Autovía de Punilla: las máquinas avanzan, el conflicto crece
La construcción de la cuestionada traza inició oficialmente y a toda velocidad. En los últimos días, obradores y perforaciones de tres constructoras ya comenzaron a verse en diferentes puntos del valle. Una obra que inicia con un acampe reprimido ilegalmente, un amparo en la Justicia, un escándalo que involucra al CAF, su principal fuente de financiación, y al propio rector de la UNC, así como innumerables alertas de daño socioambiental.
Por Lucía Maina Waisman para La tinta
Después de años de resistencias y cuestionamientos, el conflicto socioambiental por la construcción de la autovía de Punilla llegó, en el último mes, a un punto de inflexión: el inicio de la construcción se volvió un anuncio oficial y una realidad que avanza a toda velocidad en el tramo que unirá la Variante Costa Azul, en la comuna de San Roque, con Molinari, cerca de Cosquín. Las empresas contratistas a cargo de la obra, José Chediack, Benito Roggio y SACDE, comenzaron casi en simultáneo a trabajar en los últimos días, en medio de un contexto de creciente conflictividad social y política.
Al primer obrador instalado por la empresa SACDE en la zona de Molinari en mayo pasado, en medio de un acampe que fue reprimido ilegalmente, se sumó, en los últimos días, un nuevo obrador de Roggio en Santa María y maquinaria de la firma Chediack comenzó a trabajar en el lecho del lago San Roque, donde también intervinieron las fuerzas policiales ante la presencia de vecines. Estos frentes de trabajo simultáneos pretenden construir los primeros 21,8 kilómetros de la autovía con la proyección, tal como señalaron desde Caminos de las Sierras, de inaugurar la nueva traza en mayo de 2023, justo antes de las elecciones provinciales.
El costo de esta obra para la sociedad cordobesa asciende a 100 millones de dólares, de los cuales, el 75 por ciento es financiado por un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el resto por el Estado provincial. El proyecto tiene previsto, además, en una segunda etapa, llegar hasta La Cumbre.
La velocidad de las obras, la lentitud de la Justicia
La cronología de los últimos días evidencia la resistencia que desata el avance de la autovía, a raíz de los diversos daños socioambientales que provocaría en la región. En el primer obrador instalado por la empresa SACDE, vecines y asambleas de Punilla realizaron un acampe en mayo pasado para evitar la construcción y fueron reprimides de madrugada por la policía e Infantería de la Provincia sin una orden de desalojo.
Días después, la empresa Chediack, que tiene a su cargo la construcción del nuevo puente sobre el lago San Roque, de casi 600 metros de largo, comenzó a trabajar. Así fue como el pasado 10 de junio, cuando las máquinas avanzaban sobre el lecho del lago, vecines y defensores ambientales se presentaron en el lugar para denunciar las irregularidades de la obra y exigir, una vez más, que se aplique el principio precautorio que garantizan las leyes ambientales. Una vez más, fueron echades por las fuerzas policiales.
En paralelo, en las diferentes localidades de Punilla, se están realizando por estos días manifestaciones, charlas, conferencias, ferias, caminatas por las reservas afectadas y otras actividades en rechazo a la nueva ruta y sus consecuencias sobre el territorio. El panorama muestra hasta qué punto el gobierno provincial busca avanzar a toda velocidad y a toda costa con la autovía en medio de la conflictividad, y con la expectativa puesta en inaugurarla antes de las elecciones provinciales de 2023, que serán claves para el oficialismo de Unión por Córdoba.
Mientras tanto, las asambleas y vecines siguen esperando una respuesta de la Justicia al recurso de amparo presentado para que se frene el proyecto, el cual debe ser resuelto por la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación de Córdoba. Recientemente, denunciaron, además, una nueva irregularidad: que el proyecto aprobado sufrió modificaciones que invalidan la autorización otorgada a la obra. «En un escrito presentado a la Justicia, la Secretaría de Ambiente admite que hubo un cambio de traza en el proyecto de autovía, lo cual inmediatamente implica la caducidad de la licencia ambiental», expresaron en un comunicado las Asambleas de Punilla en referencia a documentación presentada el 25 de mayo pasado en la causa.
El escándalo en la UNC
La semana pasada, el conflicto también se hizo presente en un escándalo ocurrido en la UNC: en el «Foro educativo: competencias para una ciudadanía global», organizado conjuntamente con la CAF, defensores ambientales denunciaron las irregularidades y consecuencias de la obra que esa entidad financia. La respuesta difamatoria que recibieron del rector Hugo Juri, que les respondió que «dejen de cobrar de bancos suizos» vinculados al nazismo y mandó a les vecines a plantar «árboles nativos en sus jardines», desató un sinnúmero de repudios de la comunidad universitaria y la sociedad en general.
«Las personas agraviadas son defensores de derechos humanos en asuntos ambientales (Acuerdo de Escazú, 2018) que se hicieron presentes para denunciar la vinculación de la Corporación Andina de Fomento (CAF) —actualmente nominado como Banco de Desarrollo de América Latina—, co-organizadora del evento, en la financiación de autovías en Córdoba. Denunciaron que dicho financiamiento fue otorgado previamente a la realización de la audiencia pública correspondiente y la CAF, al hacerlo, no tuvo en cuenta sus propias salvaguardas ambientales”, expresa un pronunciamiento impulsado por docentes e investigadores de la UNC ante este hecho, que ya cuenta con alrededor de 200 adhesiones.
El documento agrega: “El avance en la construcción de estas obras viales está destruyendo el bosque nativo en zonas rojas (de máxima protección ambiental según la Ley 9.814), afectando, además, cuencas hídricas y sitios sagrados de comunidades indígenas; se avanzó en contra de la voluntad popular mayoritaria expresada en las audiencias públicas y sin haber cumplido con la debida consulta libre, previa e informada a las comunidades afectadas (Convenio 169 de la OIT)”.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Córdoba (APDH) también repudió los dichos del rector y exigió a la CAF que “retire la financiación a la autovía de ruta 38 que atropella los ecosistemas cordobeses”. “CAF financia la destructiva obra de la nueva autovía de ruta 38 en Punilla y se involucra como banca de desarrollo, porque la autovía es parte del corredor bioceánico Porto Alegre-Coquimbo, pensado para el tránsito de comodities y no para el bienestar de las poblaciones; de hecho, en su recorrido por Punilla, este corredor terminará destruyendo un área ecológicamente vulnerable de la cuenca del río Suquía y del lago San Roque que provee agua para consumo a la ciudad de Córdoba, hoy eutrofizado y generando contaminación del agua potable con microcistinas”, señalaron desde la APDH.
Los daños socioambientales
Más allá de los episodios de los últimos días, hace tiempo que se hacen escuchar los cuestionamientos y resistencias al proyecto. En la misma audiencia pública virtual realizada un año atrás, alrededor de un 90% de quienes participaron expresaron el rechazo mayoritario de la comunidad. Mientras tanto, un sinfín de comunicados, declaraciones así como entrevistas e investigaciones de especialistas alertan acerca del daño socioambiental de la autovía.
Estos daños incluyen, en primer lugar, el desmonte, ya que el trazado de la ruta afectará cerca del 30 por ciento de bosque de zona roja de máxima conservación y otro porcentaje alto en zona amarilla. La autovía también atraviesa reservas naturales provinciales y municipales, creadas justamente para la conservación de esos territorios y ecosistemas, e impactará en las cuencas hídricas, por ejemplo, en la parte baja del río Yuspe que termina en el río Cosquín. Especialistas también denuncian que se intervendrán sitios arqueológicos y barrios habitados por descendientes de pueblos originarios.
A todo esto, se suma, como señalaba días atrás en Canal U el biólogo e investigador de CONICET, Marcelo Cabido, que el proyecto abre la puerta a futuros desarrollos inmobiliarios, ya que el avance de los mismos y de especies invasoras está muy vinculado al trazado de nuevas vías. “El problema es complejo. Deberíamos buscar alternativas, pero no un trazado liso y llano que va a producir un impacto notable”, expresó el investigador e hizo hincapié en que el análisis de este tipo de obra debe hacerse partiendo del contexto actual de la provincia, “donde la cobertura de bosques naturales y seminaturales es crítica; prácticamente, han desaparecido”.
*Por Lucía Maina Waisman para La tinta / Imagen de portada: Asambleas de Punilla.
