Paraguay: “Nuestra lucha es por tierra, justicia y libertad”
Entrevista a Josefa Acosta y Martina Paredes, integrantes de la Comisión de Mujeres Víctimas de la Masacre de Curuguaty, ocurrida en Paraguay en junio de 2012.
Por María Paz Tibiletti para Latfem
“Curuguaty fue una verdadera masacre. Yo estuve ahí y me mataron a dos hermanos”, dice Martina Paredes. “Y no fue algo espontáneo, fue un montaje para terminar con el gobierno de (Fernando) Lugo y criminalizar la lucha campesina”, agrega Josefa Acosta. Ambas pertenecen a la Comisión de Mujeres Víctimas de la Masacre de Curuguaty (CMVMC), ocurrida en junio de 2012 en Paraguay, que terminó con 17 muertxs y una profunda crisis política y de derechos humanos en ese país. Curuguaty marcó un quiebre en el orden democrático de Paraguay y, además, es uno de los hitos de lo que muchxs llaman el “Plan Cóndor Judicial” para poner fin a los gobiernos progresistas en la región. Detrás de la matanza, hubo una fuerte organización de mujeres campesinas para cercar a la impunidad.
En el marco del Encuentro Trinacional de Defensoras Ambientales organizado por el Fondo de Mujeres del Sur y la Fundación Plurales en San Lorenzo, en la provincia de Salta, las referentas de la CMVMC, compartieron su historia de lucha por la tierra y la búsqueda de justicia.
“En 2012, un grupo de campesinxs ocupábamos unas tierras que pertenecían al Estado paraguayo, pero que se las había apropiado Blas Riquelme, un terrateniente vinculado a la dictadura de (Alfredo) Stroessner, que aunque nunca tuvo los títulos de propiedad reclamaba sus derechos sobre la tierra a través de usucapión, algo que no se puede hacer ya que se trata de tierras del Estado. En junio de ese año, consiguió una resolución para desalojar a las familias que estábamos ahí y fue muy violento. En ese desalojo, hubo 11 campesinxs y seis policías fallecidxs. Solo una semana después se produjo el juicio político y la destitución a Lugo. Todo fue un montaje para sacarlo del poder”, relata Josefa, que a sus 27 años lleva más de siete luchando por justicia para lxs campesinxs asesinadxs en aquella jornada.
“La masacre marcó nuestras vidas. Es un dolor irreparable y una herida abierta porque hasta hoy no tenemos justicia. Pero nos queda mucho por hacer, la lucha sigue hoy más que nunca”, agrega Martina.
Ambas sostienen que detrás del golpe institucional se escondían los intereses de grandes empresas vinculadas al agronegocio, y de las castas empresariales y oligárquicas de Paraguay, interesadas en mantener la concentración de tierras en sus manos. El país tiene la distribución de la tierra más desigual del mundo: el 90 por ciento está en manos de 12.000 grandes propietarios, mientras que el 10 por ciento restante se reparte entre 280.000 pequeños y medianos productores, según un informe elaborado por OXFAM. En ese contexto, la inmensa mayoría de familias campesinas e indígenas no tiene tierra suficiente para subsistir. “Lugo era el primer presidente, después de la dictadura y de décadas del Partido Colorado en el poder, que reivindicaba el derecho a la tierra para los campesinxs. Prometió aumentar el precio de nuestra producción, generar un mercado seguro y garantizar educación y salud gratuita. Podría decirse que estaba en su mejor momento cuando fue la masacre y tenía muchas chances de ser reelecto para un nuevo gobierno”, recuerda Josefa.
En esa misma línea, un Informe de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) señala a “la reforma agraria, una de las principales promesas electorales del proyecto democratizador del 2008” como “el telón de fondo de esta crisis terminal y la caída de Lugo”. Tras la destitución de Lugo, asumió como presidente su vice Federico Franco, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), quien rápidamente desactivó la comisión independiente creada por su antecesor para saber qué pasó en Curuguaty.
Al momento de la masacre, la comunidad que ocupaba las tierras de Marina Kue, en Curuguaty, a 400 kilómetros de Asunción, era muy pequeña: solo 64 personas, incluyendo niñxs, que vivían en carpas y sin una gran organización. En el desalojo, actuaron 324 policías y militares, incluyendo al Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional, una fuerza militarizada con armas de guerra. Organizaciones nacionales e internacionales denunciaron casos de tortura y el uso innecesario y excesivo de la fuerza durante el operativo policial. Los testimonios de la masacre confirman que los efectivos rodearon el campamento por tres sectores, dejando el bosque como única vía de escape para la represión. Además, sostienen que la policía se negó a dialogar con la comunidad pese a los numerosos pedidos de lxs campesinxs. “Si venían para matarnos, qué íbamos a hacer, nosotrxs no teníamos nada”, coinciden las referentas.
“Fue una verdadera trampa mortal. Yo perdí a dos hermanos en el día de la masacre, Luis y Fermín. Fermín me llamó por teléfono y me pidió para auxiliarle, porque le habían disparado y tenía una herida en la pierna. Buscamos ayuda pero no nos dieron la oportunidad de sacarlo. Lo encontramos muerto en el hospital con ocho tiros. A mi hermano lo fusilaron”, denuncia Martina.
Durante la masacre, fueron asesinadxs 11 campesinxs y seis policías. Sin embargo, solo se investigaron las muertes de los policías y las de lxs campesinxs continúan impunes. La causa quedó en manos del fiscal Jalid Rachid -hijo de Blader Rachid Lichi, ex presidente del Partido Colorado-, quien ordenó la prisión preventiva de 12 campesinxs y los imputó por los delitos de “homicidio doloso agravado, consumado y tentado, asociación criminal e invasión de inmueble”. Para su imputación, Rachid se basó en el testimonio de 84 policías pero no tuvo en cuenta las voces de lxs campesinxs.
“Nunca se escuchó nuestro reclamo y nuestra denuncia. Tampoco se tuvieron en cuenta nuestros testimonios, sólo se escuchó la parte de la policía. ¿Y ellos a quién responden?”, dice Martina. “No pensamos que iban a condenarlos, porque no había ninguna prueba concreta contra lxs compañerxs. Fue, otra vez, un golpe muy duro para la comunidad. La sensación de injusticia es enorme y fue algo muy doloroso para nosotrxs”, asegura Josefa.
En 2016, siete campesinxs, incluyendo tres mujeres, fueron condenados a penas de entre 20 y 35 años de prisión. Fue el juicio más largo de la historia de Paraguay y le costó a ese país una serie de denuncias nacionales e internacionales por irregularidades en las acusaciones y en las condenas.
En ese contexto, las mujeres de la Comisión de Víctimas de la Masacre de Curuguaty se organizaron para impulsar tanto la búsqueda de justicia como también por la lucha por la posesión de las tierras. Instalaron una carpa frente al “Palacio de las Injusticias de Paraguay”, en Asunción, para apoyar a lxs condenadxs y volvieron a instalarse en las tierras de Marina Kue.
Esta vez, lo hicieron con mayor organización y actualmente viven allí 150 familias, unas 900 personas. “Hoy somos una comunidad bien formada y organizada, porque sabemos que es fundamental para poder defender nuestros territorios y lograr la regularización de las tierras”, cuenta Josefa.
En estos siete años desde la Masacre, ellas tuvieron un papel protagónico al sostener la lucha, tanto dentro como fuera de Marina Kue. Realizaron numerosas acciones de incidencia y visibilidad ante autoridades locales, nacionales y regionales; y lograron que varias organizaciones apoyen sus reivindicaciones, generando recursos y alternativas de subsistencia para llevar adelante tanto el proceso judicial como la organización de la comunidad.
Así, pudieron conformar el Comité de Productoras Mujeres María Dominga de Marina Kue, que fomenta el desarrollo de huertas familiares en la comunidad, construyeron un almacén de consumo y armaron una sala de máquinas de costura, todas actividades que apuntan a la sostenibilidad del asentamiento. También montaron escuelas para que lxs niñxs de la comunidad puedan escolarizarse.
“Como mujeres, nosotras vivimos un antes y después de la masacre. Nuestra vida era totalmente diferente porque ahora estamos llevando adelante esta lucha. Tomamos una decisión familiar y como comunidad para poder saber alguna vez la verdad sobre lo que pasó en Curuguaty. Eso nos animó a organizarnos como mujeres, porque fueron presos los maridos, tíos y abuelos de muchas compañeras. O, en mi caso, me mataron dos hermanos. Yo creo que las mujeres tenemos más capacidad para salir y reclamar, golpeamos más puertas hasta lograr que nos escuchen las instituciones. Entonces, salimos a luchar y vamos a seguir luchando todo lo que sea necesario”, dice Martina.
“Defender nuestras tierras es también defender la vida que viene, nuestra cultura y nuestra identidad. Sabemos que va a ser una lucha muy larga pero seguiremos resistiendo, trabajando y concientizando a las mujeres sobre esta lucha, sobre la necesidad de ser autónomas y ver todo lo que nosotras podemos hacer. Antes pensábamos que no podíamos hacer nuestro propio camino, porque en nuestra cultura siempre se nos enseñó que la mujer era para la casa. Hoy estamos demostrando que no es así, que nosotras también podemos”, agrega Josefa.
En ese largo camino de resistencia y organización, en julio de 2018 la Corte Suprema de Justicia de Paraguay absolvió a los campesinxs condenados y ordenó su liberación. Fue una gran victoria para lxs familiares y sobrevivientes, pero la lucha por justicia no termina. “Justicia vamos a encontrar el día que sepamos la verdad sobre lo que pasó en Curuguaty y los verdaderos culpables estén en la cárcel. ¿Quién nos paga los seis años privados de la libertad de los compañerxs? ¿Quién nos repara nuestrxs muertxs? Nos queda mucho por hacer. Hoy nuestra lucha es por tierra, justicia y libertad”, resumen.
*Por María Paz Tibiletti para Latfem / Foto de portada: Natalia Roca (Fondo de Mujeres del Sur)
