Los incendios forestales desde la experiencia brigadista: «Resistimos el ecocidio en completa soledad»
La semana pasada, fue noticia que la temporada de incendios se adelantó. Los números del Gobierno provincial sobre los incendios forestales del 2022 no coinciden con los publicados por la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba, quienes redoblan las cifras oficiales. En este marco, la Brigada Forestal Comunitaria Chiviquín compartió un reporte en el que analizan la problemática social y ambiental que atraviesa la provincia entera, poniendo la mirada en lo que sucedió el año pasado en el Valle de Traslasierra. “En 2022, lxs cordobeses perdimos más de 18 mil hectáreas de biodiversidad nativa, producto de la quema controlada que promueve el Estado para favorecer el negocio extractivista”, aseguran.
Por Soledad Sgarella para La tinta
Primero lo primero: la temporada de incendios, esperada siempre para mayo, se adelantó más de dos meses. Las heladas tempranas de febrero y la extrema sequía hacen que, ya en marzo, el riesgo de incendios forestales en Córdoba sea extremo, según lo informado por la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil de la provincia.
Por otro lado, la semana pasada, el IDECOR (Infraestructura de Datos Espaciales de Córdoba), organismo perteneciente al Ministerio de Finanzas del gobierno de Juan Schiaretti, publicó los números oficiales, que no coinciden con los de la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba. Mientras que, desde la provincia, dicen que, durante todo 2022, los incendios afectaron 81.544 hectáreas, lxs bomberxs aseguran que fueron 174 mil, más del doble que las informadas por el oficialismo.
El 2020 marcó el peor récord de los últimos 35 años, con 341 mil hectáreas incendiadas en Córdoba. En los últimos 20 años (de 2003 a 2022, es decir, durante el cordobesismo), fueron 1.580.000 hectáreas las quemadas: el 10% de la superficie total del mapa provincial.
“Lo que vivimos en Trasla: relato breve de la experiencia brigadista en los incendios transerranos del 2022”
El año pasado, Traslasierra fue una de las regiones con mayor superficie afectada. La Brigada Forestal Comunitaria Chiviquín publicó un reporte el jueves, en el que comparten su lectura sobre la problemática social y ambiental que atraviesa no solo el Valle de Traslasierra, sino la provincia entera. “En 2022, lxs cordobeses perdimos más de 18 mil hectáreas de biodiversidad nativa, producto de la quema controlada que promueve el Estado para favorecer el negocio extractivista”, aseguran.
Las miles de hectáreas perdidas entre el 15 de septiembre del 2022 y el 28 de noviembre del mismo año contenían una biodiversidad nativa que habitaba entre monte leñoso, arbustal y pastizal, y que hoy lucha por regenerarse. “Esto incluye únicamente los incendios forestales (IIFF) de Panaholma, Arroyo Los Patos, Salsacate, Tala Cañada, Las Palmas y Ambul. Pero hubo muchos otros, como el ocurrido a principios de octubre en el Parque Nacional Quebrada del Condorito, en el campo que pertenece al ya varias veces imputado Alejandro Javier Becerra”, publicaron desde Chiviquín.
El informe de mapeo muestra que, en los últimos incendios forestales de Panaholma, Arroyo los Patos, Salsacate y Tala Cañada, la superficie afectada fue en un 100% de monte leñoso, arbustal o pastizal. En los de Las Palmas y Ambul, en por lo menos más de un 80%. “Los mapas muestran el punto de inicio de cada incendio y un avance cronológico del fuego. Además, se pueden ver las superficies totales afectadas. Esto nos permite entender con claridad, y de manera simple, cómo fue que trabajaron las instituciones; cómo fue que hicieron un ‘manejo del fuego’ acorde a la política de Estado, ejecutando de manera muy prolija lo que podríamos denominar una ‘quema controlada’, en la intención de avanzar con una serie de negocios ilegítimos sobre los territorios quemados”.
Desde la Brigada, explican que los puntos de inicio se encuentran, casi siempre, en el límite con campos de cultivo y que tal dato resulta, por lo menos, sospechoso: “Sobre todo, si recordamos a Becerra y su peligrosísima práctica de renovación de pasturas, quemando pastizales en época seca y con vientos superiores a los 60 kilómetros por hora. Y hasta podríamos imaginar que el Estado va a inspeccionar estos campos, peritarlos y procesar quizás a algún que otro empresario descuidado o malintencionado. Pero la quema sigue, desde Ansenuza a Traslasierra, así que mejor revisamos cómo se comportaron estos incendios”.
La organización comunitaria detalla que, si atendemos a los perímetros de las superficies quemadas, se pueden observar dos formas predominantes: “Una más bien delgada y alargada, que se angosta cada vez que se acerca a territorios cultivados (Panaholma, Las Palmas): esas fueron combatidas arduamente sobre los flancos, con aviones hidrantes desde arriba y con kit forestal, mochila de agua y chicote desde abajo. Los recursos se concentran en los flancos y el fuego se deja correr hacia donde sopla el viento, siempre direccionando la quema hacia el territorio silvestre; una vez que la topografía o las condiciones climáticas lo permiten, se liquida la cabeza y ahí sí: que alguien más se encargue de la guardia de cenizas”.
“La segunda forma, cuya geometría es de una mancha redondeada (Salsacate, Tala Cañada, Ambul, Arroyo Los Patos), avanza con la dirección del viento y es combatida desde el oeste, que es donde se ubican las zonas pobladas y los territorios cultivados. El fuego corre libremente hacia el este sobre el monte vivo”, aclaran lxs brigadistas y agregan que “en algunos casos, como en Ambul, se detiene gracias a la presencia de un arroyo. Esta técnica de anclaje, por supuesto, incluye contrafuegos sumamente destructivos, que aceleran el proceso de quema con la intención expresa de reducir riesgos de reinicio y abaratar costos operativos. Pero la realidad es que estos contrafuegos ensanchan innecesariamente la superficie afectada, arrasando con todas las islas verdes que puedan sobrevivir dentro de lo quemado y destruyendo enormes extensiones de monte sano que se prolongan desde el perímetro del incendio hasta el punto de anclaje elegido por el Comando de Incidente (autoridad oficial máxima de la mesa del incidente, perteneciente al Plan Provincial de Manejo del Fuego)”.
En el informe, la Brigada Chiviquín es clara: la preservación de estas islas de monte, así como la correcta selección de los puntos de anclaje, resulta sumamente posible y es fundamental, ya que estos espacios funcionan, en la etapa de post-fuego, como semilleros clave para la regeneración del monte autóctono: “El problema está en que las autoridades del sistema no saben o no quieren hacer tareas de enfriamiento y control de perímetros; no saben o no quieren trabajar los perímetros del fuego con herramientas de zapa (palas, rastrillos segadores, pulaski, etc.), tampoco saben o no quieren hacer guardia de cenizas, y pretenden controlar el incidente únicamente con chicote, agua y contrafuego”.
Impunidad y ecocidio
La organización concluye en que, en ambos casos, los mapas muestran que los esfuerzos del Plan Provincial de Manejo del Fuego (PPMF) se concentran en la defensa de territorios cultivados y, por más que sobren los recursos, estos jamás son destinados a defender el monte. Además, expresan que las técnicas de combate no están pensadas para la preservación y regeneración de nuestros bosques, sino que buscan optimizar lo que es, sencillamente, una quema controlada y que “paradójicamente, frente a la gravísima situación que atravesó el valle transerrano en este último período de quema, la Sociedad Rural de la Provincia de Córdoba exigió al Ministro de Ambiente que declare la emergencia agropecuaria y la provincia lo acató sin dilación. Este decreto está por ser homologado a nivel nacional y nadie lo cuestiona. Los empresarios del agronegocio ya se benefician en materia impositiva y crediticia. Mientras tanto, lxs habitantes del monte resistimos el ecocidio en completa soledad”.
La Brigada dice que todo resulta comprensible si recordamos que la Provincia de Córdoba destinó -en el año 2021- más de 500 millones de pesos para fundar las ETAC (“Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes”) que, como se ve, no están funcionando: “Mientras la provincia de Córdoba insiste en combatir incendios forestales con agentes técnicos sin instrucción forestal, lxs brigadistas nacionales tienen que luchar por un salario digno y condiciones de trabajo más seguras, y las comunidades serranas tenemos que organizarnos en asambleas para defender nuestros territorios. Porque, en esta trama de corporaciones políticas y empresariales, el agua, el aire y la vida no son más que simples bienes de intercambio. Por todo esto, entendemos que la gestión estatal no se limita al cuidado de la propiedad privada y el negocio agropecuario, sino que participa de manera activa en un plan superior de desarrollo extractivista: el monte es, para ellos, un territorio ocioso que debe ser eliminado y reemplazado de inmediato por cualquier emprendimiento lucrativo: minero, ganadero, inmobiliario, etc. En este caso, el correlato principal va de muchísimas hectáreas de soja que están siendo sembradas en lo que ellos llaman ‘territorios marginales’ del valle transerrano, al mismísimo pie de las Altas Cumbres, y que los empresarios David Copello y Agustín Calamari (los mismos que salieron en los medios exigiendo la emergencia agropecuaria) necesitan para hacer funcionar una fábrica de biodiesel en Ambul, donde se pretende formular coadyuvantes, fabricar alimentos balanceados e instalar granjas de cerdos y pollos: todas ellas, empresas altamente contaminantes que, bajo la excusa de ‘progreso’, tienden al exterminio de toda vida, sólo en pos de calmar la avaricia de unxs pocxs y otrxs tantxs. Por supuesto, este proyecto es auspiciado y financiado por el ministro de Ganadería y Agricultura, Sergio Busso, que, antes del incendio, ya había entregado a la empresa RB Agronegocios un subsidio por 2,5 millones de pesos y un crédito por 34 millones de parte del BANCOR”.
Respecto de los dichos -para Canal 12– del presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, Pablo Martínez, quien manifestó que el monte es un combustible peligroso y que, por lo tanto, debemos eliminarlo, lxs brigadistas concluyen el mapeo con reflexiones tan contundentes como necesarias: “Resulta gracioso y peligroso, porque a esta altura de la crisis ambiental, ningunx de nosotrxs debería permitirse ignorar el rol que cumple el monte en los ciclos de lluvia. El monte requiere de todos sus estratos para la supervivencia del ecosistema. El monte funciona como una esponja que retiene el agua que hace llover; no solo previene las sequías, sino también las inundaciones. El monte regula los ciclos de agua y es, además, el hogar de una biodiversidad infinita que ni el miedo ni el dinero van a impedirnos defender. Porque ninguna vida vale más que otra. Porque al monte lo cuidamos entre todxs”.
*Por Soledad Sgarella para La tinta / Imagen de portada: Brigada Forestal Chiviquín.
