Morales y una reforma constitucional racista manchada de sangre y lodo
En medio del conflicto docente en Jujuy por mejoras salariales, se aprobó la Reforma Constituyente el jueves pasado. Propuesta (¿impuesta?) por el gobierno de Gerardo Morales, llevó a cabo modificaciones a la Constitución provincial en una rápida sesión que se desarrolló detrás de vallados y cerco policial. Luego, una veloz aprobación en medio del feriado y la represión que no tardó en llegar. Morales no cedió en su decisión de criminalizar y reprimir las protestas sociales a golpes y balas de goma. En el marco de una contienda electoral nacional con apuestas del gobernador, ¿qué hay detrás de lo que está pasando en Jujuy?
“…el capital viene al mundo chorreando sangre y lodo por todos los poros, desde los pies hasta la cabeza”.
C. Marx (El Capital, Capítulo XXIV: La llamada acumulación originaria)
Por Verónica Michelle Cabido para La tinta
La reforma de la Constitución provincial de Jujuy se destaca por una marcada perspectiva extractivista, que permite agilizar los mecanismos de protección y adquisición de la propiedad privada, y el desalojo expeditivo de quienes no tengan título de propiedad. Esto constituye una vulneración directa a los pueblos originarios, ya que tiene por objetivo desapoderarlos de aquellas tierras que habitan ancestralmente para favorecer la explotación de los recursos naturales. Al respecto, el exjuez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, expresó que “en el fondo, hay dos cosas: hay una razón económica, garantizar la entrega de los recursos naturales de la nación y de la provincia; y, por otro lado, garantizar también los negocios de algún pariente del gobernador”, haciendo alusión al hijo de Gerardo Morales.
Desde La tinta, conversamos con Lalo Torres, comunicador popular del portal Jujeñazo, quien estuvo presente los días de protesta y, al respecto del conflicto que atraviesa Jujuy, explica: “Esto se da en el marco de un periodo que comenzó a principios de junio, cuando los sindicatos nucleados en CE.D.E.M.S., de nivel medio, terciario y nivel inicial, ADEP junto a SADOP, convocaron a paro general y eso significó el inicio de una serie de movilizaciones que se realizaron no solo en la capital jujeña, sino en el interior. Y comenzaron a florecer otros conflictos que se estaban desarrollando en la provincia. Y hay que tenerlo en cuenta para ver cómo se llega a las represiones hacia las comunidades indígenas, porque, además de ser comunidades campesinas indígenas originarias, también son trabajadores mineros, docentes, trabajadores estatales y la condición social también es una condición étnica. Eso trajo aparejado conflictos vinculados a los sitios de Quebrada y Puna en particular, donde se encuentran asentadas gran parte de las comunidades que están reclamando contra la reforma de la Constitución, solicitando no solo que se bajen algunos artículos (el 36, el 50…), sino que era un reclamo general. Hay particularidades respecto a la propiedad de la tierra, la propiedad comunitaria… Los grupos sociales que se encuentran en nuestra provincia no están aislados en el campo, en la puna, en la zona de altura sin vinculación con los otros sectores que están reclamando”.
El entrevistado es contundente en destacar que, para comprender el conflicto de las comunidades, es necesario comprender el conflicto salarial de la provincia y, para comprender la reforma de la Constitución, hay que comprender la desigualdad y la violación sistemática a los derechos privados y comunitarios, y que eso tiene además consecuencias sociales, económicas, políticas, culturales y también simbólicas, espirituales.
“En el acceso entre la Ruta Nacional 52 y la 9, fue el avance de la represión por parte del Estado provincial, no solo en una ocasión, fueron tres represiones en un día. Eso trajo una resistencia por parte de las comunidades que bajaron desde diferentes comunidades de la Puna y la Quebrada caminando hasta San Salvador. Ante la agudización de los conflictos de la provincia, se llevaron adelante megaoperativos policiales para evitar que avancen los trabajadores, las comunidades y otros sectores de la población, y esto derivó en que un sector importante de las comunidades fue a Purmamarca, al corte total. Ahí se dio la represión, los detenidos, los heridos, un pibe de 17 años que perdió un ojo”, expresó.
Numerosos organismos defensores de los derechos humanos se pronunciaron al respecto, denunciando el incumplimiento de los estándares de derechos humanos contemplados en los tratados internacionales: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Right Watch, entre otros. Respecto de la reforma constitucional, la CIDH expresó: “Esta reforma no habría cumplido con la debida consulta a los pueblos indígenas, de acuerdo con los estándares interamericanos e internacionales. Al respecto, el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado es un principio fundamental que busca garantizar la participación efectiva y significativa de los pueblos indígenas en las decisiones que afectan sus derechos, territorios y recursos naturales”.
Hoy, Jujuy está atravesando un paro general y las comunidades siguen apostadas, en uno de los cortes más importantes, el de Purmamarca, y otros que se están dando en este momento en diferentes sitios de las cuatro regiones de la provincia. Un contexto donde la represión, la persecución, las detenciones que hay todavía en estos momentos están al acecho y la situación es incierta.
La construcción de un enemigo y la represión fue históricamente el instrumento que permitió la imposición de los modelos económicos de exclusión. Durante la dictadura, la desaparición sistemática de personas consideradas “subversivas” era la herramienta que permitía imponer un modelo económico neoliberal. En los 90, nuevamente, la imposición del modelo económico requería de la fuerte represión de los sectores populares, en tiempos en los que surgen los denominados “movimientos piqueteros”. Hoy, la violencia institucional nuevamente se muestra como la herramienta por excelencia para la imposición de una reforma ilegítima que atenta contra los pueblos indígenas.
“Desde que asumió la gobernación Juntos por el Cambio, de la mano de Gerardo Morales, modificó el Superior Tribunal de Justicia y comenzó a controlar otros espacios importantes para la administración pública. ¿Por qué se controla la protesta social, se la desarticula, se persigue a los sindicatos y organizaciones sociales? Porque son focos de resistencia y organización comunitaria y popular que, durante años, venían planteando oposición y miradas distintas al modelo extractivista de la provincia que ahora se ha profundizado. El trasfondo de esto son los sectores dominantes. Hay al menos dos: uno, las viejas oligarquías locales, como el ingenio Ledesma, la familia Blaquier; el otro, los capitales imperialistas extranjeros (canadienses, chinos…), ambos en consonancia. La mejor forma de controlar y avanzar en el saqueo de los recursos estratégicos de la provincia, donde se encuentran asentadas las comunidades, es generar las condiciones desde el ámbito estatal. Han avanzado de manera veloz porque han modificado una Constitución que han intentado pintarla de progresista por cuestiones vinculadas a género, derechos humanos, diversidades, ambiente, cuidado de los animales, pero el trasfondo real es la penetración de los capitales extranjeros para la primarización de la economía local de la provincia, el extractivismo, en un contexto de empobrecimiento de la provincia”, detalló.
Los hechos de represión de los últimos días registrados en Jujuy son la reproducción de una matriz de violencia institucional similar a la que caracterizó al terrorismo de Estado y que, como vemos, sigue vigente en democracia. Durante la represión, se registraron detenciones en las que subían a les manifestantes a bordo de numerosas camionetas particulares, algunas de ellas pertenecientes a empresarios ligados al gobierno de Jujuy, como empresas contratistas de la construcción. Una de ellas ligada también al ingenio Ledesma. La práctica tiene una escalofriante similitud a los episodios acaecidos durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica en la localidad de Libertador General San Martín de Jujuy. En “La Noche del Apagón”, como se la conoce popularmente, se usaron vehículos pertenecientes al ingenio Ledesma para secuestrar manifestantes y trasladarlos a los centros clandestinos de detención y tortura, en el marco de un corte de suministro eléctrico que dejó a la localidad a oscuras.
La reforma constitucional incluye, paradójicamente bajo el título “Derecho a la Paz Social y Convivencia Democrática Pacífica”, la expresa prohibición de los cortes de calles y rutas, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de los habitantes de la provincia. Sobre este punto, también se expresó la CIDH: “Las fuerzas de seguridad del Estado tienen un rol fundamental en garantizar la seguridad de quienes se manifiestan sin ningún tipo de represión directa o detención arbitraria, así como brindar seguridad general a la sociedad en su conjunto. (…) En cuanto a los cortes de ruta, se recuerda al Estado que estos son modalidades legítimas y protegidas por el derecho a la protesta. Es necesario que se tolere que las manifestaciones puedan generar cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana, por ejemplo, con relación al tráfico y las actividades comerciales, a fin de no privar de su esencia al derecho de reunión pacífica”.
El colectivo Identidad Marrón visibilizó el aspecto racial de la represión y denunció la falta de información acerca de compañeras detenidas, integrantes de su organización. En una clara muestra de violencia institucional racista, la represión estuvo direccionada contra los pueblos indígenas, docentes, en su mayoría, mujeres, estudiantes, adultes mayores e infancias que estaban presentes en los cortes y manifestaciones que se realizaron en los últimos días. Decenas de personas resultaron heridas, algunos de considerable gravedad, y un joven de 17 años perdió un ojo a raíz de un disparo de bala de goma.
El accionar de las fuerzas de seguridad de Jujuy es la manifestación de un orden colonial que persiste y exhibe la pervivencia del anclaje histórico político y cultural del odio hacia las comunidades originarias, en el que subyacen los intereses económicos y la propiedad de la tierra. Cuando Marx expone en El Capital el origen de la acumulación del capital, explica cómo las élites británicas fueron expropiando a los campesinos, expulsándolos de sus tierras. En América Latina, el momento decisivo de la acumulación originaria del capital se dio con la conquista y la colonización. Como advirtió Mariátegui, el problema indígena está subordinado al problema de la tierra.
La acumulación originaria se inscribe en la larga y tortuosa historia del colonialismo. Se inició en el siglo XVI, pero, durante la época colonial, hubo un proceso sistemático de apropiación de tierras que, a diferencia de lo que sucedió en Europa, no generó una fuerza de trabajo libre, sino que los pueblos originarios pasaron a estar sujetos a violentas relaciones de servidumbre y dependencia.
El despliegue represivo en Jujuy no solo es la manifestación de la violencia institucional por parte del Estado, es un disciplinamiento de aquellos grupos subalternizados por una jerarquización en función de las diferencias étnicas, de género, clase y edad. Es un ejercicio de violencia institucional racista que busca imponer y defender un orden económico basado en la explotación y el extractivismo, y un orden social racista, patriarcal y que desconoce la diversidad constitutiva de nuestros pueblos. Como señala Marx en el capítulo XXIV de El Capital, “el capital viene al mundo chorreando sangre y lodo por todos los poros, desde los pies hasta la cabeza”; la reforma constitucional de Gerardo Morales también.
*Por Verónica Michelle Cabido para La tinta / Imagen de portada: Julia Carrizo.
