«Necesitamos una ley para enfrentar la violencia de género en espacios digitales»
Conversamos con la Fundación Activismo Feminista Digital acerca de derechos digitales en clave de género, alfabetización digital y la urgencia de diagramar políticas públicas en Argentina para luchar contra la violencia digital machista. Asimismo, como integrantes de la “Red Géneros, Internet y Derechos Digitales”, lanzaron recientemente una campaña acerca de conductas dañosas en internet y un manifiesto con reclamos para países de toda Latinoamérica.
Por Peu para La tinta
Desde la creación de lo que hoy conocemos como internet hasta este año -ya casi 2023-, han pasado cuatro décadas que lo han revolucionado todo. Basta estar leyendo este artículo desde un dispositivo móvil para entender la dimensión que cobraron las tecnologías y el ciberespacio en nuestras vidas.
Internet, que nació como un proyecto militar estadounidense, trascendió sus fronteras y se expandió hasta lo impensado, al punto de que, actualmente, en el mundo, son miles de millones las personas que cuentan con acceso a la web. Pero, a pesar de lo que podríamos nombrar como una “democratización” de esta herramienta, sabemos que aún existe una brecha digital que deja afuera de sus beneficios a un importante porcentaje de la población mundial por factores sociales, económicos, de género, entre otros.
Sin embargo, no basta con que internet sea abierto y accesible, sino también seguro. Hoy más que nunca, toca ocuparse de los malos usos del espacio virtual que pueden ocasionar daños graves e, incluso, irreversibles para muchas personas. Específicamente, es urgente visibilizar la violencia digital y hacerlo desde una perspectiva de géneros, ya que su impacto encuentra un diferencial según quién la reciba, incrementándose sistemáticamente en el caso de identidades feminizadas y disidentes.
Lamentablemente, existe un obvio contraste entre el acelerado ritmo en que las distintas tecnologías y entornos digitales mutan y se desarrollan, y la lentitud del sistema judicial para garantizar legislaciones que regulen el ciberespacio en pos de volverlo habitable y seguro para todes, desde una perspectiva transfeminista.
En Argentina, las leyes rigen para algunos pocos ciberdelitos puntuales ―como es la Ley 26.388 de delitos informáticos, que sanciona el ciberacoso solo cuando afecta a menores de edad (grooming), por ejemplo―, pero descuidan otros derechos digitales fundamentales de las personas sin contemplar agravantes por cuestiones de género.
Desde La tinta, conversamos con integrantes de la Fundación Activismo Feminista Digital (@femhackarg) por su trayectoria y experiencia en el campo, para interiorizarnos en su trabajo en torno a los derechos digitales en clave de género, la alfabetización digital y su incidencia en políticas públicas en la lucha contra la violencia digital machista.
―¿Qué nos podrían contar acerca de la Fundación y las actividades que realizan?
―La Fundación nace en 2014, a partir de una situación particular de violencia digital que vivió su fundadora y actual presidenta, Marina Benítez Demtschenko. Al encontrarse con una respuesta nula de las autoridades y sin amparo legislativo, comenzó a interiorizarse en la materia. Rápidamente, muchas mujeres se acercaron a consultar refiriendo haber vivido situaciones de violencia digital, como la difusión no consentida de material íntimo o acoso virtual, y sin saber qué hacer. Allí es cuando, junto con algunas abogadas, comenzó con este trabajo, que luego tomó forma institucional de fundación.
Desde el inicio, trabajamos asistiendo a víctimas de violencia digital, dando una orientación primaria legal y técnica a quienes se acercan en busca de ayuda. También hacemos mucho hincapié en la alfabetización digital mediante la creación de contenidos que difundimos en redes sociales, con nociones básicas sobre el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), cómo estar seguras en redes sociales, cómo utilizar responsablemente nuestros dispositivos. Este es otro de nuestros ejes que, en 2020, pudimos escalar mediante el lanzamiento de nuestra propia plataforma de e-learning para el dictado de cursos virtuales.
Por otro lado, las integrantes del equipo son de distintas regiones de Argentina y con trabajos muy diversos; somos mujeres de diferentes edades y profesiones, con el objetivo común de “ayudar”, lo cual nos aportó una gran riqueza como grupo a nivel interno y hacia afuera en las actividades que realizamos.
Con una proyección de crecimiento -aun luego de atravesar la cuarentena que implicó un gran desafío-, este año, abrimos la convocatoria a quienes quisieran sumarse a colaborar con la Fundación. Se unieron varias voluntarias para poder brindar más herramientas a quienes se acercaran en consulta y llegar a las víctimas no solo como profesionales, sino también desde un lugar amoroso, empático y de contención; acompañar desde nuestro humilde lugar y desde nuestra experiencia.
―Sabemos que forman parte de la Red Géneros, Internet y Derechos Digitales, con quienes, recientemente, lanzaron una campaña importante. ¿Cómo nace esta articulación y cómo participan en la Red?
―La Red nace en 2021 entre varias organizaciones que habíamos coordinado una campaña conjunta sobre Brecha Digital en Latinoamérica y para aunar esfuerzos de difusión de las actividades de cada una. La conforman colectivos de Argentina, Bolivia, Perú, Chile y Paraguay: Conocimiento Abierto, Faro Digital, Mediachicas, InternetBolivia.org, Amaranta, Hiperderecho, Mujer Dispara y TEDIC.
Luego, como las actividades y problemática se desarrollan de forma muy similar en la región, era interesante pensar acciones a largo plazo de forma más organizada. El trabajo compartido nos permite intercambiar experiencias y brindarnos apoyo. En este sentido, desde la Fundación, asistimos en casos de violencia digital y, a veces, recibimos consultas de otros países. Contar con la Red nos permitió poder derivar casos de varios puntos de la región entre las organizaciones que la conformamos y dar una respuesta acorde a quienes buscan ayuda.
La Red también nos permite visibilizar el estado de situación en Argentina en cuanto a violencia digital (que se replica en algunos otros países) y a la falta de legislación y de respuesta adecuada de parte de las autoridades.
Consideramos que, en la actualidad, las dificultades que enfrentan las personas para acceder a una respuesta expedita por parte del Estado (ya sean fuerzas de seguridad o el Poder Judicial en sus distintas jurisdicciones -nacional, provinciales y de CABA), es necesario el acercamiento de herramientas y personas con un lenguaje claro para explicar adecuadamente qué pasos seguir ante un posible caso de violencia digital. Esto forma parte de los objetivos institucionales de la Fundación y también es fomentado desde la Red.
16 días de activismo contra la violencia digital
Desde el 25 de noviembre, en el marco del “Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer”, hasta el 10 de diciembre pasado, desde la Fundación Activismo Feminista Digital, en articulación con la Red Géneros, Internet y Derechos Digitales, llevaron adelante diversas actividades con el objetivo de “monitorear, analizar y visibilizar la problemática de las desigualdades basadas en géneros en el ecosistema digital latinoamericano”. Así, surgió la campaña “16 días de activismo contra la #ViolenciaMachista en la #EraDigital”, que consistió en la difusión de distintas conductas dañosas en internet en las que se manifiesta este tipo de violencia digital. Entre ellas:
Acoso virtual
Desde la Fundación, comparten que, en 2017, 3 de cada 10 de las consultas que recibieron fueron por situaciones de acoso virtual, incrementándose esta cifra a 5 de cada 10 en el primer semestre del 2022 y siendo las mujeres las principales destinatarias de estas agresiones.
Afirman que, en la mayoría de los casos de violencia física -e, incluso, femicidios-, la “antesala” es el acoso a través de medios tecnológicos, lo cual “ocasiona graves daños en la vida de la víctima, pudiendo incluso afectar algunos de sus derechos constitucionales como la libertad de tránsito, la integridad física, psíquica y el derecho a una vida libre de violencia machista”.
Doxing
Consiste en revelar por internet datos sensibles de una persona sin su consentimiento, con el fin de individualizarla inequívocamente al conseguir un perfilado total de su ser (domicilio, información de contacto como teléfono, redes sociales o correo electrónico, incluso, datos de familiares). Muchas veces, son los agresores quienes facilitan esta información sistematizada a terceros, exponiendo a la persona a que se le pueda acercar cualquiera que quiera hacerle daño. Aunque, otras veces, quien pone a disposición estos datos es la misma persona titular, por lo cual cabe mencionar la importancia de proteger nuestra información, así como siempre preguntar antes de publicar o compartir datos de otres.
Discursos de odio en internet
Son manifestaciones hostiles y violentas dirigidas a personas o colectivos en función de su identidad o características propias, como ser cuestiones de género, ideología política, entre otros. En el entorno digital, esto se agrava por la posibilidad de hacerlo desde el anonimato y desde cualquier parte del mundo, lo cual trae aparejados problemas de jurisdicción entre países en cuanto a su intervención y la regulación de estos contenidos. Además, una vez borrados de una plataforma, pueden encontrarse igualmente en otras y por tiempo indefinido.
Los discursos de odio contra las identidades feminizadas y disidentes nos censuran y expulsan del espacio digital. Por esto, según la Fundación, es clave una visión con perspectiva de género “para entender esta problemática y garantizar nuestra experiencia tecnodigital libre de violencias”.
Phishing
Consiste en engañar a le usuarie para que revele información, por lo general, personal o financiera, con el fin de controlar sus cuentas y obtener algún beneficio de esto. Puede ocasionar daños como la pérdida de acceso a las cuentas personales, suplantación de identidad y hasta el vaciamiento de cuentas bancarias, entre otros.
Desde la Fundación, afirman que es uno de los incidentes informáticos que más aumentó en Argentina durante la cuarentena por COVID-19 y que continúa creciendo. Comparten que el mejor modo de prevenir y poder habitar entornos digitales de forma segura es la observación crítica, chequear previamente la información recibida y requerida, y la alfabetización digital.
Difusión no consentida de material íntimo
Se trata de distribuir o publicar imágenes o videos con contenido íntimo, sexual o erótico de una persona sin su consentimiento, afectando mayormente a identidades feminizadas y con un fuerte tinte aleccionador. Esto se grafica en que 1 de cada 3 consultas recibidas por la Fundación durante el primer semestre de 2022 tuvo que ver con esta conducta que vulnera la intimidad de las personas.
Hoy, en Argentina, no existen estadísticas oficiales al respecto y ni siquiera está reconocido como un delito penal, pero sabemos que el costo de esta acción para las víctimas es tan alto que ha llegado hasta a cobrarse sus vidas. Por esto, es necesario comprometerse como sociedad a cortar con la cadena de difusión y romper con la complicidad machista que implica.
Violencia digital y telemática
Este tipo de violencia afecta la dignidad digital, mayormente de identidades feminizadas y disidentes, lesionando sus derechos o bienes digitales, tales como: el acceso a la información, la libre expresión digital, la identidad digital y la reputación digital. Con violencia telemática, se hace referencia a aquella que se ejerce a través del uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Ninguna de estas se encuentra contemplada en el Código Penal argentino. Afirman que reconocer estas violencias “es clave para afrontar la situación de vulneración de derechos digitales que atraviesa nuestro país y que crece cada año” y que “una vida libre de violencias no podrá ser si no se incluye al ciberespacio en todas las medidas a tomarse. ¡El momento de hacerlo es ya!”.
Suplantación de identidad
Consiste en “hacerse pasar por otra persona o entidad ante terceros, mediante el uso del nombre, la imagen o algún rasgo o dato identificatorio del perfil suplantado”, comparten. Entre los casos más comunes, destacan la utilización por parte de agresores “contra sus ex parejas, estableciendo contacto directo con su familia o amigos en un claro caso de acoso”.
Otra de las conductas más frecuentes es “la suplantación de identidad mediante la creación de una cuenta en alguna red social para la difusión de contenido íntimo. A veces, el agresor se presenta como cuenta soporte de la original, difundiendo el contenido como si fuese la propia titular la que lo hace. En otros casos, la creación de la cuenta es en redes que no usa y desconoce totalmente. Plataformas de pago en las cuales el agresor lucra con su contenido”.
Aunque esta conducta puede ser utilizada para realizar estafas, acoso virtual, difusión no consentida de material íntimo, etc., y el riesgo se acrecienta particularmente para identidades feminizadas o disidentes, aún no es considerada delito en Argentina.
Ataques difusos en redes sociales
Se trata de “agresiones contra una persona o tema de relevancia social -normalmente sensible- cometidos por usuarios en masa de manera sistemática y organizada”. Afirman que, cuando se ejercen contra identidades feminizadas o disidentes, “tienen un alto contenido sexista y quienes lo ejecutan se valen de la exposición de la intimidad de la víctima, de su sexualidad, su vida familiar o su pasado”. Esto tiene como finalidad la descalificación, humillación, el descrédito y silenciamiento de la persona a la que se ataca, atentando contra su libertad de expresión y permanencia en el ciberespacio.
Se habla de “difusos”, ya que los agresores -o trolls-, en muchos casos, se valen del anonimato para realizar estas agresiones coordinadas, lo cual dificulta el poder detectar su origen.
Desde la Fundación, sugieren como respuesta posible “el bloqueo y reporte de las cuentas agresoras dentro de la misma plataforma en que se produce el ataque, teniendo siempre presente el resguardo de la URL del comentario o la cuenta, y una captura de pantalla”.
Cyberflashing
Se trata del envío intempestivo de imágenes o videos sexuales por aplicaciones de mensajería o redes sociales sin aviso previo y, por tanto, sin el consentimiento de la persona que recibe este material íntimo.
Desde la Fundación, destacan que no se trata de una práctica nueva -el exhibicionismo-, sino que esta se trasladó de la calle al espacio virtual, aprovechando las TIC para ejercer violencia digital, en este caso, “una forma de acoso en la que se nos obliga a tolerar, contra nuestra voluntad, una interacción de tenor sexual”.
Uso de imágenes para fines indebidos
Consiste en el uso y abuso de las imágenes subidas a internet por terceras personas sin su consentimiento, “excediendo el ámbito y el fin para el que fueron publicadas”, afirman, como puede ser tomar fotos de la persona para publicarlas en sitios web de pornografía, exponiendo los datos reales de las víctimas. Esto vulnera múltiples derechos y «se convierte en una herramienta para fomentar otras conductas dañosas, como el doxing y el acoso virtual”, afirman.
Ante esto, es importante entender que la publicación de contenidos en plataformas abiertas no habilita a su uso irrestricto, es nuestro consentimiento el que delimita su uso y alcance, y debe ser respetado.
Acceso indebido a cuentas de redes sociales
Más conocido como hackeo, consiste en la intrusión por parte de terceros a cualquier tipo de cuenta o plataforma virtual resguardada con contraseña de una persona a la que el contenido de ese espacio virtual le pertenece como privado.
Según la Fundación, esta conducta, generalmente, es llevada a cabo “por los agresores sobre sus parejas o ex parejas como una forma de control y vigilancia”, siendo “una de las manifestaciones más comunes de violencia machista y nuestras estadísticas dan cuenta de ello”.
En Argentina, todavía no se considera como delito a la mayoría de estas conductas violentas. Por esta razón, desde la Fundación junto a la Red, dieron cierre a los 16 días de activismo con un manifiesto colectivo sobre activismo feminista digital en el que ponen énfasis en “la necesidad de una respuesta legislativa para enfrentar la violencia de género en espacios digitales”.
―Particularmente, acerca de cómo vienen incidiendo desde la Fundación y la Red en políticas públicas en Argentina, ¿ya presentaron proyectos? ¿En qué estados se encuentran?
―Sí, la Fundación ya presentó dos proyectos de Ley ante el Congreso de la Nación Argentina, que se plantean desde una perspectiva de derechos humanos centrados en la dignidad digital de la persona, lo que hace que su enfoque resulte suficientemente abarcativo frente a los pocos conocimientos y herramientas institucionales en estos temas.
El primero, en el año 2017, fue presentado ante la Cámara de Diputados de la Nación, para la incorporación en el Código Penal de la difusión no consentida de material íntimo, el acoso virtual y el acceso indebido a redes sociales. Se reingresó en 2019 y fue tratado conjuntamente con otras propuestas legislativas, pero ninguno de los proyectos en circulación tuvo mayor avance y estas conductas dañosas siguen sin tener una respuesta por parte del Estado.
Por otra parte, en el 2018, presentamos -ante la misma Cámara- un proyecto para la modificación de la Ley 26.485 de Protección Integral hacia las Mujeres, solicitando se incorpore a la violencia digital como un tipo de violencia y a la violencia telemática como una modalidad. Además, conceptualizando e incorporando en la ley una nueva categoría de derechos: los derechos digitales. Obtuvo media sanción y pasó al Senado, y estuvo a un paso de convertirse en Ley, pero perdió estado parlamentario.
«Para el Senado, no fue prioridad el tratamiento de esta problemática, aun cuando los casos de violencia digital crecieron exponencialmente, sobre todo, durante la cuarentena, con la digitalización casi compulsiva de todas las actividades de la vida cotidiana», afirman desde la Fundación.
A pesar de ello, porque sabemos lo importante que es contar con herramientas adecuadas contra la violencia digital, re-ingresamos el proyecto en el año 2021, con algunas modificaciones, como la necesidad de abordar la violencia digital desde la ESI, reforzando la importancia de contar con alfabetización digital en todos los ciclos educativos y la obligatoriedad de la capacitación en agentes del Estado. Aunque espera ser tratado en las respectivas comisiones de la Cámara, lamentablemente, la violencia digital continúa sin ser prioridad en el Congreso.
―En cuanto a las estadísticas, ¿cómo trabajan? ¿Cuentan con relevamientos oficiales y/o propios?
―En el año 2017, hicimos conjuntamente con la ADC (Asociación por los Derechos Civiles) el primer Informe sobre el Estado de la Violencia Online contra las Mujeres en Argentina, que fue presentado ante la Relatoría Especial de violencia hacia las mujeres de Naciones Unidas. Allí, nuestro aporte fue la caracterización conceptual de las conductas dañosas en la web y su relevo estadístico en Argentina. Pusimos de manifiesto la inexistencia de estadísticas oficiales sobre violencia digital a nivel nacional -ni aun transcurridos 5 años desde la elaboración de ese informe- y elaboramos estadísticas propias a partir de los casos que recibimos en la Fundación y los que tuvieron trascendencia pública y mediática. Contar con ese relevo nos permite conocer y anticipar las dinámicas que se van dando en torno a la violencia digital y sus particularidades, dar mayor visibilidad a los casos que nos consultan a diario y reafirmar la necesidad de que se haga un estudio serio y profundo formalmente y por parte del Estado.
Actualmente, continuamos trabajando con estadísticas propias a partir de las consultas que recibimos, pero teniendo siempre presente que muchos casos quedan invisibilizados porque las víctimas no se animan a reportar por temor a represalias de los agresores (la revictimización es muy alta en casos de violencia digital) o porque, directamente, sabiendo que no van a obtener una respuesta adecuada ante una denuncia formal, desisten de antemano.
“Del total de consultas recibidas durante el primer semestre de 2022, casi la mitad (un 47%) son por acoso digital y un 30% son por difusión no consentida de material íntimo. Pero debemos tener en cuenta que estas conductas, en muchos casos, se dan de manera simultánea”, comparten.
La violencia digital afecta un cúmulo de derechos específicos (los digitales) y, en sus efectos, tiene la particularidad de permanecer en el tiempo y propagarse en el espacio de manera indeterminada. El abordaje debe ser a través de su reconocimiento específico (y no mediante la asimilación a otros tipos de violencia, como algunos sectores han sostenido), su estudio especializado y teniendo presente que el avance tecnológico va a llevar a la constante evolución de las distintas formas en las que esta violencia se manifiesta. Nuestro desafío es prever esto de manera suficiente y pensar herramientas para dar una respuesta adecuada. En eso continuamos trabajando día a día desde la Fundación.
*Por Peu para La tinta / Imagen de portada: Fundación Activismo Feminista Digital.
