Presxs políticxs en la Argentina del 2024
Mientras se debatía la Ley Bases en el Senado, afuera, fue reprimida la protesta y detuvieron a 33 personas. Hasta ayer, 16 aún estaban en cárceles comunes, acusadas arbitrariamente de delitos contra el orden constitucional y terrorismo. Familiares y organismos de derechos humanos realizaron una concentración en Plaza de Mayo ante la gravedad del accionar del Estado nacional. Todavía 5 personas permanecen detenidas.
«Apenas entramos, nos pusieron contra una pared y nos empezaron a tirar gas pimienta. Nos desnudaron y nos interrogaron. ¿Cuánto les pagaron por ir ahí, eh? ¿Y vos de qué agrupación sos?», es el testimonio de Matías Ramírez de lo que vivió en la cárcel de Ezeiza, en una nota de Página/12. El día de la movilización, estaba vendiendo choripanes y gaseosas, y lo llevaron detenido cuando guardaba las cosas para irse porque había comenzado la represión. Está acusado de atentar contra el orden constitucional y de terrorismo.
Algunas de las personas que estuvieron detenidas hablaron sobre los malos tratos, hostigamiento y tortura. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció ante la CIDH y la ONU restricciones al derecho a la protesta, detenciones y una escalada penal arbitraria y peligrosa. La abogada y doctora en Ciencias Sociales, Valeria Plaza Schaefer, en diálogo con La tinta, explicó que “las condiciones de detención (malos tratos, tortura, no contacto con familiares, en pabellones distintos, aislados) es un elemento para visibilizar y preocuparse, y da cuenta de que no es un hecho aislado”.
El fiscal Carlos Stornelli está a cargo de la causa impulsada por el Ministerio de Seguridad y es quien pidió la detención cautelar de las 33 personas. Las acusaciones van desde: lesiones y daños simples y agravados, incendio o estrago, delitos contra la seguridad pública, instigación a cometer delitos e intimidación pública, incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones, organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, delitos contra los Poderes Públicos y el Orden Constitucional, atentado contra la autoridad, resistencia a la autoridad y perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos. “Calificaciones que están en sintonía con los planteos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que había pedido que se investigue a las personas detenidas por actos terroristas y por una ‘nueva modalidad de golpe de Estado’”, afirmaron desde el CELS.
Por orden de la jueza María Servini, fueron liberadas 17 personas el viernes a la noche. Ayer, el fiscal pidió a la magistrada que reconsidere la decisión y que sean recapturadas hasta la indagatoria. Además, solicitó analizar los celulares para determinar si hubo más personas vinculadas a lo que nombran como “desmanes”. Habrá que ver si le hacen o no lugar al pedido, y cómo evoluciona la causa. Ayer, luego de la presión y el trabajo de organismos de derechos humanos y sus familias, liberaron a 11 más, la excarcelación fue por «falta de mérito». Aún quedan detenidxs Patricia Calarco Arredondo, David Sica, Cristián Fernando Valiente, Roberto María de la Cruz Gómez y Facundo Ezequiel Gómez.
Mientras en la Ciudad de Buenos Aires dicen que no hay lugar en las cárceles federales, las 16 personas que habían quedado detenidas fueron trasladadas a las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz, que están bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal y que depende del Ministerio de Seguridad desde la asunción del gobierno de Javier Milei. El viernes pasado, Servini les negó la excarcelación, porque los acusan de haberlos visto tirar piedras. ¿La única prueba? Declaraciones de los policías.
Juan Spinetto es docente, abogado y ambientalista. Lo detuvieron a 5 cuadras de su casa en San Telmo ―a más de 15 cuadras―. Hay tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Sasha Lyardet, Camilia Juarez Oliva y Nicolás Mayorga, que también es campeón panamericano de ajedrez, maestro de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) e integrante de la Asamblea San Martín. Se repite que fueron detenidos lejos del Congreso y cuando se estaba desconcentrando. Ramona Tolaba es empleada doméstica y estaba en la marcha con una bandera de Argentina. María de la Paz Cerruti es docente de historia y afiliada a ATE, trabaja en el Ministerio de Economía y es sobrina de cuatro detenidos desaparecidos. Brian Ortiz es estudiante de Historia, Belén Puglia estudia letras y David Sica se encontraba en situación de calle y fue acusado de pegarle a un policía. Por nombrar algunxs.
“No son delincuentes, son ciudadanos con conciencia que fueron a manifestar”, expresaron ayer en la concentración en Plaza de Mayo en respuesta a las declaraciones del presidente, quien dijo en una entrevista con Viale: “No son presos políticos, sino delincuentes y tienen que estar todos encerrados. Se terminó la doctrina Zafaronni, acá el que las hace, las paga». Exigieron a la Justicia que realice un proceso que respete las garantías democráticas y constitucionales. No se trata de dar cuenta de qué tipo de ciudadanxs son porque, en nuestro país, la protesta es legal, pero es importante detallar quiénes son y cómo eso opera o cuál es el efecto que se busca. ¿En qué organización estabas?, es la pregunta en la que varios testimonios coinciden. Todo parece indicar, como expresó el CELS, “que las detenciones de quienes protestaban contra la Ley Bases fueron al voleo y que el fiscal inventó un intento golpe de Estado a medida de los intereses del Gobierno nacional”. Todo parece indicar, por la arbitrariedad de las detenciones, que estamos ante una política deliberada de amedrentamiento y disciplinamiento.
Para Plaza, es importante tener en cuenta un elemento central y es el cambio de carátula de la detención, que responde a un cambio de paradigma que puede afectar a quienes queramos defender o sostener alguna defensa pública de un derecho. “Hay que leer ese cambio como una decisión política de involucrar al fuero federal, donde Stornelli tiene trayectoria, y, entonces, ese cambio lo permite. Esto vuelve más preocupante a las detenciones, las modalidades que se dieron tienen claramente un antecedente complicado que es atentar contra el orden constitucional y que efectivamente lo habilitó la Ley antiterrorista del año 2011, imposición del Banco Mundial y que, en ese momento, por el tipo de políticas penales de entonces, no se iba a aplicar, pero que, siendo ley, claramente habilitaba esta situación que hoy estamos viviendo”.
Y agrega: “No es algo nuevo, pero es bastante exagerado y está muy probado que no hay una figura de asociación y ni siquiera de organización de los hechos puntuales de vandalismo, por ejemplo, que se registraron el día en la marcha. Hay una intención de politizar, dar un mensaje y se pone como exponente a las fuerzas de seguridad interviniendo con el protocolo Bullrich en situaciones que no podrían intervenir; de disparidad numérica, de poca protección, de mucho desborde social”.
Amanda Danielis, hermana de María de la Paz Cerruti, expresó ayer: “Si como sociedad no reaccionamos ante estas situaciones, volverán a repetirse”. No sobreabundó la solidaridad y la cobertura del tema. Más bien, a la indiferencia, se suma un caldo de criminalización y apoyo al accionar de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, lo que siempre se confirma: “Luchar sirve”. Luego de una campaña nacional e internacional con más de 60.000 firmas y junto a la organización y movilizaciones de familiares, organismos de derechos humanos, sindicatos, políticos, queda con claridad que la causa no tiene forma de sostenerse. Desde diferentes sectores, están trabajando para que esto no pase como si nada y, sobre todo, que no siente el precedente para futuras manifestaciones porque quieren sembrar miedo y desmovilización.
“No hay que reducir lo que pasó, aun cuando todxs logren la libertad. Recientemente, conformamos la Red nacional sobre estudios de delitos en democracia y hemos presentado un Amicus Curae pidiendo la liberación de los detenidos, y vamos a presentar un documento sobre la politización y la irracionalidad de la causa y la locura en términos institucionales que significa sostener esta figura en estos casos. Y estamos trabajando sobre un protocolo en la línea preventiva para evitar situaciones como las que vimos en la marcha, para evitar infiltrados y los episodios de violencia que habilitan la mayor violencia policial”, sostiene Plaza.
El Comité contra la Tortura (CNPT) había pedido, el día antes de la manifestación, informes al Ministerio de Seguridad de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires sobre el operativo, nombres de los responsables, equipamiento, armamento, etc. Nunca respondieron el pedido.
Diputados de Unión por la Patria presentaron una denuncia contra la ministra Bullrich por la represión en las inmediaciones del Congreso, por apremios ilegales, vejaciones, tormentos, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos. «Esta represión demuestra el desprecio del presidente Milei por el Congreso», expresó Germán Martines, jefe del bloque. La causa, según informaron, cayó en el Juzgado Federal 4, a cargo de Ariel Lijo.
La legisladora de CABA por Unión por la Ciudad, Claudia Neira, presentará un pedido de informes para acceder a las modulaciones de la Policía de la Ciudad: “Queremos saber si hubo alguna orden para que no se acerquen los bomberos. ¿Por qué no llegaron los bomberos de la Ciudad a apagar el incendio del auto de Cadena 3? Todos vimos con la impunidad que se fueron los autores del hecho sin que tampoco intervenga la Policía”.
El próximo 11 de julio, la OEA analizará en una audiencia virtual, mediante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las denuncias realizadas por organismos de derechos humanos y sindicatos, en relación con la represión y criminalización de la protesta social desde que asumió Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Volker Turk, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), criticó su discurso de sesión del organismo, las políticas que está desarrollando el gobierno argentino en ese aspecto. “Insto a las autoridades a que sitúen los derechos humanos en el centro de su formulación de políticas, para construir una sociedad más cohesionada e inclusiva. Esto implica también el pleno respeto del derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión”, sostuvo.
“Son dos reflexiones que necesitamos hacer con estas detenciones. Por un lado, la necesidad del acompañamiento jurídico y político, y la visibilización de quienes están detenidos porque, además, no pertenecen a organizaciones que tengan mayor capacidad de visibilizarlo. Y, por otra parte, es una alerta para pensar los cuidados en las marchas. Claramente, la lógica de las concentraciones y marchas están cambiando, y estamos expuestas a este tipo de prácticas y, por lo tanto, quienes trabajamos en este tema desde la investigación tenemos que poner esas herramientas a disposición porque no creo que se trate de un hecho aislado. Fue en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y fue su policía que tiene características específicas, pero no es tan diferente de otras fuerzas que podrían implementarlo”, concluye la especialista Valeria Plaza.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: Eloísa Molina para La tinta.
