Caso Porta: “Vamos a ver qué pruebas son conducentes para determinar si hay contaminación o no y si produce efectos adversos en la salud”
El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja habló sobre las características y los alcances que tendrá la audiencia pública del próximo 7 de agosto a raíz del amparo ambiental presentado por vecinos y vecinas de San Antonio contra la planta de etanol. El magistrado a cargo de la causa destacó la importancia de este tipo de instancias para que todos tengan acceso a la información en cuestiones ambientales y que involucran a la comunidad.
Por Redacción La tinta
A pocos días de realizarse la audiencia pública en la que se expondrá el conflicto generado por la planta de Porta Hnos. en barrio San Antonio, el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja explicó las características de la causa y del amparo ambiental presentado por más de veinte vecinos y vecinas contra la contaminación generada por la empresa, que produce combustibles a base de maíz transgénico en la zona Sur de la ciudad de Córdoba. En ese marco, el titular del Juzgado Federal N°3 destacó que la audiencia será centralmente informativa y permitirá “escuchar a la gente directamente”, para conocer la problemática y a partir de allí definir “qué tipo de pruebas son conducentes para determinar si hay contaminación o no y si esa contaminación produce efectos adversos en la salud de las personas”.
La audiencia convocada para el próximo 7 de agosto en Tribunales Federales sería la primera instancia de este tipo que se realiza ante un amparo ambiental y permitirá que los vecinos expongan en un ámbito judicial y de manera pública las denuncias que vienen realizando desde el año 2013 por la contaminación y los graves problemas de salud que estaría generando la fábrica en el barrio. Tal como indican los informes dados a conocer en abril pasado por la Red Universitaria de Ambiente y Salud, en la zona cercana a la planta se observa un alto incremento de casos de cáncer, abortos espontáneos, malformaciones, así como problemas de piel y dificultades respiratorias.
Aunque actualmente el amparo de los vecinos denuncia la inacción del Ministerio de Energía y Minería de la Nación frente a la ilegalidad en la que Porta estaría produciendo agrocombustibles (el mal llamado “bio” etanol), el juez también mencionó la posibilidad de que la Provincia y el municipio sean citados en la causa en el futuro.
—¿En qué consiste el amparo ambiental que lo llevó a convocar la audiencia del próximo 7 de agosto?
—La acción originariamente está dirigida contra el Estado nacional para confirmar y verificar si la planta de bioetanol de Porta Hnos. tiene o no la habilitación y si antes de la habilitación se hizo la encuesta ambiental y la audiencia pública que establece la ley de confección y producción de este tipo de materiales. Ese amparo fue primigeniamente rechazado por el Dr. Bustos Fierro, las partes apelaron el rechazo, fue a la cámara y ésta decidió abrir la acción como un amparo ambiental y rechazó los planteos de incompetencia de la Justicia Federal que habían opuesto las partes. Es decir hoy tenemos en firme que se trata de un amparo ambiental y que la competencia es federal.
Una vez recolectada mucha documentación en la causa –que está en el Juzgado hace casi un año- hemos decidido llamar a una audiencia como lo establece la Ley de Ambiente. Es una audiencia pública donde el juez tiene amplias facultades para dirigirla y hemos tomado como modalidad el tipo de audiencias establecidas en una de las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, que fue la que utilizó en el tema del Riachuelo y en la discusión de la ley de medios de comunicación hace unos años atrás.
Nosotros tenemos el convencimiento de que en estos casos, que tienen que ver con vecinos y barrios donde hay muchos interesados, no solamente los actores que presentan el amparo sino toda la comunidad en sí, es bueno que la Justicia tome este tipo de medidas, es decir que las audiencias sean públicas, que puedan acceder los medios de información, que la comunidad en su totalidad tenga acceso a la información y al proceso. Esto genera algunas resistencia por supuesto, de las partes sobre todo, pero nosotros estamos convencidos de que es la forma adecuada de obrar y además tiene sustento en la legislación vigente. El propósito de esta primera audiencia, probablemente después haya más, es netamente informativa: qué quieren las partes en concreto, qué estiman que está sucediendo. Se aplicará una modalidad similar a la de la Corte en cuestiones de ambiente, lo que me parece sumamente importante y rescatable.
—¿Cómo será la audiencia que se llevará a cabo? ¿Qué implica que sea “de conciliación”?
—Es una audiencia de conciliación, lo que pasa es que la conciliación exactamente es para llamar a las partes a un probable acuerdo. En este caso es una típica audiencia de conciliación con la característica de que es netamente informativa. Hemos citado a las partes y a quien quiera expedirse en la audiencia, siempre y cuando sea parte, y vamos a darle la posibilidad de hablar durante cinco minutos con una presentación previa de una lista de oradores y con el tema que van a hablar, y quince minutos a los abogados de las partes para que puedan expedirse. El propósito de esta primera audiencia, probablemente después haya más, es netamente informativa: que quieren las partes en concreto, que estiman que está sucediendo.
—¿Es la primera vez que se hace una audiencia en base a un amparo ambiental?
—En este Juzgado es la primera vez desde que estoy a cargo, en la provincia no tengo conocimiento de que haya habido una de estas características, probablemente sea la primera. La Corte Suprema ha hecho audiencias de este tipo y no sé si algún otro juzgado en el país ha replicado esta experiencia, pero en cuestiones de ambiente me parece que es sumamente importante y ajustado a la Constitución.
—Una de las denuncias que hacen los vecinos es que la empresa no presentó el estudio de impacto ambiental, lo cual también compete a la Provincia, ¿desde el Juzgado tienen pruebas de que este estudio no fue presentado? ¿por qué la Provincia no está involucrada en la causa?
—Tengo entendido que ellos han recurrido anteriormente a la Provincia y a la Municipalidad y no han tenido eco con los reclamos. Nosotros lo que estamos tramitando es lo que nos han acercado las partes a la Justicia Federal, sin negar la posibilidad de que, después de escuchadas las partes, recolectemos en la prueba las actuaciones que se hubieran llevado adelante en Provincia y municipio, y sin perjuicio tampoco de que, si el tema resulta con competencia o de interés de estos órganos de gobierno, los citemos como partes interesadas.
Las partes involucradas en este momento son la Nación, los vecinos del barrio y la empresa; estamos verificando si ellos están comprendidos en la ley vigente en la materia y si cumplieron con los estudios de impacto ambiental que exigen las leyes nacionales cuando se produce bioetanol.
—¿Cómo se prevé que continúe este proceso? ¿qué pasos se seguirán después de la audiencia?
—La audiencia es para escuchar a las partes y tener un panorama concreto del conflicto que se está presentando. En base a eso vamos a ver qué tipo de prueba vamos a utilizar, una vez que veamos con claridad cuál es el conflicto vigente y qué pruebas ofrecen también las partes, pero eso es algo que se va a definir con posterioridad a esta primera audiencia.
—¿Hasta ahora el Juzgado viene recibiendo pruebas e información sobre el conflicto?
Ya hemos recibido bastante documental, la causa tiene varios cuerpos: hace un año que se está recibiendo información y vamos a seguir recibiéndola. Las pruebas recepcionadas hasta ahora son documentales. Por eso es sumamente importante que llevemos adelante esta primera audiencia: más allá de que obviamente la posición de las partes ya está expuesta en los escritos llevados a cabo por los abogados, nos parece importante escuchar a la gente directamente.
—El mayor conflicto son los problemas de salud que están teniendo los vecinos del barrio desde que la planta comenzó a producir etanol, ¿las pruebas que recibieron hasta ahora incluyen informes en este sentido?
—Obviamente que ante esos problemas, que hasta ahora es lo que plantean los vecinos, nosotros vamos a ver qué tipo de pruebas son conducentes para determinar si hay contaminación y si produce efectos adversos en la salud. Pero una vez que hayamos visto la problemática concreta, porque cada objeto de prueba tiene un medio de prueba determinado. Es importante determinar si existen agentes contaminantes, y luego ver si estos generan distorsiones en la salud, es decir, si existe causa y efectos, si se constata un nexo causal, pero reitero, será materia de análisis luego de la audiencia.
—Esto se asemeja al juicio por fumigaciones en barrio Ituzaingó Anexo y a la causa madre de ese proceso
El juicio de Ituzaingó también fue un tema ambiental que tuvo un proceso determinado, para mi valioso, positivo, que se llevó adelante en la provincia. Vamos a ver cómo se desarrolla este otro proceso.
—Uno de los principales antecedentes que surgen en cuanto a la audiencia de conciliación que se realizará por la fábrica de Porta es el caso de Dioxitek y la Municipalidad, proceso del que usted también estuvo a cargo y donde se decidió que la planta de Alta Córdoba continuara funcionando dos años más por acuerdo de las partes. Teniendo en cuenta las características del conflicto con Porta ¿considera que puede haber algún tipo de resolución y negociación de las partes después de la audiencia?
Diría que en este aspecto soy un empecinado en buscar solución a los conflictos. Muchas veces, como en el caso de Dioxitek, uno encuentra voluntad de cooperación de todos. Es decir, hay una planta que no debería estar en el medio de la ciudad -probablemente no lo haya estado en algún momento pero el crecimiento de la ciudad de Córdoba es exponencial-, entonces ante ese hecho concreto se planteó el traslado a otro lugar, se generó un conflicto entre el Estado nacional y el municipal, se llamó a las partes y se llegó a un acuerdo con tiempos concretos que van a satisfacer a todos. Los vecinos van a tener que sacrificar una parte de sus derechos, que es esperar un tiempo prudencial hasta que esté la planta a donde se va a trasladar Dioxitek y una vez que esté se va a levantar esa planta y se va a hacer la remediación del famoso chichón, que es un lugar donde se tiran materiales contaminados desde el año 62. Se va a llegar a un puerto de solución importante en un término acorde, que creo que es la mejor manera de solucionar los conflictos.
Como ese conflicto tenemos otro que es las vías del ferrocarril en villa el Nylon y otros lugares, donde también estamos intentando estas vías de solución porque creemos que en algunos momentos o etapas son conflictos sociales, en otros ambientales, pero siempre tomando en cuenta el derecho de los habitantes de la Nación en esos lugares determinados y ante hechos concretos.
—Teniendo en cuenta la problemática del barrio San Antonio y también el hecho de que en los últimos años Córdoba viene teniendo conflictos y procesos muy importantes en torno a la cuestión ambiental ¿Cuál es su posición en cuanto al rol que la Justica puede y debe tener ante los conflictos ambientales?
Creo que la Justicia tiene un papel preponderante, pero por supuesto que el cuidado del ambiente tiene que ver con el Estado en sí y sus tres poderes: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. La política ambiental también está garantizada por la Constitución, las leyes vigentes en la materia, muchos derechos están legislados. Y cuando se generan conflictos, los jueces tienen una participación preponderante en buscar las soluciones.
*Por Redacción La tinta / Imágenes: Gabriel Puleo
