Durante los gobiernos de Schiaretti y De la Sota hubo 60 casos de gatillo fácil
Por Gustavo Molina para Alcatraz Revista
Desde el 12 de julio de 1999, cuando llegó al poder provincial el cordobesismo de la mano de José Manuel de la Sota, hasta el 29 de enero de 2018, 60 personas, principalmente jóvenes, fueron muertos por balas policiales en casos de “gatillo fácil”.
Los datos son aportados por el colectivo La Marcha de la Gorra, una organización social que nació hace 12 años para denunciar el acoso policial y judicial “por portación de rostro, mayoritariamente contra jóvenes, de clase baja y que viven en barrios de las afueras de la Capital”, detalló a Alcatraz Revista un integrante del colectivo juvenil.
El último caso es el de Zenón Adolfo Güiraldes (24), quien fue muerto a balazos por un policía, cuando presuntamente acababa de cometer una entradera la tarde del viernes en calle Agusti 6900 de barrio Argüello. El policía que disparó contra Güiraldes fue detenido e imputado del delito de homicidio calificado por la fiscal Patricia García Ramírez. Luego recuperó su libertad.
Los 60 casos contabilizados por los militantes de La Marcha de la Gorra, están documentados en las estadísticas por denuncias de familiares de las víctimas a organismos defensores de los Derechos Humanos, que manejan el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).
“Los casos de gatillo fácil son la continuidad de la represión estatal, y por represión decimos que va más allá del garrote, el Estado avanza contra los sectores vulnerables negándoles cuestiones básicas como acceso a la salud, el trabajo, la educación; coartando sus libertades individuales, primero con el Código de Faltas y ahora con el Código de Convivencia”, señala un dirigente social.
Quizá el caso más emblemático de gatillo fácil que recuerde Córdoba es el de Fernando “Güere” Pellico (18), ocurrido la madrugada del 25 de julio de 2014. La víctima y su primo Maximiliano Peralta (23) habían salido a comprar bebidas, y regresaban en moto al taller de un amigo, cuando fueron baleados por la espalda por dos policías en el ingreso a la villa Los Cortaderos, vecina a barrio Los Boulevares, en el noroeste de la ciudad de Córdoba.
“A los pocos días de la sentencia que condenó a los policías que asesinaron a “Güere”, también tuvimos otro caso de gatillo fácil donde murió Raúl Ledesma (31), un chico de Los Cortaderos”, detalla el mismo referente juvenil.
Los organismos de DDHH denunciaron esa vez que la muerte de Ledesma fue “otro caso de ejecución extrajudicial”: una mujer policía asesinó de un disparo a Ledesma, cuando junto con otro motochorro intentó asaltarla mientras ingresaba a una fábrica en Spilimbergo 7200, en barrio Los Boulevares: “Si bien se dijo que fue un asalto y que la mujer policía lo repelió, nosotros vemos un costado represivo, un mensaje de adoctrinamiento. Porque Raúl vivía en Los Cortaderos como ‘Güere’; y cuando la Policía va al barrio, los allana y amenaza a los vecinos diciéndoles ‘¿vieron lo que les pasó a Pellico y Ledesma?, ahora siguen ustedes’; si esos asesinatos no son un mensaje, ¿qué son?”, cuestionaron desde La Marcha de la Gorra y otras organizaciones sociales.
A partir del crimen de Pellico, el Observatorio de DDHH de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) elaboró un informe con los casos ocurridos entre los años 2013 y 2016, llamado «Uso letal de la fuerza por parte de agentes estatales en Córdoba», que reveló que en sólo esos cuatro años hubo 45 casos de “ejecuciones extrajudiciales” de delincuentes e inocentes a manos de efectivos de la Policía de la ciudad.
Desde La Marcha de la Gorra también responsabilizan al Estado provincial por los casos de linchamientos de presuntos delincuentes a manos de civiles: “Tenemos casos como el de José Luis Díaz (23), el chico linchado en 2015 en Quebrada de las Rosas, que agonizó dos semanas hasta que murió a consecuencia de los golpes recibidos por los vecinos, sin que la Policía hiciera nada por impedirlo. Y la Justicia tampoco hizo mucho por esclarecer ese crimen. El caso quedó en la nada. Y tenemos el caso del nene de 13 años golpeado por robar un celular en la peatonal, que tuvo que ser internado en medio de una crisis de nervios y por los golpes recibidos. Con estos casos de linchamiento o de detención civil, donde la Policía permite esas golpizas con consecuencias fatales, cómo el Estado promueve una tercerización del uso de la fuerza”.
—¿Qué cambios hubo en las políticas de Estado hacia los jóvenes desde la primera marcha que realizaron en 2007 hasta ahora?
—Cambios estructurales no hubo ninguno. En pleno 2018 tenemos chicos, jóvenes de los barrios de la periferia, de los asentamientos populares que no conocen el centro. No quieren salir de sus barrios por miedo a la represión del Estado..
—¿Notan diferencias en el trato desde que el Código de Convivencia reemplazó al Código de Faltas?
—No, porque sigue habiendo una estereotipación del pobre. No estoy tan seguro que no haya más detenciones arbitrarias por portación de rostro. Con el Código de Faltas, el comisario era el propio juez y justificaba legalmente las detenciones por merodeo, esa figura donde se amparaba para meter preso a cualquier joven de clase baja. Con el Código de Convivencia siguen parando a los pibes, los demoran, los verduguean y después los dejan seguir. Y no queda registrado.
*Por Gustavo Molina para Alcatraz Revista / Fotos: Colectivo Manifiesto.
