Claves para leer el nuevo rumbo del conflicto armado colombiano
Un sector de las FARC anunció la vuelta a las armas. ¿Qué implica para Colombia esta decisión? ¿Cómo quedan los frágiles acuerdos de paz firmados en 2016? ¿Cómo se prepara la derecha para responder a la nueva situación en el país?
Por Sergio Segura para La tinta
El manifiesto leído por Iván Márquez, y difundido ayer por video, donde anuncia, junto a una veintena de guerrilleros, el retorno a la insurgencia como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), significa un cambio de dirección del conflicto armado en Colombia y una ruptura definitiva con el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), surgido tras la dejación de armas y su posterior vinculación a la política institucional.
Articulación con las llamadas “disidencias”, coordinación con algunos frentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y acciones militares de orden defensivo, son algunas de las conclusiones temporales luego de conocida esta noticia que, seguramente, marcará el rumbo de la política nacional durante los próximos años.
“Anunciamos al mundo que ha empezado la segunda Marquetalia, bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión”. De esta manera, se inicia la lectura del manifiesto detrás una gran pancarta que dice “Mientras haya voluntad de lucha, habrá esperanza de vencer”.
Contexto
Desde noviembre de 2016, el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y las FARC-EP firmaron un acuerdo que puso fin a un conflicto armado de más de medio siglo entre el Estado y la guerrilla bolivariana. Seis puntos componen el “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”: reforma rural integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas y, finalmente, la implementación, verificación y refrendación.
Este proceso, iniciado públicamente en noviembre de 2012 en La Habana, Cuba, así como las conversaciones con el ELN en Ecuador, después trasladadas a Cuba (y suspendidas por el gobierno de Iván Duque), están en su peor momento. La extrema derecha cumple un año gobernando y estos son algunos de los balances en materia de violencia política durante este periodo: han sido asesinado 229 defensores de derechos humanos, 66 líderes indígenas, 5 líderes afro, 106 campesinos y 33 ex combatientes guerrilleros. Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, fueron ultimados unos 500 líderes sociales y 150 ex integrantes de las FARC-EP.
La “nueva guerrilla” surge, según su propia justificación, debido a la “traición” e incumplimiento de dicho acuerdo por parte del Estado, y como respuesta a la inseguridad física y jurídica a la que se encuentran expuestos.
Los responsables
Nos encontramos ante una oleada de violencia que, aunque histórica, ha mutado en sus dinámicas como consecuencia del proceso de paz y, por ende, de la reconfiguración del conflicto. El belicismo del actual gobierno se ha encargado de destruir lo construido. El uribismo (partido Centro Democrático, liderado por el ex presidente y senador Álvaro Uribe) no conoce forma distinta de hacer política que a partir de la generación de miedo y terror. Ellos son los principales beneficiados del regreso a las armas de esta facción de la guerrilla, no obstante, no son los únicos que tienen responsabilidad por la situación.
Una parte importante de las antiguas FARC-EP, sobre todo, los frentes que se financiaron del negocio del narcotráfico, fueron los más reacios al proceso de paz y no acudieron al llamado de la dejación de armas, contemplado en el acuerdo. Desde entonces, son conocidas como “disidencias”. Son una minoría, sin embargo, es posible que terminen integradas a la nueva organización, la cual inicia un proceso de cooptación y de crecimiento político-militar.
Otros responsables de la situación actual son los políticos de centro (“los verdes”), es decir, los que no se consideran ni de izquierda ni de derecha. La ambivalencia de este sector, liderado por el ex candidato presidencial Sergio Fajardo (quien promovió el voto en blanco en 2018 durante la segunda vuelta, dándole la espalda a la paz) y por Claudia López (quien lidera las encuestas para asumir la próxima alcaldía de Bogotá), pretende mantener el caudal electoral logrado en los últimos años, alejándose de los progresistas y de la izquierda como estrategia política para consolidarse como “la alternativa” al uribismo. No obstante, rebajar a la insurgencia a meros grupos criminales y ostentar una actitud vengativa con el partido FARC, con quienes se negó a participar de una coalición que buscaba, justamente, rodear y fortalecer el proceso de paz, han sido algunos de sus comportamientos.
Un tercer responsable es la sociedad civil colombiana. Los esfuerzos para consolidar una paz estable y duradera no fueron suficientes. La movilización social en las ciudades no ha sido permanente, sino coyuntural, y no siempre masiva. Igualmente, sucesos como la derrota del plebiscito por la paz en 2016 y el triunfo electoral de la extrema derecha en 2018, catapultaron cualquier posibilidad de que el fin del conflicto y la construcción de paz fueran política gubernamental.
Cabe señalar que el incumplimiento del acuerdo no empezó hace un año con el retorno del uribismo al poder, sino que empezó desde la misma firma con el gobierno de Santos.
El futuro del partido FARC
La Corte Constitucional falló a favor de Jesús Santrich, ya que no encontró pruebas suficientes para condenarlo o extraditarlo; en todo caso, fue llamado a indagatoria. Pero, días antes de la cita, abandonó a sus escoltas y, después de un mes, apareció, en el video de ayer, armado nuevamente. Lo mismo sucedió con Iván Márquez, quien abandonó hace un año el ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación) donde se encontraba.
Timoleón Jiménez, “Timochenko”, presidente del partido, rechazó con vehemencia el nacimiento de esta guerrilla. Pidió perdón, manifestó sentir vergüenza y afirmó que el 90 por ciento de quienes dejaron las armas están comprometidos con la paz. Ahora bien, el silencio de Timochenko frente a la dura situación del proceso de implementación ha sido incómodo. Pareciera no querer generar ninguna discordia con el Establecimiento desde que aceptó las reglas de juego, algo contrario a lo realizado en sus 40 años como guerrillero.
Podemos afirmar que el punto de participación política se ha cumplido, aunque su impacto nacional-electoral es irrisorio: FARC tiene varias curules en el Congreso de la República producto del acuerdo e, igualmente, participarán en las próximas elecciones regionales. Sin embargo, el Congreso, en su mayoría de derecha, ha negado la posibilidad de que la Justicia Especial para la Paz (JEP) -la cual salvó a Santrich de ser extraditado a Estados Unidos en primera instancia- se desarrolle debidamente. Lo mismo sucede con el punto dedicado a las víctimas, pues las circunscripciones especiales para las víctimas del conflicto armado fueron bloqueadas por el aparato legislativo.
Uribe y los guerreristas pidieron que el Acuerdo de Paz sea eliminado de la Constitución, mientras FARC, los partidos de izquierda y el movimiento social, continúan exigiendo el cumplimiento de lo acordado y la solución definitiva al conflicto armado. Ahora bien, aunque la decisión de regresar a la guerra tiene sentido por los argumentos expuestos por Márquez, siendo el gobierno actual el principal responsable del incumplimiento de lo acordado, también es una decisión que afecta, en general, a todo el país y, en particular, a las bases del partido que están en proceso de reincorporación. La guerrilla que empieza a operar considera ingenuo, un error, haber entregado las armas, por consiguiente, buscará contagiar a otros ex combatientes permeados por el descontento de la implementación y el exterminio del que vienen siendo víctimas, para que se sumen al nuevo movimiento insurgente.
Algunas reflexiones finales
La nueva guerrilla tiene viejos guerrilleros. Iván Márquez, Jesús Santrich, “Romaña” y “El Paisa”, entre otros que se ven en el video. Saben bien cómo hacer una guerra de resistencia, tienen experiencia en las selvas y montañas del país. Habrá combates con el paramilitarismo, que se recrudeció en el último año, y estará permeado también por el narcotráfico, el cual se multiplicó.
Difícilmente, se podrá hablar de una paz con vida digna y justicia social mientras persista el asesinato de líderes sociales y ex combatientes. El autoengaño de FARC, quienes sobredimensionan aspectos del pos-acuerdo que están funcionando, como algunos proyectos productivos o el ingreso de ex combatientes a la educación formal, también perjudica la construcción de paz, ya que deja de plantarle cara al Estado por el desastre humanitario presente.
El gobierno nacional, en teoría, tendría que proteger las zonas de reinserción y evitar que más ex combatientes regresen a las armas. Es probable que no suceda, puesto que es un gobierno negacionista: niega el asesinato sistemático de líderes sociales, considera el paramilitarismo una cuestión del pasado, no acepta que FARC ha cumplido disciplinadamente con lo pactado; juegan con la memoria del conflicto y con las víctimas, son permanentes los montajes judiciales y la persecución política al movimiento social: amenazas, cárcel y exilio. Este gobierno tampoco ha escuchado al ELN, que continúa manifestando la intención de diálogo en medio de los combates. También ignora los petitorios de organismos internacionales que exigen respeto por lo acordado, mientras deja de lado el proceso de paz para dedicarse a los ataques contra Venezuela, manteniendo la tradición de subyugación al imperialismo norteamericano.
Es de resaltar que solo la derecha uribista y la izquierda más dogmática está celebrando este manifiesto, y no solo en Colombia. En Argentina, por ejemplo, algunos izquierdistas, desde la comodidad de la ciudad, celebran la lucha armada, desconociendo los matices que esta ha tenido en Colombia e ignorando que, en este conflicto, son los pobres quienes mueren. Por otro lado, en España, en las redes sociales, se ve a sectas estalinistas enalteciendo la lucha armada sin ningún tipo de contexto, desconociendo que, en este caso, la lucha armada está lejos de perseguir un horizonte socialista.
En todo caso, resulta urgente debatir sobre el concepto de paz que necesita Colombia y los métodos para conseguirla: retomar las calles, pero, esta vez, ganarlas; disputar el sentido de la memoria y denunciar los crímenes de Estado a nivel internacional, ya que la desinformación y el cerco mediático sobre el conflicto es un problema potente. Asimismo, frente al concepto de paz es reprochable la postura ultra-pacifista, tan nociva como la ultra-belicosa. Estar a favor de la paz es entender que hay múltiples caminos y debemos elegir alguno que esté alejado de la pasividad y la indignación selectiva.
Por último, cabe resaltar que la violencia en Colombia es una violencia capitalista. El modelo de pos-acuerdo se reconfiguró sin pensar en la paz, ya que se dio como estrategia para priorizar las ganancias del gran capital. También se puede entender como una paz neoliberal. La paz no puede ser entendida como un momento o un estado espiritual; esta debe consentir una acepción que implique disputa y confrontación de modelos de país y de sociedad. Por lo anterior, cabe traer a colación una declaración del ex ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry, realizada en 2016: “La paz cada día es más importante para la economía colombiana, porque nos va a ayudar a construir una nueva economía. (…) Pasado el boom de los productos básicos, del petróleo, de los minerales, esa nueva economía va a estar cimentada sobre la agricultura, el turismo, la industria y sectores que dependen críticamente de que logremos la paz”.
*Por Sergio Segura para La tinta
