Siete policías van al banquillo por el asesinato de Isaías Luna
Se elevó a juicio la causa por el asesinato de Isaías Luna, en diciembre de 2020, con siete policías imputados. El hecho puede sentar un precedente importante en el marco de las luchas antirrepresivas, pues significa llevar al banquillo no solo al agente que disparó, sino a todos los efectivos que armaron, manipularon y encubrieron la escena para justificar un caso más de gatillo fácil.
Por Redacción La tinta
El policía Ariel Adavid está acusado de asesinar de un disparo en la cabeza a Isaías Luna, el 18 de diciembre del 2020. Ese día, cuatro jóvenes sin armas, entre ellos, Isaías, ingresaron a una vivienda de barrio Urca, en la ciudad de Córdoba. Los allegados afirman que, cuando un vecino dio aviso a la policía, Adavid llegó y disparó directamente a la cabeza del joven. Desde la fuerza, alegaron que la muerte había sido en el marco de un enfrentamiento armado, pero, desde el primer momento, la familia lo señaló como falso, denunciando que la policía armó una escena para justificar un nuevo caso de gatillo fácil.
Isaías tenía 21 años, un hijo y estaba sin trabajo. Para la familia, la desesperación y las necesidades llevaron al joven a “cometer una locura, pero no tenía antecedentes delictivos”, indicó su papá al momento de su muerte. El arma que le habría plantado la policía estaba en su mano derecha, aunque el joven era zurdo. “En el caso de Isaías Luna, se muestra claramente un accionar repetitivo de cómo actúa la policía. Asesinar, plantar un arma, cubrir y justificar el hecho”, señalan desde el Frente Antirrepresivo en Lucha (F.A.L.).
“A los minutos de ocurrido el hecho, ingresaron a la vivienda el suboficial principal Pedro Benka, el cabo primero Jorge Aguirre, el oficial inspector Jonathan Tabares, que en ese momento cumplía función de Jefe de Compañía del CAP 10, y el sargento Adrián Carranza -detallan desde el F.A.L.-. Al ver lo sucedido, Tabares le dice a Carranza que vaya en el patrullero a buscar un revólver calibre 38 a su casa para plantarlo en la mano de Isaías”. Mientras tanto, habría llegado el oficial principal Sebastián Colella, como Supervisor de Compañía en el CAP 10, y el comisario Fernando Navarro, Superior de Turno del Distrito 10. “Todos se unieron para cubrir al asesino Adavid”, sentencian.
“La planificación del crimen incluyó que un móvil policial sea estacionado de tal forma que las cámaras del lugar no logren captar lo que estaban haciendo”, explican desde el F.A.L. Isaías no murió de manera instantánea, su fallecimiento se debió al balazo policial y a la falta de asistencia inmediata. “No llamar al servicio de emergencia en tiempo y forma también formó parte del plan de los uniformados, la ambulancia no podía llegar antes que el arma que se iba a plantar”, continúan.
Elevación a juicio
La elevación a juicio y la condena a los responsables del asesinato puede marcar un antecedente importante en las continuas denuncias por el abuso de la policía. Significa dejar en evidencia los mecanismos del accionar policial y, principalmente, aquellos que justifican su violencia.
Hoy, van a juicio Adavid, como responsable del asesinato de Isaías, y el resto de los efectivos por encubrimiento agravado y falso testimonio. Para que esto suceda, familiares, amigues y organizaciones populares fueron reconstruyendo el caso y, movilización mediante, lograron que la causa sea escuchada. “La elevación a juicio nos sorprende porque es abismal la impunidad que ha tenido la fuerza policial a la hora de gatillar, sobre todo, en casos donde la víctima del homicidio era un joven que estaba cometiendo un robo o escapando de la policía con antecedentes -afirma Victoria Sciloff, abogada querellante-. Cuando la víctima no es un pibe ‘delincuente’, era más fácil que la causa se elevara a juicio y se lograra algo, que no era la panacea de la justicia, pero era un poco más accesible. Eso ha ido cambiando”.
Este cambio, sostiene la abogada, es producto de la organización social y antirrepresiva que se viene llevando a cabo en Córdoba. “Los primeros casos se caratulaban como legítima defensa porque el joven estaba en el marco de un ilícito, entonces, o tenía un arma y no se analizaban los pormenores del hecho, o directamente se caratulaba desde la hipótesis policial y a su beneficio, sin investigar nada. Era siempre ‘legítima defensa’ y la mayoría de las causas terminaban cerradas, que corresponden a las familias que hace 8 años empezaron a marchar en contra del gatillo fácil”, sigue Sciloff.
El argumento de la “legítima defensa” hoy puede comenzar a revisarse, a ponerse en cuestión. “Hace falta discutir qué hace la policía y quién la controla, hay que generar algo nuevo en el espectro judicial. No puede ser que los mismos comisionados que averiguan los hechos, que desgraban conversaciones, que hacen las capturas de los teléfonos o que van a la escena del crimen y llenan las actas sean los mismos que se encargan de las tareas de investigación de una fiscalía; cuando se investiga a la misma fuerza, eso se tiene que rever. Hay que crear un ente autónomo para investigar estos casos de abuso policial primero y, luego, reforzar la preparación en derechos humanos”.
Junto a los cambios institucionales, es necesario un cambio en la mirada y condena social: “Si hay una presión social que dice ‘maten a los delincuentes’ y hay una Justicia que no condena estos actos, va a seguir pasando porque se entiende que están bien, que es un acto heroico de justicia. Es necesario discutir esto en los medios, en la sociedad y en la fuerza policial”, concluye la abogada.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: A/D.
