fue de $1.328 millones, en el 2016 fue de $11.210 millones, lo que implica un incremento del 744% en 7 años, de lo cual el 80% va directamente a seguridad interior. Si se analiza el personal policial, puede observarse que el mismo ha evidenciado desde 2005 un incremento del 107% en su planta, pasando de tener 11.737 empleados, a 22.815 en el año 2016.
A ver si nos entendemos, 23mil hombres armados que tienen respaldo y orden política de establecer una política de “tolerancia cero” contra los sectores más empobrecidos de la sociedad. Todo eso es violencia e inseguridad.
Pero no quiero irme del tema, la cosa es que todo ese enorme gasto, no implica que los cordobeses estén o se sientan más seguros. De hecho, según el Observatorio de Seguridad Ciudadana (dirigido por Alejandra Monteoliva, no por un organismo de derechos humanos o algo así, sino por quien fue ministra de seguridad de De la Sota), relevó que en 2014 la tasa de victimización directa fue del 24,4%, evidenciando un crecimiento anual del 12%. En relación a la percepción de inseguridad, estimó por un lado que en el año 2014 la proporción de personas que consideran que la inseguridad ha aumentado en los últimos seis meses fue del 75,3%; y por el otro, que el porcentaje de personas que consideran probable ser víctimas de delito en los próximos seis meses fue del 88,2% para el año 2014. ¿Se entiende de qué hablamos cuando señalamos ineficacia? Y eso sin contar todo el gasto que se canaliza en el sector privado.
¿O sea que además de los 11mil millones de pesos que los cordobeses gastamos en 2016 en estos planes de seguridad, también cada familia realiza gastos por su cuenta?
Claro, de acuerdo a un relevamiento realizado por la Corporación Andina de Fomento en algunas ciudades de América Latina durante el año 2013, se observa que un 24% de los encuestados menciona haber instalado cerraduras de seguridad y rejas, un 12% menciona haber recurrido a cámaras, vigilancia privada o alarmas y un 17% dice tener perros de vigilancia. Lo anterior se estima que implicó un costo para los hogares del 4% de su ingreso. Según un estudio en toda la región latinoamericana, por cada efectivo policial hay más del doble de agentes privados, en Argentina de acuerdo a los últimos datos disponibles del Ministerio de Trabajo de la Nación, en el año 2010 había 111.203 empleados formales trabajando en 1.434 empresas dedicadas a la seguridad privada. Te das cuenta que estamos hablando de un negocio descomunal.
¿Y por qué entonces se sostienen programas de seguridad tan tremendamente ineficientes?
Y puede haber varias razones, pero seguramente entre las razones que encabezan la lista, está el hecho de que el miedo es un gran negocio y nadie quiere sacar los pies del plato. Y es un negocio no sólo desde el punto de vista económico, sino también político, cualquiera que esté un poquito alertado, puede darse cuenta que desde hace un tiempo las élites gobernantes se dedican a gestionar miedo, administrarlo, esparcirlo, regularlo, ese es su negocio. Entonces prefieren a la gente como un rebaño asustado que como un pueblo empoderado, son más fáciles de llevar de las narices así.
También puede haber un poco de inutilidad, por qué no decirlo. Y después se me ocurre que para los gobiernos las fuerzas policiales, y en caso de Córdoba, este Estado Policial descomunal que construyeron, se les fue un poco de las manos, y ahora tienen que lidiar con una policía que es un poder corporativo propio, como quedó demostrado el 3 y 4 de diciembre de 2013.
Si bien yo no creo que existan intereses encontrados entre los gobiernos y las fuerzas policiales, sino que por el contrario son claramente aliados, sí te diría que es un poco de cada cosa que hace de la situación un caldo de cultivo preocupante y explosivo. Como ciudadanos debemos tomar nota de la situación y ponerle un coto inmediatamente, porque sino las consecuencias pueden ser tremendas para la democracia y el tejido social entero.
Me corrijo, no es que pueden ser, están siendo tremendas, y estamos todos rehenes de estas políticas de inseguridad, del delito menor, de las grandes redes de delincuencia y del poder impune de las fuerzas policiales, los gobiernos de turno y las empresas de incomunicación masiva. Esta situación realmente complicada que algunos venimos señalando y denunciando desde hace años, creo que sólo puede abordarse desandando como sociedad, como comunidad organizada, este camino de discriminación, desconfianza y violencia generalizada en que estamos entrampados. Es urgente actuar y no se puede confiar que ningún gobierno encare seriamente la situación.
Leé el artículo completo «Policialización, ineficacia y discriminación: políticas en seguridad en la Córdoba actual»
