Desaparecidos y terrorismo de Estado, una vieja y triste historia
El 30 de agosto, se conmemora el Día Internacional del Detenido Desaparecido, fecha emblemática que fue impulsada por familiares de las víctimas en 1984.
Por Aram Aharonian para Nodal
Todos los días desaparecen personas en alguna parte del mundo y eso ha ocurrido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Pero la desaparición forzada, o desaparición involuntaria de personas, es el término jurídico que designa a un tipo de delito complejo que supone la violación de múltiples derechos humanos y que, cometido en determinadas circunstancias, constituye también un crimen de lesa humanidad, siendo sus víctimas conocidas comúnmente como desaparecidos o, particularmente en América Latina, como detenidos desaparecidos.
El crimen de desaparición forzada, definido en textos internacionales y la legislación penal de varios países, está caracterizado por la privación de la libertad de una persona por parte de agentes del Estado o grupos o individuos que actúan con su apoyo, seguida de la negativa a reconocer dicha privación o su suerte, con el fin de sustraerla de la protección de la ley.
El asesinato de la persona víctima de desaparición forzada, frecuentemente tras un cautiverio con torturas en un paradero oculto, pretende favorecer deliberadamente la impunidad de los responsables, que actúan con el fin de intimidar o aterrorizar a la comunidad o colectivo social al que pertenece la persona.
Por tratarse de un delito permanente o continuo, el crimen continúa siendo cometido hasta que no se revela la suerte o paradero de las personas, prolongando y amplificando el sufrimiento que se causa a familiares o allegados. Estos últimos, y especialmente, por su vulnerabilidad, los niños que puedan ser sustraídos de padres afectados, son considerados también víctimas de este crimen.
Cuando se habla de “desaparecidos”, se omiten las miles y miles de personas aniquiladas durante las invasiones de tropas estadounidenses y europeas a Afganistán, Irak, Siria, Jordania en las últimas dos décadas; los embates de fuerzas israelíes en Gaza y los territorios palestinos ocupados; las guerras por los recursos naturales en África, los genocidios de cientos de miles de personas por el Jemer Rojo en Camboya.
La evocación del crimen de desaparición forzada arranca con la historia misma de los derechos en la declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, formulada el 26 de agosto de 1789 en Francia por las autoridades salidas de la Revolución Francesa.
El impulso para el reconocimiento de este crimen en la jurisprudencia internacional tuvo lugar desde el último cuarto del siglo XX, a raíz de la multiplicación de los casos de desparecidos en América Latina y gracias a la movilización de sectores de la opinión pública y de la sociedad civil, y en particular por la iniciativa de movimientos populares.
Hay quienes creen que la figura del detenido-desparecido fue implementada por el terrorismo del Estado argentino durante la dictadura cívico-militar de 1976 a 1983, cuando más de 30 mil personas, en su mayoría jóvenes, fueron víctimas de estos actos de lesa humanidad, pero la desaparición forzosa de personas tiene una larga y negra historia en todo el mundo.
Desde la constitución del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas en 1980, el delito de desaparición forzada se ha revelado un problema a escala mundial por afectar a numerosos países de los cinco continentes. El informe de 2009 de este organismo registraba 53.232 casos que afectaban a 82 países. A partir de la precedentemente expuesta para juzgar los crímenes contra la humanidad cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, la constitución en 1980 resultó luego en 1989 en la formulación de la primera sentencia de condena a un Estado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Esta condena sentó las bases para la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la Asamblea General de Naciones Unidas de 1992, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994, la tipificación universal en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998 y la “Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas” de la Asamblea General de Naciones Unidas, cuya firma fue celebrada en París el 6 de febrero de 2007, estableciendo una serie de obligaciones universales jurídicamente vinculantes para los estados signatarios.
Tras la Segunda Guerra Mundial del siglo XX, en 1946, los procesos de Nuremberg pusieron en conocimiento de la opinión pública la amplitud del decreto Nacht und Nebel, uno de los antecedentes más destacados del crimen, por el que el régimen nazi de Adolf Hitler detenía y condenaba a muerte a personas en los territorios ocupados de Europa considerados una amenaza para la seguridad del Tercer Reich.
Sin embargo, las ejecuciones no eran realizadas inmediatamente, sino una vez transportadas las personas a campos en Alemania, donde terminaban por desaparecer, prohibiéndose la comunicación de cualquier información sobre su paradero y suerte.
El accionar de los nazis tenía un antecedente en el genocidio de un millón y medio de armenios, cuando los responsables del entonces Imperio Turco-Otomano los deportaron en masa desde la región de Anatolia oriental hacia el desierto de Siria y otras partes, entre 1915 y 1916. En el trayecto, fueron sometidos a maltratos, algunos murieron de hambre o enfermedades y otros fueron asesinados.
Tanto el gobierno de los Jóvenes Turcos y de Kemal Ataturk, así como el Tercer Reich de Adolf Hitler, eran regímenes totalitarios, con una burocracia encolumnada, en el marco de un contexto bélico de una guerra mundial. Los nazis tomaron nota de que los crímenes de los turcos habían quedado impunes y habían logrado imponer en la década siguiente su verdad histórica, que implicaba la abierta negación de lo sucedido.
En la persecución de armenios y judíos, turcos y nazis esgrimieron razones de tipo racial en pos de una utopía de tipo nacionalista, asignándosele el rol de “enemigo interno, utilizando terminología críptica en los discursos oficiales y documentos, como “traslado” o “solución final”, para encubrir el “exterminio físico”.
En 1947, a comienzos de la Guerra Fría, se creó en Estados Unidos el Consejo de Seguridad Nacional para el desarrollo de la doctrina de seguridad nacional. Esta doctrina, y su componente para la represión de disidentes, fue la base del adiestramiento impartido a oficiales de los ejércitos de diversos países de América del Sur en la Escuela de las Américas en Panamá y la US Special Warfare Center & School de Fort Bragg (Carolina del Norte), muchos de los cuales llevaron al extremo esta doctrina represora en varios países.
La Operación Cóndor fue un plan de inteligencia diseñado y coordinado por los servicios de seguridad de las dictaduras militares de Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay, en colaboración con la CIA de Estados Unidos, para aniquilar a la izquierda opositora durante las décadas de 1970 y 1980. En los archivos de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de Estados Unidos, se la menciona de forma explícita como el nombre en clave de “un acuerdo de cooperación entre los servicios de inteligencias de América del Sur para eliminar las actividades terroristas marxistas en el área”.
La Operación Cóndor dejó un terrible saldo de 50.000 muertos, 30.000 desaparecidos y 855 fosas comunes, y unos 400.000 presos. La denuncia de familiares, asociaciones y personas relevantes de la lucha por los derechos humanos llevó posteriormente al desarrollo de una jurisprudencia internacional especial y al reconocimiento del delito de lesa humanidad de desaparición forzada, perseguido por el Tribunal Penal Internacional.
En Argentina, el primer caso de desaparición forzada que se conoce es el de Felipe Vallese, militante de la Juventud Peronista (JP), delegado sindical y activista de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que fue secuestrado a sus 22 años, el 23 de agosto de 1962 y posteriormente desaparecido por un grupo de la Unidad Regional de San Martín al mando de Juan Fiorillo, bajo el gobierno de facto de José María Guido.
También existen registros de desaparición forzada previo a la dictadura cívico-militar (1976-1983), entre 1974 y 1975, cuando operó la llamada Triple A, conformada por agentes de los servicios de inteligencia, militares y policiales.
La Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo denunció que fueron 140.000 personas desaparecidas, entre víctimas de la Guerra Civil Española y de la posterior dictadura franquista. En los últimos 11 años, se exhumaron 2.000 cuerpos localizados en 180 fosas comunes. España es el segundo país del mundo en número de desaparecidos cuyos restos no han sido recuperados ni identificados, luego de Camboya. España es la única “democracia” que no ha realizado ninguna investigación sobre el terrorismo de Estado una vez acabada la dictadura, pese a los insistentes reclamos de la ONU para que investigue los crímenes del franquismo.
Con el antecedente regional de los crímenes del régimen de Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador en 1932 y los de la represión en Guatemala tras el derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz, entre 1963 y 1966, se calcula que existen al día de hoy entre 40.000 y 45.000 desaparecidos en Guatemala, la mayoría durante la guerra civil (1960-1996) que dejó un saldo de 200.000 muertos (civiles desarmados), el 80 por ciento de los cuales pertenecían a alguna de las etnias indígenas. Las desapariciones realizadas por fuerzas de seguridad estatales continúan hasta la fecha, según han denunciado numerosas organizaciones de derechos humanos.
En otros países como Brasil, a través de la acción del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) tras el golpe de Estado de 1964, o nuevamente en El Salvador y Guatemala, mediante grupos paramilitares como la Organización Democrática Nacional, fueron también denunciados casos de desaparecidos hasta mediados de 1980. Otros muchos casos de desaparición ocurrieron en Uruguay, Paraguay, Bolivia, Colombia, México y Perú.
Más de 20.000 personas desaparecieron en Perú durante la época que va de 1980 a 2000, en especial durante la dictadura de Alberto Fujimori y el gobierno de Alan García, según la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, principalmente en el departamento de Ayacucho. Y según la Comisión de la Verdad de Panamá, numerosos asesinatos y desapariciones de opositores se produjeron en el país durante la invasión estadounidense de 1989.
En Colombia, el principal productor de cocaína del mundo, renacen las bandas paramilitares y de traficantes, que han colaborado en el saldo de ocho millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados en casi seis décadas de conflicto armado. El informe Hasta encontrarlos, del Centro de Memoria Histórica, documenta más de 60.000 desapariciones forzadas entre 1970 y 2015, más que todas las que hubo en todas las dictaduras militares suramericanas en la década de 1970. En los peores años en Colombia había una desaparición forzada cada dos horas.
En el informe Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010 –obediencia ciega en campos de batalla ficticios, se describe cómo el Ejército de Colombia mató sistemáticamente a civiles para mejorar sus estadísticas de muertos en la guerra contra los rebeldes: 10.000 civiles fueron ejecutados por el Ejército entre 2002 y 2010, más del triple que la cifra calculada por los grupos de derechos humanos, para justificar el apoyo militar y el financiamiento de Estados Unidos.
Desde el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico del presidente de México Felipe Calderón, de 2006 hasta 2014, se han denunciado 22 mil casos de desapariciones forzadas, víctimas que se suman a los desaparecidos de las décadas de 1960, 1970 y 1980, en las que algunos gobiernos estaduales se han visto implicados en las movilizaciones vinculadas con el narcotráfico. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto que ya caduca, en la madrugada del 27 de septiembre de 2014, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados por agentes de la policía municipal, dando como resultado seis personas muertas y 43 estudiantes desaparecidos.
Otro ejemplo: entre 1992 y 1995 en Bosnia y Herzegovina, se reportó la desaparición forzada de más de 30.000 personas, parte de la estrategia de las operaciones llamadas de “limpieza étnica”. La Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas (ICMP) llevó a cabo casi 11.500 identificaciones basadas en ADN, en relación con casos de desaparición forzada durante la guerra.
Con el fin de recordar a todas las naciones y gobiernos del mundo la existencia de la realidad de los desaparecidos, la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Fedefam) declaró el 30 de agosto como el Día Internacional del Detenido Desaparecido.
*Por Aram Aharonian para Nodal
