“Justicia para Berta Cáceres significa justicia para Honduras”
En Honduras, comienza una nueva etapa en el proceso judicial contra los responsables materiales e intelectuales del asesinato de la lideresa del COPINH.
Por Coordinadora de Medios en Solidaridad con COPINH*
Este miércoles, se reanudará el proceso legal contra David Castillo, detenido el 2 de marzo de 2018 e imputado como “autor intelectual” del asesinato de la lideresa del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta Cáceres.
Cáceres y su organización, que lucha por los derechos de la comunidad Lenca y contra el capitalismo, racismo y patriarcado, estaban al frente de una batalla feroz contra la construcción de una represa hidroeléctrica sobre un río sagrado para su comunidad. El proyecto hidroeléctrico Agua Zarca es impulsado por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), que ha contado con financiamiento de diversos bancos e instituciones internacionales, como el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco de Desarrollo Holandés (FMO), FinnFund, SinoHydro (China), Banco Financiera Centroamericano S.A., el Banco Mundial y la USAID, entre otros.
La resistencia de la comunidad de Río Blanco -aldeana al Río Gualcarque donde querían construir el proyecto-, apoyada por el COPINH con el liderazgo de Berta Cáceres, tuvo una respuesta muy fuerte por parte de la empresa y el Estado hondureño, que también tenía interés en el proyecto.
Tanto los miembros de la comunidad como el COPINH, en especial, Berta, se enfrentaban con una campaña de vigilancia, intimidación, hostigamiento, amenazas, violencia, y criminalización por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, la seguridad privada de la empresa y personas armadas, pagadas por la compañía. Esa violencia fue denunciada ante el Estado de Honduras y distintas entidades internacionales en varias ocasiones, pero nunca se tomaron las medidas necesarias para frenarla, ya que era “necesaria” para seguir adelante con el proyecto. En ese contexto es asesinada Berta Cáceres el 2 de marzo, en su casa en la ciudad La Esperanza, Intibucá, en el noreste de Honduras.
Desde el momento de su asesinato, la causa de Berta Cáceres -que ahora implica, por lo menos, 13 casos jurídicos- ha estado marcada por irregularidades, violaciones al debido proceso, hostigamiento a la defensa, a su organización y familiares, y, en general, una falta de voluntad por parte de las instituciones del Estado para llegar a la justicia verdadera.
En noviembre del año pasado, fueron condenadas siete personas, acusadas de participar en el asesinato de la lideresa como autores materiales. Aunque el COPINH y las demás organizaciones celebraron esas condenas como fruto de su lucha por justicia, también denunciaron que el Estado intentó terminar con la causa de Berta Cáceres y dejar por fuera la estructura poderosa que planificó y financió el crimen.
En el transcurso de ese juicio, se negó casi sistemáticamente cada prueba, evidencia, testigo o informe de perito, que buscaba vincular los autores intelectuales, como los miembros de la familia Atala Zablah, al asesinato y contextualizarlo como parte de una estrategia de represión de DESA. A su vez, los magistrados del caso excluyeron la defensa legal de las víctimas del juicio y negaron el reconocimiento de COPINH como víctima. Casi diez meses después, aún no sentenciaron a los siete condenados. En este marco, el juicio contra David Castillo es sumamente importante.
¿Quién es David Castillo?
Castillo, militar graduado de la escuela de West Point de Estados Unidos y subteniente de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas en Honduras, es presidente del Consejo de Administración y representante legal de DESA desde 2011. Se lo acusa de participación en el asesinato de Berta Cáceres como autor intelectual, o sea, de haber participado en la vigilancia a Berta en el terreno, la planificación del asesinato y la coordinación entre los altos mandos de la empresa y el grupo de sicarios que ejecutaron el crimen. Castillo es la pieza fundamental que vincula los que dispararon y los que les pagaron para disparar.
“Esperamos que, a partir de la audiencia, se dé paso al juicio oral y público, y también que, a partir de esto, se logre hacer una investigación a todos los autores intelectuales del asesinato, como son la familia Atala Zablah, que sabemos bien desde las organizaciones que son ellos quienes pagaron y ordenaron este crimen”, explicó Suli Madariaga a la coordinación de medios populares, comunitarios y autogestivos en solidaridad con el COPINH.
En el informe Violencia, Corrupción e Impunidad en la Industria Energética de Honduras: Un Perfil de Roberto David Castillo Mejía, confeccionado por organizaciones internacionales como Due Process of Law Foundation, International Platform Against Impunity, Robert F. Kennedy Human Rights y Guatemala Human Rights Commission, se señala que Castillo no está meramente vinculado en la planificación y la coordinación del asesinato de Berta, sino que está involucrado en una serie de actividades delictivas, que incluyen corrupción y fraude mientras era servidor público, además de graves violaciones de los derechos humanos.
Tras una cuidadosa investigación, el informe indica que las actividades criminales atribuidas a Castillo fueron presumiblemente emprendidas para promover los intereses de las empresas con las que estaba asociado. Esto incluye denuncias de actos que constituyen corrupción y violaciones de los derechos humanos. Aparentemente, sostiene el informe, varias empresas se han beneficiado de la comisión de presuntos delitos, que habrían beneficiado a DESA y a compañías relacionadas a ésta, los cuales son particularmente graves. Por su parte, las dificultades para obtener acceso a la información de varias empresas y las leyes que permiten el anonimato de la propiedad de las compañías registradas en Panamá hacen que sea extremadamente difícil determinar la identidad de diversas firmas que se habrían beneficiado de los presuntos delitos.
Castillo era director, accionista o ejecutivo de, al menos, ocho empresas, de las cuales, por lo menos, seis estaban constituidas en Honduras. Al menos dos de esas firmas asociadas con Castillo estaban registradas en Panamá: Mithril Capital y Potencia y Energía de Mesoamérica SA PEMSA (Panamá), donde se protege el anonimato de sus accionistas.
La evidencia presentada a los tribunales hondureños por los fiscales sugiere que Castillo participó en el asesinato de Berta Cáceres como autor intelectual, presuntamente coordinando y proporcionando fondos a los autores materiales, con el fin de llevar a cabo el asesinato. Castillo ha sido acusado y el caso permanece en la fase preliminar de enjuiciamiento; ningún otro autor intelectual del crimen fue arrestado. Este asesinato fue parte de un patrón de violencia, corrupción, intimidación, enjuiciamiento malicioso, violencia e impunidad orquestada por Castillo, y otras personas de la empresa DESA, quienes parecen haber funcionado como una estructura criminal.
Durante el primer juicio por el asesinato de Berta, en 2018, la evidencia sugirió que Castillo y sus asociados, junto a empleados de DESA, obtuvieron el apoyo de instituciones claves del gobierno hondureño, utilizando sus influencias en el ministerio de Seguridad, la policía y el ejército, así como influencias inapropiadas en el Poder Judicial hondureño, aparentemente para avanzar en los esfuerzos de intimidar, perseguir y neutralizar a la lideresa de COPINH y la oposición de la organización al Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca. DESA, y los representantes que emplea, continúan en la actualidad promoviendo la estigmatización de Berta Cáceres, del COPINH y de los miembros de la comunidad indígena Lenca en Río Blanco después del asesinato de la dirigenta.
Un dato importante que han señalado COPINH y la familia de Cáceres es que, ocho meses después del asesinato de Berta, Castillo compró una casa de lujo por valor 1,4 millones de dólares en Houston, Texas. Hace poco, las hijas y el hijo de Cáceres presentaron una citación ante una corte federal en Estados Unidos para acceder a los registros financieros de Castillo del banco que le dio la hipoteca para comprar la propiedad. Creen que esos registros tendrían alguna información sobre los motivos financieros al crimen e información sobre quién está vinculado.
A pesar de las pruebas contundentes que vinculan a Castillo al crimen, su defensa -con el apoyo de los medios corporativos de Honduras- “han instalado una campaña que busca victimizar a David Castillo y deslegitimar el proceso en su contra, cuestionando las pruebas que lo vinculan con el asesinato e intentando justificar su inocencia con una narrativa absolutamente perversa y revictimizante”, denunció el COPINH.
Con esto, buscan garantizar la impunidad de Castillo y obstruir la búsqueda de la justicia verdadera, en donde “todas las personas responsables por el asesinato de Berta y por las agresiones sistemáticas perpetradas contra el COPINH, incluyendo tanto a David Castillo como a la familia Atala Zablah, el Banco Holandés de Desarrollo (FMO), funcionarios estatales, miembros de las fuerzas armadas, financiadoras y más” serían juzgadas y sancionadas.
“Esperamos el acuerpamiento de todas las organizaciones que han sido parte y que quieren ser parte de este proceso por la búsqueda de justicia de nuestra hermana Berta Cáceres, que es compañera de todos y todas”, sostuvo Suli Madariaga. Y afirmó: “Si bien sabemos que la justicia no está, en realidad, en estos tribunales, queremos romper con esta cadena de impunidad que se vive en Honduras”. Para Madariaga, este proceso de lucha y justicia por Berta Cáceres, en Honduras, puede funcionar como bisagra para la situación de criminalización y represión existente. “En un país en el que nunca pasa nada, donde siempre las personas que defienden los territorios y luchan por la vida son las criminalizadas, y cuando se produce un crimen contra ellas no se investiga y queda en la impunidad, es muy importante que se esté llevando a cabo un proceso con estas características”, señaló.
Justicia para todos los pueblos
Carolina Hernández, que también es parte del COPINH, solicitó que todas aquellas personas y organizaciones que se sientan interpeladas por el crimen contra Berta Cáceres se puedan solidarizar. “Les pedimos que nos acompañen, acuerpen y estén presentes en los diferentes momentos que estamos viviendo con esta causa, y, principalmente, en la búsqueda de esa justicia verdadera e integral por la cual los pueblos seguimos resistiendo y luchando”, aseveró. De igual manera, desde el COPINH, solicitaron que se realicen diversas acciones de visibilización en los diferentes medios, embajadas, redes sociales, para presionar a los diferentes órganos del Estado de Honduras.
Para Hernández, “este proceso también viene a garantizar los derechos y romper las cadenas de impunidad que se mantienen en Honduras contra los diferentes ataques, asesinatos y femicidios de compañeras y compañeros”. Por eso, apuntó que “hacer justicia para Berta es hacer justicia para todos los pueblos”. Para finalizar, Madariaga reforzó: “Como COPINH, nos juntamos y abrazamos la esperanza para la búsqueda por justicia para Berta Cáceres. Porque justicia para Berta también significa justicia para Honduras, un país tan golpeado por la impunidad, la corrupción y la violencia. Esperamos que, desde aquí, se comience un cambio en este sistema”.
*Por Coordinadora de Medios en Solidaridad con COPINH (ALBA TV/Colombia Informa/Marcha Noticias/Notas Periodismo Popular/Noticiero Barrio Adentro/Peoples Dispatch/Resumen Latinoamericano)
