Ecuador: Crónica de una in-justicia patriarcal
En Ecuador, sobrevive una justicia que acusa a las víctimas de la violencia patriarcal y una burocracia estatal que no se interesa en resolver la problemática.
Por Diana Almeida Noboa para Revista Crisis
En la Fiscalía General del Estado ecuatoriano, cuando una mujer pone una denuncia contra su agresor, te dicen que “no han sentenciado a ninguna persona por delito de violencia psicológica y que agradezcamos que nos den una boleta de auxilio”. Pueden pasar años sin que ninguna prueba presentada sea tomada seriamente en cuenta para abrir un proceso en contra de un sujeto violento. Poner una denuncia es un sinfín de peripecias: pasar por la valoración psicológica, valoración del entorno social, pericias de delitos informáticos, forense informático y tantas más. Aun así, te repiten, una y otra vez, que la violencia psicológica es un delito difícil de probar. ¿Será que desde ese discurso permanente nos quieres desalentar a que sigamos con la denuncia?
Si somos pobres y no podemos pagar a un abogado privado, que cobra entre 100 a 300 dólares por trámite, se nos asigna un defensor público, que supuestamente debería estar de nuestro lado sí o sí. Sin embargo, nunca faltan los comentarios fuera de lugar y que, además de revictimizarnos, muchas veces, minimizan la gravedad del asunto: “Hay casos en que las mujeres se dejan convencer con dinero o regalos, y salen reconciliándose”. Francamente, es difícil encontrar el respaldo que se supone un defensor público debe dar a una víctima.
Peor aún se puede confiar en las evaluaciones psicológicas que se les hacen a los agresores. Las conclusiones de la prueba de personalidad, muchas veces, carecen de seriedad profesional: “No es una persona violenta, al contrario, necesita amor y apoyo”. En más de una ocasión, se ha evaluado el peritaje psicológico de Fiscalía y ha resultado en conclusiones como en que las pruebas realizadas son baterías muy básicas y son de libre interpretación, además que los resultados varían de una prueba a otra prueba. Es decir: en una, los resultados son aparentemente normales y, en otros, resultados caen en contradicción. ¿Qué tipo de respaldo institucional se puede esperar en un proceso de denuncia si no se toma con la seriedad correspondiente a la gravedad de la violencia psicológica?
Al preguntar en Fiscalía cuáles son las implicaciones de “pruebas psicológicas normales”, dicen que no habría razón para formular cargos, invalidando otras pruebas, testimonios de testigos y la denuncia presentada por la víctima. En consecuencia, como mujeres sobre las cuales se ha ejercido violencia psicológica, sentimos total desconfianza en el sistema de justicia, nos hacen sentir que ir a denunciar no sirve, es la palabra de “él” contra la nuestra, un “tú a tú” desequilibrado, en contra de las pruebas y los testigos. Este es un sistema que no ayuda a reparar a la víctima y, menos, a sensibilizar al victimario. Al contrario, pone trabas a la justicia y nos vulnera.
La violencia psicológica es real y no debería subestimarse, no solo porque ya hace un daño profundo en las personas, sino porque puede degenerar en violencia física y sexual. Imaginen que, si después de una tan mala experiencia denunciando violencia psicológica, nos dé más temor y desconfianza aún denuncias como la de violencia física y sexual. Imaginen la revictimización a las que nos someten. Eso es atentar contra los derechos humanos. Además de que las medidas de protección, muchas veces, quedan en papel. ¿A cuántas compañeras hemos perdido en manos de sus agresores, con una boleta de auxilio en la cartera? Y con esto no estamos diciendo que una boleta de auxilio es inútil; lo que estamos diciendo es que el Estado está fallando en darle la relevancia y trato específico que esta instancia realmente necesita.
Después de una denuncia, muchas veces, no cesan el acoso, las amenazas y el miedo. Es entendible por qué tantas mujeres no denuncian: la desconfianza en el sistema hace que pensemos que denunciar no sirve de nada. Y a los agresores les dice que no es “tan grave la violencia”. Muchas mujeres, en este país, estamos viviendo la in-justicia patriarcal. ¿Hasta cuándo? Este no es un llamado al punitivismo liberal, sino es un llamado a la responsabilidad que debe tener el sistema de justicia con la vida de las mujeres.
*Por Diana Almeida Noboa para Revista Crisis
