Justicia es que no pase nunca más: hoy se realiza la 9° Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil
Este lunes 28 de agosto, desde las 17 horas, la lucha antirrepresiva vuelve a llenar las calles de Córdoba con sus demandas: que las fuerzas de seguridad dejen de asesinar y torturar personas, que el Poder Judicial cumpla su función, que el Estado abandone las políticas de muerte. Desde Colón y General Paz, nace la movilización que disputa sentidos sobre la justicia y mantiene presentes a todas las víctimas del aparato represor.
Desde hace nueve años, en el mes de agosto, la esquina de Colón y General Paz se llena de rostros gigantes, impresos en blanco y negro, que vuelven a habitar la calle. Algunos sonríen, algunos posan, todxs miran de frente, a los ojos. Son las víctimas de la violencia estatal, personas asesinadas por la Policía de Córdoba que, ese día, recorren el centro de la mano de sus familias.
La Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil (MNCGF) es una acción de reclamo y de lucha, que se construye colectivamente desde un espacio horizontal, convocado desde la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil y abierto a la participación de personas y organizaciones movilizadas por la causa. Es, también, un lugar de encuentros y homenajes. Familiares y amigxs se reúnen ese día en la calle, conversan, llevan sus remeras, banderas, figurones, carteles, mensajes. Mantienen viva la memoria de sus seres queridos.
Cada año, la organización de la Marcha enfrenta la dolorosa tarea de actualizar sus listas: se ponen en común los nuevos casos de asesinatos cometidos por la policía y se suman nombres e imágenes a los textos e intervenciones. A lo largo del tiempo, la mirada sobre esta realidad angustiante se volvió más amplia y compleja. Se exige justicia por todas las víctimas, pero también se señala a los funcionarios y gobernantes. Se advierte el rol de los medios de comunicación y la propagación de discursos de odio que discriminan y segregan grupos sociales, construyendo la idea de que algunas personas no merecen vivir. Se apunta contra fiscales, jueces y funcionarios judiciales que defienden a quienes mataron y encubrieron, contribuyendo a la amplia red de impunidad y complicidad que hoy permite que policías que asesinaron personas estén libres y ejerciendo sus funciones. Se convoca, finalmente, a la movilización de toda la ciudadanía, a conocer las causas y las historias de cada familia, acompañar los procesos judiciales, difundir y aportar a la realización de la marcha, comprender que matar por la espalda no es defenderse.
No es violencia institucional, es represión estatal
Desde La tinta, conversamos con Emi del Frente Antirrepresivo en Lucha (FAL). Como integrante de la mesa organizadora de la MNCGF, nos comenta sobre el énfasis puesto en la represión estatal, un concepto que desde hace años vienen trabajando en el espacio. «El concepto de violencia institucional nos parece que es poco específico con el tema de los casos de gatillo fácil, de asesinato en contexto de encierro, de femicidios de uniforme. Es un concepto amplio que no llega a reflejar la forma en que el Estado participa y organiza esa represión. El Estado tiene el monopolio de la violencia y entendemos que, cuando un policía mata o tortura, atrás hay una decisión política que involucra a otros agentes: el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos -que es el que regula la situación carcelaria-, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo que, por ejemplo, cambia los códigos constantemente para seguir criminalizando la pobreza, la juventud y la lucha. En ese sentido, entendemos que es una política de Estado y que, por lo tanto, es necesario señalar no solamente a los responsables materiales, sino también a sus responsables políticos».
Como muestra de que las políticas de muerte no son casos aislados y se despliegan en todo el territorio, este mes, la marcha se convoca en diferentes puntos del país. La semana pasada, se movilizaron Mar del Plata, Paraná y La Plata. Además de Córdoba, otras cuatro ciudades realizan su convocatoria hoy, lunes 28, en diferentes horarios: Mendoza, Rosario, Buenos Aires y Santiago del Estero.
¿Justicia?
«2023 es un año histórico en materia de juicios por gatillo fácil», indican desde las redes de la MNCGF. Isaías Luna, Blas Correas, Joaquín Paredes y Lidia Cabrera son los nombres que, desigualmente, habitaron las noticias en estos meses. Llegar a la instancia de juicio es un triunfo de la lucha antirrepresiva. Sin embargo, explica Emi, la justicia sigue estando muy lejos del Poder Judicial: «Desde la organización de la marcha, decidimos poner foco en esto porque han habido muchísimos juicios en este año por causas de gatillo fácil. Y en todas esas instancias, fue muy evidente la connivencia que existe, la complicidad que muestra el Poder Judicial con los agentes del Estado, con las fuerzas represivas. Por eso, lo entendemos como un engranaje más del aparato represivo, que es blando con los asesinos y torturadores, y que maltrata de distintas formas a las familias que están buscando justicia por sus hijos, sus hermanos o sus familiares que han sido asesinados«.
Los relatos de las familias que enfrentan procesos judiciales son desgarradores. No solo tienen que revivir los detalles de la atrocidad, sino, además, enfrentarse a maltratos y discriminaciones por parte de jueces y abogados que, por momentos, parecen juzgarlas a ellas. Al mismo tiempo, se acumulan fallos injustos y condenas insuficientes, amparadas en la versión policial que siempre se busca imponer: la legítima defensa. El mapa se completa con una gran cantidad de causas cerradas sin justificación y el desgaste de todo el proceso administrativo que lleva tiempo, energía, dinero y salud. En este sentido, Emi destaca detalles que dan cuenta de la desigualdad: «A los policías, por ejemplo, el Estado les paga la defensa que elijan, mientras que las familias tienen que conformarse con el abogado de oficio que les toca o buscar plata para poder constituirse como querellantes. La familia es la que tiene que reunir pruebas, es la que tiene que pagar los peritajes, que son caros, y después atraviesa toda una serie de maltratos y violencias durante las instancias de juicio».
Desde las redes de la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil, recuperan cinco casos emblemáticos en relación al accionar judicial:
- David Moreno fue asesinado el 20 de diciembre de 2001. Tenía 13 años. Su familia esperó 16 años un juicio contra el policía asesino. Ningún responsable político fue enjuiciado.
- Santino Cabanillas tenía 1 año y 9 meses. Murió en los brazos de su padre luego de ser alcanzado por una bala policial en una persecución por el frente de su casa.
- José Juncos tenía 26 años y una hija de 7. Vivía en Los Cortaderos. Fue asesinado con un disparo en la garganta y la causa fue archivada como legítima defensa.
- Cristian Guevara tenía 18 años. En 2014, fue detenido en la comisaría de barrio Los Naranjos. Los testigos indicaron que se desmayó luego de golpes propiciados por la Policía y que lo llevaron a la rastra. Horas después, informaron que se suicidó en su celda. La familia reclamó que se investigará las reales causas de su muerte y la causa fue cerrada.
- Ezequiel Barraza fue asesinado el 24 de marzo de 2014. Tenía 22 años. El policía asesino nunca estuvo detenido y fue sobreseído a pesar de mentir en su declaración.
La organización hace énfasis en que estas son solo algunas de las cientos de historias similares que existen y que movilizan el trabajo de las organizaciones y personas que cada año gestan la marcha.
Códigos con violencia
Para sumar a un contexto complejo en materia de criminalización, la semana pasada, la Legislatura provincial realizó modificaciones a la Ley 10.326, que establece el Código de Convivencia Ciudadana. Con la excusa de enfrentar una ola de saqueos, la reforma refuerza la aplicación de sanciones con multas, trabajos comunitarios y arrestos a quienes «en actitud amenazante o intimidante, formaren parte de aglomeraciones de más de tres personas con el objetivo de atemorizar a las personas o causar perjuicios a la propiedad pública o privada».
Además, entre otras medidas, expresa que las sanciones pueden duplicarse para quienes «animen o convoquen, usando cualquier medio, incluso en línea o a través de redes sociales, a las acciones mencionadas. Motiven, por cualquier medio, a la participación de personas menores de 18 años. Cometan las infracciones usando vehículos o motocicletas. Hagan alarde del temor provocado, del daño causado o del ‘botín’ obtenido, por cualquier medio».
Desde diferentes espacios, esta acción se denunció como un retroceso en clave de derechos humanos y un retorno encubierto de la antigua figura del «merodeo». «La última modificación del Código de Convivencia es una avanzada más del Estado contra la protesta y contra la juventud. En realidad, ya venían con esa orientación, por ejemplo, el año pasado, con el intento de cambiar el Código de Convivencia en el Poder Legislativo o el recurso de amparo que presentaron los comerciantes del centro para evitar las protestas en Nueva Córdoba. Esta modificación, en teoría para evitar saqueos, le da facultades a las fuerzas represivas para perseguir, para criminalizar e, incluso, para matar. Es una política que busca retroceder en cuestiones que se pudieron ganar con la lucha, como fue la derogación del Código de Faltas. Este cambio es una regresión, es volver a darle facultades arbitrarias a las fuerzas de seguridad para criminalizar a la gente que está en la calle, para seguir deteniendo, provocando o atacando a la gente que no solamente ocupa el espacio de la ciudad y está en su derecho a manifestarse. Sobre todo, destacamos las palabras que usa, como la ‘actitud atemorizante’. Se aprovecha del contexto de crisis y de saqueos para poder seguir criminalizando a los sectores que se organizan y luchan contra un sistema que es injusto, que es desigual», concluye el integrante de FAL.
A la violencia estatal, la MNCGF se enfrenta con organización. Celebra el encuentro, el cuidado y la memoria para construir una fuerza que combate convencida de que todas esas vidas valen y no se olvidan.
- 9° Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil. Lunes 28 de agosto, 17 h. Colón y General Paz, Córdoba capital.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: Cobertura colaborativa MNCGF.
