Cada vez más militares reciben la prisión domiciliaria
Desde febrero pasado juzgados federales de todo el país concedieron decenas de prisiones domiciliarias a militares y policías encarcelados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la represión ilegal de la última dictadura, hace ya más de 30 años pero cuyas consecuencias perduran hasta hoy.
Altas fuentes del Ministerio de Justicia de la Nación confirmaron al diario Clarín que unos 50 militares y ex policías recibieron en estos meses la prisión domiciliaria por ser mayores de 70 años y tener problemas de salud, un beneficio que no es automático y depende del criterio de cada magistrado.
Se trata de un número significativo en una población de poco más de 510 condenados y procesados alojados en cárceles comunes en alrededor de 30 establecimientos penitenciarios de todo el país, entre los que sobresalen Ezeiza, Marcos Paz ó Bower en Córdoba.
La semana pasada, el Tribunal Oral Criminal Federal Nº 1 de la Plata concedió la prisión domiciliaria al ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante la dictadura, Miguel Osvaldo Etchecolatz, responsable de una inmensa cantidad de delitos de lesa humanidad y de desapariciones forzadas.
Los defensores de Etchecolatz habían solicitado la detención domiciliaria del represor en el marco de las causas Circuito Camps y La Cacha en las que fue condenado, por considerar que «su cuadro de salud empeoraba con la situación de encierro». En este caso, el beneficio para el represor no se hará efectivo porque existen otras condenas y causas en su contra que están en etapa de instrucción.
Cambio de gobierno, cambio de políticas
Tras el fin del gobierno kirchnerista, también se produjeron otros «cambios de actitud» del Gobierno Nacional para con los condenados por lesa humanidad.
El titular del Episcopado, monseñor José María Arancedo, visitó hace unas semanas a los represores encarcelados. Y en abril el ministro de Defensa, el radical Julio Martínez, habilitó que los presos de lesa humanidad puedan volver a ser atendidos en hospitales militares, lo que había sido prohibido por su antecesor, Agustín Rossi, luego de que dos condenados, Gustavo De Marchi y Jorge Olivera, se fugaran del Hospital Militar Central en julio de 2013.
Además el Ejército, que por años cortó lazos, también tuvo un giro institucional. Semanas atrás, el jefe de la fuerza, general Diego Suñer, envió un coronel a relevar la situación en las cárceles y transmitió que pondrán empeño en que los mayores de 70 y los enfermos puedan lograr la prisión domiciliaria.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) contabiliza 666 condenados (50 fallecidos) y 59 absueltos. La cifra de acusados en sus registros asciende a 2.389 militares y miembros de fuerzas de seguridad: 1.200 de ellos permanecen libres, 1.132 están detenidos y 49 son considerados prófugos. En sus registros, 452 del total de acusados han fallecido.
El CELS indica también que hay 344 civiles acusados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar.
