Indignación por el caso Romo en La Falda: «Basta de impunidad en el Valle de Punilla»
La Justicia ordenó, este jueves por la tarde, la detención de seis efectivos de la Policía de Córdoba por la muerte de Jonathan Romo, en la localidad cordobesa de La Falda. Cuatro de ellos fueron imputados por homicidio, en tanto que otros dos son acusados de encubrimiento.
El hombre de 35 años falleció el pasado domingo en una comisaría de la ciudad, luego de ser arrestado supuestamente por protagonizar desmanes en una calle.
Mientras que el parte oficial de la Policía indicó que, luego de ser trasladado a la comisaría local, el hombre se descompensó y murió, para la familia, Jonathan muere durante la detención. La autopsia, incluso, determinó que perdió la vida como consecuencia de una “asfixia mecánica”, al tratarse de una “muerte violenta” generada por “terceros”. El fiscal Raúl Ramírez señaló, además, que en la necropsia se constataron “múltiples lesiones, escoriaciones, equimosis y otros elementos de lesiones internas”.
El abogado de la familia Romo, Luis Galli, expresó que el joven fallecido ya había vivido una situación parecida en diciembre pasado, cuando debió ser hospitalizado. «La causa sigue en investigación, pero hemos instaurado que aquí no hubo una buena praxis policial ni se usó ningún protocolo (…) No se lo dejó respirar, encima de que se encontraba en medio de una crisis psicótica», reclamó el letrado, quien agregó que, en diciembre del año pasado, Romo sufrió un hecho similar, cuando «fue esposado por cinco policías que lo tiraron al piso, le pegaron y le perforaron un riñón».
Tras el fallecimiento del hombre, y al iniciarse una investigación por el hecho, desplazaron de sus funciones al director de la Jefatura Departamental Punilla Norte, comisario inspector Diego Alejandro Bracamonte; y pasaron a retiro al director General de Recursos Humanos, Formación Profesional y Entrenamiento Policial, comisario general Julio César Faría; y al director de Entrenamiento Profesional Permanente, comisario inspector Marcos Germán Manrique.
En las últimas horas del jueves, el propio gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, pidió en redes sociales que “se investigue hasta las últimas consecuencias”.
Cuatro policías asesinaron (estrangularon?) a un joven en La Falda y otros dos agentes los encubrieron, según las imputaciones y detenciones que ordenó el fiscal Raúl Ramírez. Gravísimo. https://t.co/wQTLV527En pic.twitter.com/SJa10VmiDH
— Andrés Ferreyra (@andyferreyra) July 14, 2022
La maldita Policía de Punilla
Desde el Movimiento Plurinacional Disidente y Feminista de Capilla del Monte, se hicieron eco de la noticia y pusieron en duda no solo a la institución policial, sino también a la Justicia de la región.
«El comunicado del mismo Tribunal de Conducta sostiene que el desplazamiento de los policías se dispone ‘a los fines de contribuir con la transparencia y el total esclarecimiento de los hechos, sin interferencias de ninguna naturaleza’. Nos cuesta pensar en transparencia y esclarecimiento después de haber presenciado la falta de investigación en los casos de Jorge Reyna (causa archivada), Mariela Natalí y Cecilia Basaldúa», sostuvieron en un comunicado.
Jorge Reyna se “suicida” en la comisaría de Capilla del Monte en el año 2013. Un menor de 17 años que, de acuerdo a la investigación de la Fiscalía de Cosquín, decide quitarse la vida en una comisaría. No hay explicación de por qué en su cuerpo había huellas de golpes y tortura. Al año siguiente, la comisaría fue remodelada. No existe más la ventana donde lo encontraron colgado ni las rejas ni la celda. No hay más escena del crimen que las fotos de la Policía Judicial.
En el mes de febrero del año 2020, Mariela Natalí aparece ahogada en la zona del dique Los Alazanes de Capilla del Monte, en una superficie muy baja de agua.
Cecilia Basaldúa aparece asesinada el 25 de abril de 2020, después de veinte días de su desaparición en una zona rural. El 5 de marzo de 2021, la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, eleva la causa a juicio por el femicidio a Lucas Bustos, un joven peón rural, que queda en libertad el 1 de julio de 2022, porque fue imposible comprobar su participación en el crimen. El único indicio que manejó la fiscalía fue la supuesta confesión que había realizado Bustos en la dependencia policial de Capilla del Monte, de la cual no hay ningún acta labrada al respecto. En efecto, Lucas estuvo más de dos años preso en la cárcel de Cruz del Eje, sin pruebas en su contra.
Como en la causa de Jorge Reyna, la fiscalía pidió una autopsia psicológica de Cecilia, es decir, indagar en el entorno y en la víctima, y terminar responsabilizándola de su propio destino.
«Hablar de ‘transparencia y esclarecimiento’ suena a burla: ninguno de los casos mencionados fue aclarado. Todos tienen un actor en común: la Policía de Capilla del Monte y un garante de lo actuado por esa institución: la fiscalía de Cosquín.
Como bien señalan desde el colectivo feminista, entre los efectivos separados ahora por el caso Romo, se encuentra el Crio. Insp. Diego Alejandro Bracamonte, quien hasta hace unos meses «se vanagloriaba de haber encontrado al femicida de Cecilia, certificando la confesión arrancada a Lucas Bustos, de la cual no existe ningún acta firmada por el acusado y solo existe el relato del personal policial».
«Mencionamos solo tres casos que sucedieron en Capilla del Monte. Pero sabemos de la falta de capacitación en Ley Micaela y de las innumerables situaciones de revictimización que viven mujeres, disidencias y niñeces a la hora de hacer una denuncia por violencias, que son cuestionadas o desestimadas por el personal policial. Esta forma de operar de la policía implica que, en muchos casos, la persona no realice la denuncia o esta no llegue a la fiscalía, aumentando y perpetuando las complicidad de agresores, violentos y abusadores», sostuvieron.
Y concluyeron: «Frente a esa situación, existe un Estado local indiferente a la trama de violencias que se expande por nuestra localidad. El destrato a los familiares de las víctimas, la falta de información hacia la comunidad o el omitir directamente una problemática tan grave y estructural es parte de la impunidad del poder político local que debe asumir una responsabilidad ante esta problemática. Sin embargo, prefieren seguir vendiendo la fachada del pueblo de la energía y los ovnis, mientras por debajo opera una red de delitos y violencias que se cobijan con la propaganda del folleto turístico. Toda una región que depende de la fiscalía de Cosquín y de uno de los auxiliares de la Justicia: la Policía de Córdoba. Nos preguntamos si servirá la separación de un Comisario, si existe la posibilidad de llevar a juicio político a una fiscal. Si cuestionar la administración de justicia desde las calles, como venimos haciéndolo, nos dará la posibilidad de sentirnos más segurxs y más protegidxs».
*Por Redacción La tinta.
