Denuncia del juez Ochoa: no contaba con fuerzas de seguridad confiables en Río Cuarto
El Juzgado Federal de Río Cuarto dio a conocer la semana pasada una resolución de la causa por Narcotráfico y Lavado de Activos. Allí, confirmó el procesamiento del ex jefe de Investigaciones de la Policía de la Provincia Gustavo Oyarzábal, y advirtió que gendarmes y policías tenían una «fluida connivencia con narcotraficantes».
Por Otro Punto
El juez federal Carlos Ochoa explicó en su resolución que la investigación de narcolavado realizada en Río Cuarto y que se inició en 2014 se dificultó “debido a la pérdida total de confianza en las fuerzas de Seguridad con asiento en la ciudad” y que la causa la debieron llevar adelante en total soledad.
Más claro y preciso es imposible.
En la página 119, de un total de más de 300, el juez en su resolución dejó en claro que “gendarmes y policías, encargados de denunciar e investigar delitos, tenían una fluida connivencia con narcotraficantes”, agregando que “aquellos quienes legalmente son colaboradores o auxiliares de la justicia, eran quienes encubrían a los narcotraficantes e incluso participaban en la cadena de comercialización de estupefacientes”.
Señaló que hace años que desde el Juzgado se viene advirtiendo sobre el avance del narcotráfico y que no ha recibido respuestas suficientes cada vez que pide mayores medios para combatirlo.
Sostuvo en su resolución que se necesita el compromiso de los tres estamentos del Estado, nacional, provincial y municipal, no sólo para luchar contra el poder económico y corrupto del narcotráfico sino también para atender las necesidades del adicto y su familia.
El magistrado, antes de resolver la situación procesal de los detenidos, sintió la necesidad de realizar un breve relato sobre las dificultades y contingencias que atravesó la investigación.
A continuación algunos de los dichos del juez:
– En el 2014 la Unidad de Procedimientos Judiciales de Gendarmería con asiento en Holmberg comienza la investigación.
Paralelamente, en el 2015, en otra investigación que realizaba la Policía Federal descubren que hay dos gendarmes involucrados en una organización de narcotráfico (causa Correa).
Efectivamente los gendarmes Luis Naser y Cristian Moya quedaron detenidos el 8 de septiembre de 2015, cuando custodiaban la entrega de una encomienda que contenía estupefacientes en la Terminal de ómnibus. En agosto del 2018 un tribunal condenó a los gendarmes a 9 años de prisión en relación a Naser, y 7 años y seis meses respecto a Moya. Los nombrados eran los encargados de la investigación de esta causa en sus comienzos.
– Pero todo no quedó allí. De la investigación de esta causa Correa (2015) se desprende que había otra organización de fabricación, aprovisionamiento y distribución de estupefacientes que traían de Buenos Aires hacia Río Cuarto. En octubre de 2015 queda detenido Gustavo Vilchez junto con otras personas, secuestrándose 28 kilos de cocaína y elementos de fabricación y corte.
En esa causa queda vinculado el Comisario Leonardo Hein jefe de la División Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, quien había trabajado en la división de lucha contra el narcotráfico durante siete años. A fines del año pasado se lo condenó por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público .
– Posteriormente –contó el juez en su fallo- personal de la brigada de investigaciones de la Policía Federal Argentina facilita los audios y transcripciones de la investigación referida a Vilchez a periodistas, quienes los hacen públicos ocasionando un menoscabo a la investigación que en ese momento estaba en etapa instructora. Estos sucesos dieron lugar, incluso, al allanamiento de la Delegación de la Policía Federal.
Ante este panorama de gendarmes y policías sospechados, el Juzgado solicitó en el 2016 a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que lleve adelante la investigación con las dificultades propias de una fuerza foránea que no conocía la ciudad.
Pero los traidores seguían alertas.
Ochoa destacó que en una oportunidad el investigado Torres, mientras los efectivos le realizaban tareas de observación y seguimiento, se acerca al auto donde el personal policial se encontraba vestidos de civil y sin ninguna insignia que los identificara, y los increpa tomando muestras fotográficas del vehículo. ”Luego de ello presumiblemente, con la connivencia de alguna fuerza de seguridad, que tuviera base en la ciudad, Torres toma conocimiento que el automotor era de a Policía de Seguridad Aeroportuaria, consecuencia de ello, es que en julio de 2017, uno de los efectivos recibe un llamado telefónico de uno de los imputados de la presente causa y le ofrece “una cometa” a cambio de información acerca de alguna investigación que llevara delante PSA en contra “… de un cliente grande de un estudio contable”.
Este mismo efectivo, realizando tareas de campo y seguimiento junto con su compañera, es perseguido por el mismísimo Torres, por calles de la ciudad, pudiéndose escapar.
Y para finalizar –dice el juez- en esta misma causa, el 5/01/2019, el teléfono personal del Jefe de Unidad de PSA a cargo de la investigación, recibe un mensaje por escrito a través de whatapp en donde le manifiestan “que conocen la existencia de la investigación, que se pretende realizar procedimientos en febrero y si los mismos se llevan a cabo iban arremeter en contra de todos.”
Ochoa manifestó: “A modo de síntesis debo señalar que miembros de Gendarmería Nacional primero, de la Policía de la Provincia de Córdoba luego y finalmente de la Policía Federal, quienes sucesivamente fueron sometidos a procesos penales, se constituyeron en serios obstáculos para las investigaciones de éste Juzgado, quien en total soledad dirigió la lucha contra el narcotráfico, con la salvedad que la conducta de los involucrados no puede generalizarse, afectando el prestigio de Instituciones a las que pertenecen las distintas Fuerzas de Seguridad”.
La situación de crisis relatada, fundada en la carencia absoluta de fuerzas de seguridad locales que de modo transparente y responsable se ocuparan de investigar, determinó la intervención directa del Tribunal, con el Servicio de una fuerza foránea de correcto desempeño.
Destacó además “que quienes eran investigados tenían experiencia en materia delictiva y el poder económico necesario como para dificultar e incluso eludir la concreción de cualquier investigación, contando a favor con una red de protección de terceros o de algunos integrantes de las fuerzas de seguridad, quienes alertarían sin duda de la presencia de fuerzas leales a la Justicia Federal”.
“Teniendo la ciudad y la región un panorama crítico como el que ya hemos descripto, con una profunda desconfianza en las fuerzas de seguridad motivada por la existencia de causas judiciales en que se hallaban involucrados sus integrantes y en el entendimiento por parte del Tribunal que el eslabón superior y fundamental del narcotráfico es el flujo financiero, éste Órgano Jurisdiccional procedió a realizar una profunda y compleja investigación cuyo principal objetivo fue ese eslabón y en ese camino la obtención de estupefacientes”.
Precisamente, en la lucha contra el narcotráfico, la clave es la persecución patrimonial y financiera. Esto es así porque el narcotráfico produce o genera riquezas importantes, las que teniendo un origen inmoral y delictivo son sucias. Obtenido éste fruto, el narcotraficante se aboca a su blanqueo, reingresando al mercado legal la liquidez de lo obtenido, procurando su transformación a través de la adquisición de una diversidad importante de bienes.
Ochoa explicó que “este Tribunal viene hace años advirtiendo el crecimiento exponencial de las organizaciones que proveen, distribuyen o comercializan estupefacientes, solicitando a los distintos estamentos de gobierno que se procuren medios para combatir el narcotráfico, concretamente aumento de fuerzas de seguridad, personal forense especializado como por ejemplo contadores y diversos medios materiales y tecnológicos a emplear por los encargados de prevenir y reprimir”.
El juez señaló en su resolución que “paralelamente, se insistió –sin resultado suficiente – con la necesidad de dar una respuesta adecuada y suficiente al adicto y su familia, deber del Estado sin distinción de jurisdicciones ya sea municipal, provincial o nacional, pues nos encontramos ante la presencia de la drogadicción que es una enfermedad social; y las enfermedades no entienden de jurisdicciones, son enfermedades y como tales es necesario brindar la respuesta más efectiva, pues dentro de la cadena del tráfico de estupefacientes una de las víctimas es el adicto o toxicómano y su círculo familiar. Y esto no es menor porque lo que se protege en la lucha contra el narcotráfico es la Salud Pública, esto es la Salud de todos, la de la población en general, de manera indeterminada y que va más allá del mero interés individual”.
*Por Otro Punto.
