Honduras: protestas contra el intento de las élites de utilizar la pandemia para enriquecerse
Sin prácticamente ayuda gubernamental, los trabajadores despedidos no han tenido más elección que desafiar las extremas medidas de cuarentena y tomar las calles.
Por Karen Spring y Judy Ancel para El Salto Diario
Los vecinos de Choloma, una ciudad industrial del norte de Honduras, bloquearon el 10 de abril la principal autopista que conecta la ciudad de San Pedro Sula con Puerto Cortés. Choloma y las ciudades cercanas son el centro fabril para marcas estadounidenses en fábricas llamadas maquilas. También son el epicentro del Covid-19 en Honduras.
Los trabajadores que bloquearon la carretera esa mañana quemaron neumáticos, construyeron barricadas y exigieron que el gobierno les diera la comida que les habían prometido. Un trabajador que se manifestaba en Choluteca, en el sur de Honduras, dijo en el medio hondureño UNE-TV: “Nos dijeron que estarían aquí a las siete esta mañana con comida, pero nadie vino. Tenemos hambre. Hay 70 pueblos esperando comida”.
Desde mediados de marzo, cientos de miles de trabajadores en estas ciudades han sido despedidos a medida que los fabricantes de ropa Hanes, Gildan y Fruit of the Loom y el fabricante de componentes de automóvil Empire Electronics, entre otros, anunciaron cierres de dos a cuatro meses. Unas pocas maquilas están pidiendo que algunos trabajadores vuelvan para fabricar equipo médico.
En algunas fábricas sindicalizadas, los trabajadores obtuvieron el salario de dos semanas como indemnización. Otros trabajadores recibieron su paga de vacaciones acumulada y nada más.
María Luisa Regalado es la directora de CODEMUH, el Colectivo de Mujeres Hondureñas, una organización que se centra en las enfermedades de las trabajadoras de maquilas. Resumió lo que había oído de los trabajadores: “Tenemos miedo de perder nuestros trabajos… pero nos sentimos impotentes. Aquellos de nosotros que somos inquilinos no sabemos cómo pagaremos la renta. Hay mucho que no se sabe. No sabemos qué va a pasar con nuestras vidas”.
Mientras tanto, los hondureños de Estados Unidos están teniendo problemas para enviar las remesas, ya que muchos de ellos han perdido su trabajo. Las remesas normalmente suponen el 20 por ciento del PIB hondureño.
Capitalismo del desastre
La respuesta gubernamental hondureña a la pandemia es un ejemplo de libro de cómo los ricos y poderosos utilizan una crisis para aprovecharse y beneficiarse todo lo que pueden mediante medios antidemocráticos. Por supuesto, el “capitalismo del desastre” no es nuevo en Honduras, cuya población ha afrontado shock tras shock desde el golpe de Estado de 2009 respaldado por el gobierno de Barack Obama.
Los militares derribaron un gobierno popular constitucional, e introdujeron la política de privatización de todo, incluidos los ríos. Ha habido corrupción masiva y también tráfico de drogas patrocinado por el Estado.
Desde que el presidente post-golpe, Pepe Lobo, anunció que Honduras estaba abierta a los negocios en 2011, un torrente de voraces multinacionales, establecieron talleres con bajos salarios, presas hidroeléctricas y proyectos mineros. Tanto las elecciones generales de 2013 como la reelección inconstitucional de 2017 del presidente Juan Orlando Hernández, comúnmente llamado JOH, fueron robadas.
Desde entonces, Honduras se ha convertido en un completo narco-Estado. El hermano de JOH, Tony, fue condenado el año pasado en un tribunal de Nueva York por narcotráfico a gran escala, y JOH es un cómplice sin procesar. Por supuesto, esto no ha evitado que el gobierno de Donald Trump mantenga un apoyo total al gobierno corrupto.
El resultado hoy: el 63 por ciento de los hondureños viven en la pobreza -47 por cientos antes del golpe de 2009-, la mitad de ellos en extrema pobreza. El 70 por ciento de los hondureños dependen de la economía informal -como mercados campesinos y mini-taxis- para llegar a fin de mes.
Las célebres caravanas de hondureños huyendo hacia Estados Unidos en los últimos años, fueron resultado directo de la devastación económica de la gente trabajadora, la corrupción y el terror por vivir en un narco-Estado.
Corrupción y dictadura
JOH cerró las fronteras del país el 15 de marzo (excepto para los deportados desde Estados Unidos), impuso un toque de queda absoluto, y suspendió derechos constitucionales fundamentales, incluido el derecho a la libertad de expresión, la propiedad privada, la libertad de circulación y el habeas corpus, permitiendo la detención indefinida.
El ejército y la policía instalaron controles en todas las grandes avenidas y carreteras del país, y cerró por la fuerza los mercados callejeros, disparando gas lacrimógeno contra quienes resistían. Se suspendió el transporte público. Las autoridades detuvieron a miles, incluidos veteranos disidentes. Se les confiscaron los vehículos a cientos de personas a las que se encontró conduciendo, sin forma de recuperarlos.
Declarar un toque de queda total en un país con unas condiciones políticas y de vida tan duras, y sin red de seguridad social, hace la vida imposible a los hondureños. COFADEH, el Comité de los Familiares de los Detenidos y Desaparecidos en Honduras, una organización de derechos humanos, afirmo: “No se puede obedecer un toque de queda cuando hay gente muriendo de hambre”.
El desastre de los servicios sanitarios
“Destruye, luego privatiza”, es una clásica estrategia del capitalismo del desastre, lo que ahora significa que el sistema sanitario hondureño está completamente desprevenido para enfrentarse a la pandemia.
La destrucción y privatización del sistema sanitario empezó en 2013, cuando el Partido Nacional, de JOH, robó 350 millones de dólares del sistema de seguridad social, que proporciona asistencia médica y pensiones, en parte para financiar su campaña. Lo que siguió fue que los hospitales se quedaron sin suministros esenciales y fondos de mantenimiento.
Después, una ley de 2016 debilitó el sistema nacional de salud para trabajadores, una victoria que se había conseguido tras una huelga de trabajadores del plátano en 1954. La nueva ley estableció el marco para un destripamiento eventual de la cobertura de salud universal para trabajadores, obligándoles a obtener asistencia sanitaria de proveedores privados con costes económicos mucho más altos. Se encontró con la amplia protesta de federaciones sindicales y movimientos sociales.
Ahora, el gobierno ha aprobado 888 millones de dólares para enfrentarse el Covid-19, tras solicitar millones de dólares para luchar contra el virus a instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Muchos temen que este dinero sea desviado hacia autoridades corruptas.
El Congreso, unos días antes de la cuarentena, destinó 420 de los 888 millones de dólares para implementar la “Ley Especial para la Aceleración Económica y la Protección Social”. Esta ley tiene la intención de construir más de 90 hospitales en el país para enfrentar la crisis el Covid-19, pero entrega la administración de los hospitales públicos a la industria sanitaria privada. La ley, junto a su predecesora de 2016, transfiere la cobertura sanitaria colectiva de los trabajadores, actualmente bajo el Instituto Hondureño para la Seguridad Social, hacia un sistema comercial dirigido por suministradores privados.
Nadie en Honduras cree que el gobierno utilizará los 420 millones de dólares para reconstruir el sistema sanitario. Acabarán, como tantos millones de ayuda estadounidense, en las cuentas de autoridades corruptas, mientras que los proyectos, que se supone que ese dinero financiará, se construyen sólo sobre el papel.
Según el veterano líder sindical Carlos H. Reyes, del sindicato de embotelladores STIBYS: “La mayoría del pueblo hondureño y los analistas piensan que el dinero se está ahorrando para un futuro fraude electoral que mantenga la dictadura, que se sostiene mediante la corrupción y el tráfico de drogas”.
Suyapa Figueroa, presidente del Colegio Médico Hondureño, dijo a la CNN que el “sistema sanitario había colapsado”, incluso antes de que se confirmaran los primeros 150 casos de Covid-19.
No sorprende que el toque de queda y la privatización fueran recibidos por una huelga de trabajadores sanitarios, que inmediatamente abandonaron su puesto de trabajo para protestar contra la falta de equipo de protección personal y suministros básicos. Muchos están ahora trabajando sin protección adecuada.
El destino de los puestos de trabajo y los convenios colectivos
Al principio, muchas de las maquilas que producen ropa para el mercado norteamericano se negaron a suspender operaciones. A pesar de la cuarentena gubernamental, se esperaba que los trabajadores desafiaran el toque de queda y se presentaran, y trabajaran sin equipos de protección individual o medidas de distancia social. El departamento de Cortés -el centro del trabajo en maquilas- se convirtió rápidamente en el calvo de cultivo para el virus, y los trabajadores empezaron a abandonar sus empleos en protesta.
A la hora de escribir esto, hay unos cuestionables 400 casos y 27 muertes en el país, pero dada la falta de tests, la imposibilidad de la distancia social y la reunión de cientos para protestar contra el hambre, ese número es probablemente mucho mayor y esté creciendo. Hasta la fecha, un doctor que trabajaba en Gildan y dos trabajadores de Hanes Brand, en la ciudad de Villanueva, han muerto de Covid-19.
Ahora, más de tres semanas desde la cuarentena, la mayoría de las maquilas han cerrado, dejando a su suerte a los trabajadores. Algunas, sin embargo, están produciendo mascarillas y batas médicas y siguen abiertas. En algunos casos, ha habido informes de que las empresas están suspendiendo los convenios colectivos permanentes y sustituyendo a su mano de obra con trabajadores contratados bajo la Ley de Trabajo Temporal.
Bajo esta ley, aprobada tras el golpe de 2009, los empresarios pueden contratar temporales durante tres meses sin seguridad social. Antes, los puestos de trabajo eran fijos y los trabajadores sólo podían ser despedidos con una causa.
Los negocios en otros sectores también son antisindicales. Miembros de STIBYS que trabajan para SAB Miller, Coca Cola, InBev y Pepsi están todavía trabajando –la cerveza y los refrescos son tratados como industrias esenciales. Muchos miembros se niegan a trabajar hasta que se les dé equipos de protección individual; en respuesta, las empresas les están despidiendo y contratando temporales.
“Ni un paso atrás”
Las medidas de cuarentena extremas sin ayuda gubernamental y seguridad social casi inexistente, han echado a muchos hondureños a las calles. Llevadas por la indignación, el hambre, y el absoluto rechazo del gobierno corrupto, muchas comunidades del país han desafiado la cuarentena, organizado protestas y bloqueado carreteras. Están demandando ayuda alimentaria para todos, no sólo para los aliados del partido en el poder, de los 888 millones de dólares aprobados para la crisis.
Los movimientos sociales hondureños, incluidas organizaciones de derechos humanos, comunidades indígenas y decenas de otros movimientos, están demandando que el gobierno ponga al Colegio Médico Hondureño y a expertos en salud pública a cargo de la gestión de la crisis, no a las fuerzas de seguridad del Estado.
También están pidiendo garantías laborales y salariales para trabajadores públicos y privados, el fin de las violaciones de las normas laborales por parte de los empresarios, y la libertad para los presos políticos.
Están llamando a “horas de ruido” y “cacerolazos” cada tarde, pidiendo a la gente que haga ruido desde sus hogares para manifestar su rechazo a las acciones del gobierno.
*Por Karen Spring y Judy Ancel para El Salto Diario
