Dejar todo en las expensas: caída de los salarios, inflación y la desprotección para alquilar
La desregulación total del mercado inmobiliario complica la situación de lxs inquilinxs en todo el país. Así lo refleja la derogación de la Ley de Alquileres que dejó en una situación de desprotección total a quienes buscan una vivienda. A ello, se suma la problemática de las expensas y administraciones. El aumento constante y el crecimiento de los gastos dificultan las relaciones entre vecinxs y consorcios.
Por Lourdes López para La tinta
Vera tiene 23 años y vive en un edificio de Nueva Córdoba. Hace tan solo unos meses atrás, enfrentó una actualización de más del 190% del monto de su alquiler. Además, la puerta principal de su edificio iba a ser reemplazada y, por demoras del consorcio, estuvo dos meses con un ingreso de madera provisorio, pagando expensas superiores a los 80 mil pesos. Ella es una de lxs tantxs inquilinxs que, mes a mes, enfrentan aumentos que superan ampliamente los ingresos salariales. Un escenario de desprotección e incertidumbre.
Un alquiler promedio en la ciudad de Córdoba, según IDECOR, se estima en más de 3 mil pesos el metro cuadrado, superando los 6 mil en zonas muy demandadas. Sin embargo, el problema no radica solo en los valores actuales, de por sí altos en comparación a los salarios, sino también en las dificultades que representa hacer frente a las actualizaciones por inflación. Solo en los primeros seis meses del año, el Índice de Contrato de Locación (ICL) estableció un aumento del 88%, con salarios muy lejos de haber aumentado en esas mismas proporciones.
A estas importantes cifras, se suman las expensas que, en términos generales, representan otro fuerte porcentaje del salario de lxs inquilinxs. “Vemos un escenario muy complejo, porque los contratos que se han estado firmando desde principios de año, en el marco de la desregulación, han generado una distorsión y un avance muy fuerte del porcentaje que uno destina de su sueldo para tener un techo en Argentina. Avanzó sobre los ingresos de una manera voraz”, señala Maximiliano Vittar, presidente de la Asociación Inquilinos Córdoba.
En Argentina, el Código Civil y Comercial de la Nación establece que un consorcio de un edificio se compone de manera horizontal por todos sus propietarixs y son ellos exclusivamente quienes tienen poder de decisión sobre gastos comunes. A día de hoy, aún no hay regulaciones específicas en lo que respecta a inquilinxs. Vittar recordó que, desde la agrupación, han presentado dos proyectos específicos tanto en la Legislatura de Córdoba como en el Concejo Deliberante de la capital, ambos aún sin ningún tipo de tratamiento.
La problemática del pago y composición de las expensas presenta varias dificultades. La primera es que muchos de los inquilinxs no cuentan con la capacidad de decisión en los gastos comunes usualmente, ya que está reservada exclusivamente para propietarixs. Esto implica que muchas veces deben enfrentarse a gastos que no pueden planificar o prever, y, en muchos casos, ni siquiera modificar, como gastos de seguridad, pagos extraordinarios o tomar decisiones sobre qué atender de manera prioritaria.
En segundo lugar, otro de los problemas es la falta de control en lo que respecta a las liquidaciones de las expensas y la imposibilidad que tienen lxs inquilinxs de reclamar ante las administraciones, ya que estas solo responden ante los miembros del consorcio, es decir, lxs propietarixs.
«Si nos ponemos a analizar la situación desde la óptica del inquilino, es una situación de completa desprotección», remarca Vittar en diálogo con La tinta.
Otra de las consecuencias de la desregulación del mercado y de la derogación de la Ley de Alquileres es que hay aún menos claridad acerca de qué gastos debe enfrentar el inquilinx y cuáles son responsabilidad del propietarix en realidad. Por ejemplo, hoy en día, es común que gastos extraordinarios sean computados como de mantenimiento, como ser pintar la fachada de un edificio o cambiar la puerta de ingreso, cuando son extraordinarios en verdad, ya que afectan directamente al valor del inmueble y deberían ser cubiertos por los consorcistas.
Todo se complejiza por un factor trascendental: la urgencia de un techo y la necesidad de permanecer. Lxs inquilinxs que, día a día, enfrentan estas micro discusiones, en un escenario de recesión y fuerte inflación, no pueden hacer frente a una posible mudanza, ya que implicaría gastos aún mayores.
Por otro lado, los consorcios tienen sus propios conflictos y disputas con reuniones que, en más de una ocasión, terminan en peleas acaloradas y conflictos entre vecinxs. Sobre las administraciones, es importante aclarar que, en la actualidad, no existe ningún tipo de registro que permita fiscalizar su accionar. Esto lleva a que tampoco puedan aplicarse multas o sanciones ante ilícitos.
En este sentido, Vittar explica que, dentro del proyecto presentado, se contempla la creación de una autoridad de aplicación que pueda ejecutar controles sobre las administraciones e, incluso, quitar matrículas a aquellas que lleven adelante gestiones fraudulentas. Además, comenta que el único delito que podría llegar a aplicarse contra administraciones que estafen a inquilinxs y consorcistas es el de malversación de fondos, ni siquiera correspondiente al fuero civil.
“A día de hoy, la única sanción que tenés puede llegar a darse luego de una denuncia de tipo penal. Imaginemos que, en Argentina, alguien reciba una pena de prisión por malversación de expensas, es imposible. Ante todo, porque volvemos a la misma lógica de que el propietarix es quien debería denunciar, cuando la mayoría ni siquiera reside en sus edificios”, agrega.
Soluciones parecen haber pocas. Y la principal de las dificultades es el nulo acceso a la defensa por parte de lxs inquilinxs, quienes aún no encuentran herramientas de queja o de diálogo ante el Estado en sus diversos niveles. El acceso a la vivienda es un tema de extrema urgencia e impacta directamente en la calidad de vida de la población.
*Por Lourdes López para La tinta.
