Córdoba, ¿ciudad abierta o ciudad cercada?
Organizaciones y colectivos de la arquitectura, la gestión urbana y el desarrollo territorial se organizan frente a una ordenanza municipal que permitiría la privatización de barrios abiertos, restringiendo el acceso a los bienes públicos que pertenecen al común de la sociedad. Hacia una ciudad aún más fragmentada y desigual.
Por Julieta Pollo para La tinta
Concejales del bloque Hacemos por Córdoba presentaron un proyecto de ordenanza de “regularización para loteos con perímetro controlado”, que permitiría privatizar barrios abiertos. La “regularización” propuesta es nada menos que conceder un marco legal a barrios que han cerrado ilegalmente el acceso a zonas públicas de uso común de toda la sociedad, dando luz verde para transferir suelos públicos a la gestión privada.
Frente a esta situación, organizaciones y colectivos vinculados a la arquitectura, la gestión urbana y el desarrollo territorial enviaron una carta abierta a les concejales, advirtiendo sobre las consecuencias de esta medida: limitar el acceso de bienes públicos urbanos a la gran mayoría de les habitantes, generando una fragmentación aún más profunda en la sociedad cordobesa. “Entendemos que esa ordenanza no debería ser sancionada porque constituye un retroceso y un peligro para la gestión urbana. Esta semana, enviaremos una segunda carta abierta donde, además de nuestra oposición a la ordenanza, formulamos algunas propuestas respecto a dónde, entendemos, debería dirigirse la gestión de la ciudad en materia urbana”, asegura a La tinta Marcelo Corti, arquitecto, urbanista y director de la Maestría en Urbanismo de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNC.
En la carta, explican que, de ser aprobada la ordenanza, las calles, plazas y otros espacios situados en urbanizaciones abiertas, que revisten carácter público y pertenecen al conjunto de la ciudad, pasarían a ser restringidos, de uso exclusivo a les vecines que habitan los loteos en cuestión. Además, obstaculizaría el trazado de calles y el tendido de infraestructura, afectando la continuidad de las redes públicas de servicios y transporte. De igual manera, se vería afectada la continuidad del espacio público general, dificultando aún más el libre desplazamiento de les habitantes en el territorio, y daría pie a situaciones de gestión diferenciada, incrementando la fragmentación urbana y agravando realidades socioeconómicas contrapuestas.
“Este proyecto, promovido y avalado por los mismos representantes políticos de la sociedad, expresaría la incomprensión absoluta por parte de estos de los valores de la ‘ciudad abierta’, legalizando situaciones que, de hecho, se constituyeron al margen de las regulaciones urbanas y legitimando comportamientos sectoriales y voluntades individuales violatorias de la ley que rige para todos, puesto que, detrás del eufemismo de la ‘regularización’, se esconde el otorgamiento de beneficios discrecionales a una porción de los habitantes de la ciudad, cercenando los derechos de una amplia mayoría”, expresan en el documento.
La propuesta del conjunto de colectivos y organizaciones que se oponen a esta ordenanza es, justamente, establecer un plan general de gestión urbana que sea participativo y apunte a recuperar la ciudad abierta. “Córdoba es la segunda ciudad más grande de Argentina y una de las más grandes de América Latina, y no tiene un plan integral de ordenamiento urbano que establezca hacia dónde desarrollar su estrategia de crecimiento urbano”, explica Corti y agrega: ”Nuestra propuesta es conformar un Consejo de Desarrollo Urbano en el ámbito institucional de la Municipalidad que establezca un mecanismo orgánico, institucionalizado, de planificación participativa, que incluya planes, procedimientos y estrategias de participación ciudadana”, sostiene Corti.
—¿Cómo es hoy la gestión urbana de Córdoba?
—Hubo un momento, sobre todo en el retorno a la democracia, en que Córdoba tenía una serie de políticas urbanas de recuperación del espacio público que fueron una referencia muy importante para toda la Argentina. Después vino un periodo donde eso se perdió, pasó a ser una referencia de malas políticas o de no aplicación de políticas. En la actual gestión, hay algunas políticas interesantes, como continuar el boulevard de Chacabuco hacia Maipú o la normativa que intenta consolidar los corredores con mayores infraestructuras en la ciudad. Pero me parece que falta una política integral de desarrollo del suelo urbano. Creo que esta normativa propuesta sería nefasta porque consolidaría un proceso de abandono de ciertos barrios abiertos por barrios cerrados, en vez de buscar soluciones a los problemas que esos barrios presentan hoy. No se trata de que la Municipalidad renuncie a su rol normativo y de gestión, sino de que abra la participación a todos los sectores.
—¿Qué aspectos son esenciales en pos de una gestión urbana más igualitaria para el común de la sociedad?
—Yo creo que lo más esencial es un control del desarrollo urbano por parte del sector público, en este caso, del municipio, y esto no implica negar el desarrollo privado. Tiene que ver con que la Municipalidad sea un desarrollador de ciudad. En América Latina, hay amplias experiencias de desarrollos urbanos generados por el Estado que resultan muy interesantes en ese sentido, a contramano del sentido común que se está construyendo de que todo lo que hace el Estado está mal y que hay que dejarle todo a la acción privada. Hay experiencias de países ultra capitalistas, como Singapur o Corea del Sur, donde hay agencias estatales que producen viviendas y desarrollos urbanos integrales que abarcan acceso a equipamientos y espacios públicos de calidad. Nuestra propuesta es intervenir barrios específicos en la ciudad y promover los espacios públicos, la movilidad y el transporte, e incluso generar programas de seguridad urbana que vayan más allá de lo policial. Cuanta más ocupación real tiene la calle y cuanta más gente hay en los espacios públicos, más cuidado ciudadano existe.
—Las políticas de mejoras urbanas parecieran estar focalizadas en zonas centrales, de mayores ingresos y donde se localizan megaemprendimientos inmobiliarios y comerciales, mientras que las problemáticas estructurales de otros barrios siguen sin soluciones reales, ¿cuál es tu opinión frente a esto?
—Creo que hay que mejorar todos los espacios, tanto donde hay desarrollos privados como los barrios que están más olvidados. Hay una cuestión de justicia territorial, que le decimos, que es muy importante. Uno de los grandes logros de Barcelona es que los mejores espacios públicos, los mejores parques, las mejores playas, se hacían en los barrios más pobres, entonces era como una especie de distribución de riqueza, sobre todo porque los sectores más populares son los que más usan el espacio público, porque menos servicios encuentran en su propia casa. El tema es buscar soluciones que promuevan los espacios públicos: durante mucho tiempo en Córdoba, frente a un hecho como que se electrocute un niño en una plaza mal mantenida, la respuesta era directamente cortar la iluminación en las plazas por la noche. Entonces no son soluciones reales, porque imaginate que si la plaza era un lugar inseguro de noche, sin iluminación, pasa a ser directamente inhabitable.
—Otra de las contracaras de la llamada “puesta en valor” de ciertas zonas es la suba desmedida de los costos de alquiler para las personas que habitan esos espacios, ¿cómo podría regularse esto desde la perspectiva de la planificación urbana integral?
—Un efecto colateral de la calificación del espacio público es que se encarecen los costos de alquiler, pero si tenemos un Estado que regule y que genere desarrollo urbano, existe cierta capacidad de controlar los costos. Una medida interesante, que sería muy impactante en Córdoba o en cualquier ciudad argentina, serían los alquileres sociales: alquiler a precios regulados de viviendas producidas por el Estado o con convenios con el Estado, ubicadas no en las periferias donde el suelo es más barato, sino en las zonas centrales de la ciudad. Son cuestiones donde Córdoba podría ser realmente un ejemplo para Argentina.
El urbanista cuenta que, luego de la primera carta abierta, el colectivo de profesionales fue contactado para comenzar a dialogar sobre una nueva propuesta de gestión urbana. Esta semana, enviarán una nueva carta que sintetiza algunas de sus propuestas que, aseguran, tienden a conservar una ciudad abierta que preserva los espacios públicos que pertenecen al conjunto de la sociedad.
*Por Julieta Pollo para La tinta / Imagen de portada: El Resaltador.
